Carlos Martínez García
La Jornada
De nueva cuenta se nos
presenta la encrucijada: el ánimo renovador puede fortalecer la creación
de ciudadanía. ¿Lo hará? El contundente triunfo electoral de Andrés
Manuel López Obrador evidenció, entre muchos otros flagelos, el hartazgo
del electorado con un régimen profundamente corrupto e incapaz de
mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los históricamente
marginados del desarrollo nacional.
Con la estrepitosa derrota del llamado nuevo PRI, que resultó
igualmente o más depredador que su antecesor, emergió un renovado estado
de ánimo porque se abría la posibilidad de que la nueva administración
gubernamental fuese aliada de la ciudadanía y no su mayor obstáculo. No
se trataba solamente de cambio de gobierno sino –y de ahí la esperanza
de quienes sufragamos en favor de la nueva propuesta– de transformar el
régimen para que el Estado cumpliera sus funciones cimentando un piso
común mediante el cumplimiento del orden legal.
Las distintas luchas emancipatorias del país, comenzando por la
Independencia, han sido posibilidades de organizar de manera distinta al
gobierno, la economía, nuevas formas de representación popular y forja
de cierto perfil ciudadano con resultados desiguales. No siempre los
anhelos profundos por construir una nueva sociedad han alcanzado dicho
objetivo, en gran medida porque las nuevas élites mediatizaron o
interrumpieron la implementación de políticas tendientes a democratizar
transversalmente a la sociedad.
Particularmente durante la lid dada por Juárez y la generación que le
acompañó por descolonizar al país, así como en el breve periodo del
maderismo triunfante, se vivieron en el país momentos democratizantes
que intentaron construir un nuevo Estado y su consecuente resultado en
la sociedad civil. Hubo otros momentos como los mencionados; sin
embargo, la tentación corporativista y clientelar terminó por secuestrar
la sedimentación de una cultura democrática.
La insurrección electoral que dio un triunfo demoledor a AMLO abrió
la puerta para sentar nuevas bases del Estado y el aparato
gubernamental. Además la ominosa herencia incluyó un severo deterioro
del tejido social, vulnerado por la pedagogía cotidiana del poder
ejercido como repartidor de prebendas en favor de su círculo cercano. La
depredación desde el gobierno que supuestamente cambiaría con la
derrota del PRI en 2000 no cesó, sino que tuvo continuadores en las
administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. El nuevo PRI de Peña
Nieto, es bien sabido, cavó su propia tumba con profundas paladas.
En buena medida AMLO es resultado de las luchas de la sociedad civil
organizada, sociedad que fue acrecentándose en el país al enfrentar en
diversos frentes al autoritarismo y clientelismo gubernamental. Las
reivindicaciones levantadas por la ciudadanía aglutinada en grupos de
interés conformaron corrientes que alimentaron el río que se desbordó el
1º de julio de 2018, y fue de tal magnitud el desmadre (es decir, las
aguas se salieron de madre, del cauce) que la clase política tradicional
todavía no puede recuperarse del arrastre.
¿La reconstrucción del Estado que se propone AMLO conlleva el
fortalecimiento del perfil democrático ciudadano? Recordemos que toda
transición política implica formas en las cuales el cambio se manifiesta
en la cotidianidad ciudadana. Con buenas intenciones al buscar que las
prestaciones y apoyos lleguen de forma directa a los beneficiarios, AMLO
está reconfigurando la política social del Estado. En lugar de sanear
las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios a millones
de personas, AMLO ha optado por entregarles apoyos económicos de manera
directa. Quiéralo o no, esta práctica fomenta clientelismo y su
verticalidad es un caldo de cultivo para el culto a la personalidad que
provee los recursos.
Bajo el señalamiento de corrupción en el manejo del presupuesto
entregado a organizaciones de la sociedad civil, el Presidente pudo
haber optado por la aplicación de nuevas formas administrativas y exigir
transparencia a esas agrupaciones. No lo hizo y eligió cortarles los
apoyos en detrimento del bienestar de personas vulnerables en distintas
áreas de la vida. ¿El Estado reconoce derechos y encuentra formas
institucionales de satisfacerlos, u ofrece dádivas que los receptores
podrían identificar como favores personales?
La transformación social y cultural de México estará incompleta sin
ciudadanos que reivindiquen sus derechos, a la vez que cumplen con sus
responsabilidades. Por parte del gobierno fortalecer las instituciones,
cumplir y hacer cumplir las leyes son eficaces medios pedagógicos y
persuasivos para quienes vulneran el bien común. Creer que por
conciencia se puede reconstruir el tejido social es buena propuesta
ética, pero insuficiente para la transición que necesitamos. La tarea
demanda ciudadano(a)s y no clientelas.
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