Debido
a que en sólo dos años aumentó 255.8 por ciento el número de reportes
de mujeres adolescentes desaparecidas en México, grupos civiles
recolectan firmas en la plataforma virtual Change.org para que el
Congreso de la Unión defina medidas específicas y con visión de género
para la infancia, en la nueva legislación sobre personas desaparecidas.
La petición, que empezó a circular esta semana, fue difundida por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que criticó que la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que envió el Ejecutivo federal el pasado 11 de diciembre al Senado, no reconoce como víctimas a niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones civiles por los derechos de la infancia y que respaldan esta petición argumentaron que se requieren medidas específicas de protección, pues 30 por ciento de las desapariciones en el país corresponden a personas menores de 18 años de edad.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), entre 2006 y 2014 se reportaron 22 mil 374 personas desaparecidas, de las que 6 mil 725 tienen entre 0 y 17 años de edad.
No obstante, el grupo de personas adolescentes desaparecidas está conformado por 2 mil 506, de las que 65 por ciento –que equivale a mil 629– son mujeres.
Para la Redim resulta “alarmante” que tan sólo de 2012 a 2014 el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas haya aumentado en 255.8 por ciento, ya que –según el RNPED– la cifra pasó de 172 en el primer año a 612 en el segundo.
SE DESOYE RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL
Los grupos civiles firmantes recordaron que los comités contra la Desaparición Forzada y de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hicieron en julio de 2015 recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano, para incorporar el enfoque de infancia y género en la próxima legislación sobre personas desaparecidas.
En su Informe Final, el Comité de los Derechos del Niño –sobre cómo acata el Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño de la ONU– se dijo “seriamente preocupado” por el alto número de desapariciones de niñas y niños, “especialmente de niñas mayores de 10 años”.
Por eso recomendó “aprobar de manera expedita la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, y asegurar que ésta sea tipificada tanto a nivel federal como estatal (…). Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar la desaparición de niñas y niños, particularmente las de niñas”.
Y –agregó el comité en otro inciso– “recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidio y desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y padres que han sido asesinados o desaparecidos, y del número de hijas e hijos que han dejado”.
El organismo de la ONU también recomendó implementar medidas concretas para detener el feminicidio de niñas y adolescentes, y procurar reformas legales para castigar la violencia sexual y permitir el aborto en caso de violación, o cuando estuviera en riesgo la salud de la menor de edad.
Con base en esos señalamientos internacionales, las organizaciones civiles pidieron vía Change.org al Senado y la Cámara de Diputados que incorporen un capítulo específico sobre la desaparición de la niñez y la adolescencia, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.
Además, exigieron establecer como un agravante del delito si niñas, niños y adolescentes son víctimas de desaparición, y crear un Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Desaparecidas, con información desagregada por edad, sexo, origen étnico, entre otras características.
Igualmente pidieron la creación de un protocolo especial de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, que integre los mecanismos necesarios para agilizar los procesos de procuración de justicia, ya que –observaron las y los activistas– actualmente la Alerta Amber no es suficiente para recuperar a la mayoría de las víctimas.
A su vez exigieron desarrollar programas especiales de acompañamiento social, que consideren las particularidades de cada caso, y permitan la reparación del daño y la inclusión social de las víctimas y sus familias.
También urgieron a que se garantice la restitución del derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad a las familias de las personas desaparecidas, para que niñas, niños y adolescentes afectadas por esta problemática no tengan que realizar actividades económicas para suplir el rol de su familiar desaparecido en el sustento del hogar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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