Falta de reglas en distribución causa retrasos y poca transparencia
Luego
de seis meses de espera, protestas, presión de organizaciones civiles y
discusiones sobre si el subsidio federal debía continuar para los
Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus Centros de Atención
Externa (CAER), este día, el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (CNEGySR) liberó los recursos para estos espacios.
De acuerdo con información de la Red Nacional de Refugios (RNR) son
45 refugios y 24 CAER los que fueron aprobados para recibir el fondo de
346 millones 482 mil 708 pesos por medio de la administración del
CNEGySR.
Los fondos que se invierten para que mujeres y sus hijos e hijas se
salvaguarden en casas refugio, comenzaron a entregarse este jueves.
Cabe recordar que al inicio de su administración, el presidente
Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar de entregar recursos públicos a
las organizaciones de la sociedad civil, lo que puso en riesgo el
financiamiento que reciben los Refugios pues varios de ellos son
operados por éstas.
Los últimos datos recolectados en 2015 por Fundar, Centro de Análisis
e Investigación AC, señalan que hasta entonces operaban en el país 72
refugios: 34 pertenecen a organizaciones civiles, cuatro a instituciones
de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. En tanto, la
información que dio a conocer el equipo de López Obrador es de 70
refugios, de los cuales, según ellos, sólo 20 tienen las condiciones
para operar.
Aunque la presión de la sociedad civil y feministas
fue clave para continuar con el apoyo económico a estos espacios que
previenen casos de feminicidio, la falta de transparencia y reglas
claras en el proceso de entrega de los recursos, los ha colocado en
riesgo de no continuar recibiendo financiamiento federal para los
próximos años.
Desde 2004, el CNEGySR es el responsable de emitir la convocatoria
pública para canalizar los recursos federales a los Refugios, pero no se
ha logrado garantizar la entrega oportuna y transparente de los fondos.
LUCHA POR RECURSOS
Los Refugios para mujeres víctimas de violencia surgieron en la
década de los 90 frente a la necesidad de atender la violencia contra
las mujeres en el ámbito familiar, la iniciativa fue de organizaciones
civiles de mujeres ante la falta de un Estado que mirara y atendiera el
problema.
Fue en 2004 cuando la Secretaría de Salud definió seis grandes
programas en el CNEGySR, entre ellos el de “Prevención y Atención de la
Violencia”, que contempló subsidiar a los Refugios especializados en la
atención de mujeres víctimas de violencia extrema pertenecientes a la
sociedad civil e instancias gubernamentales, pero no tenía recursos, por
lo que éstos se tomaron del Programa para la prevención, detección y
atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama, que también
coordina el Centro.
En 2007 con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mandata al Estado asegurar
recursos etiquetados para su funcionamiento.
En 2014, se contemplaron 350 millones de pesos para la operación de
los Refugios y CAER, pero el CNEGySR regresó 100 mdp bajo el argumento
de que los refugios tuvieron “imposibilidad administrativa, legal y
económica para cumplir con las disposiciones fiscales administrativas y
por lo tanto se vieron en la imposibilidad de participar en la
convocatoria”.
En ese momento se documentó que diversos montos solicitados por las
organizaciones civiles e instancias públicas no se autorizaron,
quedándose sin cubrir las necesidades de las víctimas que potencialmente
pueden ser asesinadas.
Ante la falta de reglas claras sobre el proceso de los recursos, en
2015 la Cámara de Diputados definió en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) la partida presupuestal “43401 Convocatoria Asignación
de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres,
sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros
de Atención Externa”.
A pesar de la asignación, continuó sin haber reglas claras y
transparentes en las distintas fases y procesos de la convocatoria
dirigida a los Refugios, por lo menos así lo determinó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) en la evaluación de la gestión
financiera hecha al Centro Nacional de Equidad de Género en 2015.
En el análisis de la Cuenta Pública 2015 la ASF destacó que el
CNEGySR no contaba con criterios específicos para demostrar que las
personas funcionarias públicas que participaban en el proceso de
evaluación de los proyectos de financiamiento para los Refugios, tenían
la experiencia y conocimientos requeridos, así como la objetividad,
transparencia e imparcialidad.
En su informe, la Auditoría también consideró que era necesario
incluir mecanismos que permitieran garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos económicos
otorgados, tanto en los casos de Refugios que ya habían presentado
proyectos como en los que participaban por primera vez en la
convocatoria, pues encontró que dos instancias gubernamentales
con comprobantes fiscales cancelados fueron indebidamente
consideradas como procedentes para recibir recursos por parte del
CNEGySR, así como otros gastos de organizaciones civiles que no contaban
con la documentación comprobatoria que cumpliera con los requisitos
fiscales.
A pesar de estas observaciones, las irregularidades continuaron. En
2016, de los más de 286 millones de pesos que recibió el CNEGySR para
los Refugios, sólo aplicó 274 millones, no obstante, la Cámara de
Diputados nunca lo llamó a rendir cuentas.
SIN CERTEZA
Este 2019 la Cámara de Diputados dispuso en el PEF más de 346
millones de pesos para los Refugios. Las legisladoras de la Comisión de
Igualdad de Género han asegurado a organizaciones civiles que el Estado
vigilará el funcionamiento de los Refugios y el ejercicio de los
recursos.
En diversos pronunciamientos, las integrantes de distintos Refugios
de la RNR, han propuesto a la nueva administración generar mecanismos
más eficientes para la gestión y transparencia de estos recursos, sin
embargo, el gobierno ha manifestado su intención de generar un nuevo
modelo de atención y la posibilidad de que sea el Estado quien los rija
con el fin de evitar intermediarios y falta de transparencia.
CIMACFoto: Samantha Bushman
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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