Por
Arturo Rodríguez García (apro).- En medio del diferendo con las
trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete
gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder
Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su
pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el
octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca.
Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto
mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo
el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones,
desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre
también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones,
renegociar.
Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común
con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y
Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras
planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron
tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar,
se enfrentaron a un proceso represivo brutal.
El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta
complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen
fuera de operación son imputables al Estado.
Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en
Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido
Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición
al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del
dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero
pasado.
Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se
colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de
Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la
idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien,
excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como
lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.
Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle, pusieron
las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara
en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga
contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales
de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de
su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos
desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.
El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días
antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del
caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar
acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros
legales que impuso.
Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la
torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos,
que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada
“Cuarta Transformación”.
Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores
no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue
planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por
Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe
Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron,
tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y
el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber
considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la
obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.
Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene
abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por
López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo,
terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y
llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.
López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto
cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La
declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos
existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se
trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el
asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.
La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la
impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En
ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan
muchas lesiones al paso.
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