Guadalupe Murguía, presidenta de la comisión de Ayotzinapa. Foto: Benjamin Flores
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De manera inopinada, y pese a que el 5
de octubre pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accedió
a que los diputados federales de la Comisión Especial de Ayotzinapa
hablaran con los miembros del 27 Batallón de Infantería, eso no será
posible pues en San Lázaro los legisladores del PRI y el PVEM, así como
los del Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza (Panal),
dijeron que no estaba a discusión la visita al cuartel de Iguala.
Las bancadas de la oposición buscan echar abajo el acuerdo promovido
por el PVEM. Sus diputados buscan también que los padres de los 43
normalistas desaparecidos, así como los familiares de Julio César
Mondragón Fontes, el estudiante de Ayotzinapa que apareció desollado la
mañana del 27 de septiembre de 2014, suban a la máxima tribuna de San
Lázaro.
Aquel 5 de octubre el general Salvador Cienfuegos, titular de la
Sedena, dijo que sus elementos no hablarían con extranjeros –en alusión a
los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes–, sino sólo con mexicanos.
Los diputados le tomaron la palabra y en ese momento le pidieron
autorizar un encuentro con los miembros del 27 Batallón de Infantería.
Él aceptó.
En esa reunión, el general José Carlos Beltrán Benítez, director de
Derechos Humanos de la dependencia, impuso condiciones. Dijo que cada
militar estaría acompañado de un mando mayor para que no se violentaran
sus derechos humanos.
Los tres meses siguientes, representantes del gobierno federal, la
Sedena y los legisladores discutieron cómo sería el encuentro. Las
diputadas Araceli Damián, del Movimiento de Regeneración Nacional;
Víctor Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Cristina Gaytán, de PRD,
y la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista
Guadalupe Murguía Gutiérrez, redactaron un primer documento que cubría
las exigencias del Ejército.
El 12 de noviembre el general Roble Arturo Granados Gallardo, jefe
del Estado Mayor de la Defensa, le mandó decir a los diputados que antes
del encuentro debían definirse cuatro aspectos: objeto, alcance
jurídico, formato y procedimiento.
El día 20 de ese mes llegó a San Lázaro un documento firmado por el
subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación,
Felipe Solís Acero, en el que incluía las observaciones de Granados
Gallardo.
Los diputados redactaron una propuesta de tres cuartillas en la cual solicitaron entrevistas con:
“a. El general de división Alejandro Saavedra Hernández, excomandante
de la 35 Zona Militar, quien tenía bajo su mando el 27 Batallón de
Infantería el día del ataque a los normalistas”. (Saavedra fue elevado a
rango de general de división por el presidente Enrique Peña Nieto un
mes después de los acontecimientos y actualmente es el coordinador de la
estrategia de seguridad en Guerrero).
“b. Coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, comandante regional
del 27 Batallón de Infantería y 41 Batallón de Infantería, quien
contactó al jefe de la Policía Municipal Francisco Flores para
informarle del ataque a estudiantes. Asimismo, fue él quien señaló que
las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de
seguridad para los detenidos.
“c. Capitán José Martínez Crespo, quien estuvo a cargo de la patrulla
que salió del 27 Batallón de Infantería la noche del ataque, la cual
encontró a los estudiantes en la clínica hospital Cristina.
“d. Elementos que integraron la patrulla del 27 Batallón de
Infantería la noche del 26 de septiembre, cuando ocurrió el ataque, para
que expliquen lo sucedido a partir de que ellos tuvieron contacto con
los estudiantes normalistas en la clínica hospital Cristina.
“e. Agente de inteligencia militar quien presenció el ataque a
estudiantes (del camión) 1531 y tomó fotografías, así como al que
presenció el ataque a los estudiantes (del camión) 1568.”
Los legisladores pidieron también que se autorizara la presencia de
dos miembros del GIEI “sin derecho a voz pero sí pudiendo interactuar en
términos de asesoría (legal)”.
Todo iba bien. Pero el 15 de enero pasado, por medio de su asesor
Miguel Ángel Barriga Vallejo, el diputado del PRI en la Comisión, Víctor
Manuel Silva Tejeda, envió a la Presidencia una serie de observaciones
al documento de los diputados sobre el “objeto, alcance jurídico,
formato y procedimiento”.
En su escrito aclaró que no se trataba de una “presentación” de los
miembros del Ejército, sino un “encuentro” para que, decía, manifiesten
qué actividades realizaron el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El PRI pidió también que, dada la secrecía de la reunión, “no deberán
asistir los integrantes del GIEI ni asesores de diputados…”
El documento proponía también que, luego de que hablaran los mandos
militares y la tropa, hubiera una ronda de preguntas de cinco minutos
por grupo parlamentario. El priista Silva Tejeda lo objetó, proponiendo
que se presentaran las preguntas al personal militar en “bloque” y sin
réplica. Asimismo, planteó que el documento final “deberá ser validado
en reunión de la comisión para su eventual envío a la Sedena”, pero esto
no ocurrió.
El miércoles 3, cuando estaba a punto de aprobarse el formato, llegó a
la sesión el diputado Arturo Álvarez Agli, del PVEM; exigió que el
encuentro fuera privado, sin transmisión en el Canal del Congreso, y
demandó desechar el encuentro.
“Debemos votar sobre la pertinencia de buscar de nueva cuenta una
reunión personal con personal del Ejército, toda vez que desde mi
consideración es que la información que se requiere puede ser solicitada
por escrito, toda vez ya tuvimos la reunión con el Ejército”, dijo.
El priista Silva Tejada secundó al guerrerense Álvarez Agli. Luego
irrumpieron en la sesión María Eugenia Ocampo, del Panal, y José Alfredo
Ferreiro, del PES, quienes casi nunca asisten a estas reuniones, y
apoyaron la propuesta del PVEM.
Araceli Damián, de Morena, y Cristina Gaytán, del PRD, abandonaran la
sesión “para no convalidar el atropello legislativo”. Al final, los
representantes del PVEM, Panal, PES y PRI votaron por no ir al
encuentro, mientras que la panista Guadalupe Murguía votó en contra. La
próxima semana los diputados impugnarán la votación, pues consideran que
el encuentro no está a discusión, sino sólo su formato.
Una tribuna para la denuncia
En los últimos 16 meses, los padres de los normalistas se han
entrevistado con el presidente Enrique Peña Nieto, con Jesús Murillo
Karam cuando estuvo al frente de la PGR, y con su sucesora Arely Gómez,
con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y con autoridades de Guerrero. Ningún funcionario les ha dado
certezas sobre el paradero de sus hijos.
Recientemente entregaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Y ahora intentan ocupar la tribuna de San Lázaro, comenta la
diputada Araceli Damián. Sólo falta que la Junta de Coordinación
Política –donde están representadas todas las fracciones– acuerde el
día.
El 2 de enero, los padres de los normalistas entregaron una carta a
la panista Murguía Gutiérrez en la que decían: “Deseamos acudir ante el
pleno de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión a manifestar
nuestras demandas y solicitudes, mismas que se han expuesto ante el
Ejecutivo federal pero a las que debe dar causa también el Poder
Legislativo del Estado mexicano”.
Nueve días después, en una segunda carta, los familiares de Julio
César Mondragón Fontes, el estudiante que apareció desollado el 27 de
septiembre, se sumó a la petición. El día 19, Murguía Gutiérrez recibió
una tercera misiva en la que los padres de 22 normalistas desaparecidos
reiteraban la solicitud de “comparecer ante el pleno”. El martes 26
llegó la cuarta, firmada por los familiares de Mondragón Fontes, en la
que pedían espacio para “buscar mecanismos para intercambiar y
complementar la información con que contamos y logremos coordinar
esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
El emecista Sánchez Orozco, integrante de la Comisión Especial de
Ayotzinapa, advierte que la presencia de los padres de los 43
estudiantes desaparecidos debe ser una “llamada de atención para el
Estado y las instituciones”.
Según él, se debe escuchar la voz de estos padres que de alguna forma
estarán representando a los miles de desaparecidos, a las otras
víctimas. Su presencia en San Lázaro “debe mover la conciencia de esta
República para que haya justicia y se evite la impunidad. Está pasando
el tiempo y no hay una respuesta del Estado mexicano para llevar a la
justicia a quienes incurren en las desapariciones forzadas”.
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