La solidaridad de la sociedad mexicana y la comunidad internacional con los damnificados de los sismos de 2017 encontró un obstáculo en la “deficiente” actuación del gobierno de Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación reprueba el desempeño de una decena de dependencias encargadas de entregar donaciones y gestionar la reconstrucción
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) confirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el principal
obstáculo para que la ayuda nacional e internacional llegara a los miles
de damnificados de los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, que
cobraron la vida de 462 personas. Al fiscalizar una decena de
instituciones, la “deficiente” actuación de las instituciones encargadas
de entregar donaciones y gestionar reconstrucciones.
Además de las dolorosas pérdidas
humanas, las afectaciones materiales dejaron sin vivienda ni sustento a
miles de personas en el centro y el Sur del país. El gobierno mexicano
estimó que eran necesarios 48 mil millones de pesos para labores de
rehabilitación y reconstrucción. Los recursos donados no tardaron en
llegar, pero no hay certeza de la cantidad ni del destino porque no
existe un “registro confiable”, señala el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
La ASF también destaca que hizo falta
trabajo conjunto entre las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE),
de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), lo que impidió
agilizar la entrega de recursos a la población afectada.
Se desconoce “si las 12 mil 267
unidades, 197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos de donativos en
especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate,
estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20
unidades caninas, y los 3 millones 234 mil 169.5 dólares americanos, 48
mil 494 euros, 20 millones 161 mil 550 pesos mexicanos y los 600 mil 000
dólares canadienses de los que la dependencia [SHCP] tuvo información
fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país”, comenta la ASF
y añade que tampoco se puede determinar cuántos recursos fueron
entregados en beneficio de la población afectada.
La SHCP falló en establecer las bases
A la SHCP, entonces a cargo de José
Antonio González Anaya, le correspondía regular, coordinar y
transparentar los donativos, pero los resultados de la fiscalización
mostraron que “no estableció las bases ni los lineamientos para regular
la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y
distribución de los donativos, en incumplimiento del artículo 68 de la
Ley General de Protección Civil”.
Además, “en relación con la
transparencia, la SHCP no informó el uso de los donativos en la
Plataforma ‘Fuerza México’, en contravención de su oficio número
419-A-19-00372, que señala que la plataforma es una respuesta de
transparencia proactiva en el marco del Portal de Transparencia
Presupuestaria”, señala la Auditoría de Desempeño 52-GB.
La ASF también señala que dicha
plataforma “no contiene datos actualizados y las fechas no son
consistentes”, lo que limita dar seguimiento a la atención de las zonas
afectadas.
En cuanto a su deber de coordinación, la
SHCP no acreditó que coordinó con las dependencias federales, ni con la
Secretaría de Relaciones Exteriores para la recepción de donativos
internacionales
SRE, incapaz de administrar dinero extranjero
Para coordinar la ayuda internacional,
la SRE implementó la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y
Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones
Afectadas por un Desastre y el Procedimiento. Sin embargo, de acuerdo
con la Auditoría de Desempeño 74-GB, “solo reguló los centros de acopio
que reciben donativos en especie pero no el procedimiento administrativo
para la recepción de aportaciones en dinero”.
La ASF evidenció que la SRE no pudo
certificar que los apoyos arribaron a territorio nacional ni llegó a
darles algún tipo de seguimiento. Además, la secretaría entonces
presidida por Luis Videgaray Caso no inscribió en el Registro Nacional
de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones
extranjeras “por lo que se desconocen los montos totales, modalidades y
uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en
incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo”.
La ASF espera que su informe ayude a
solucionar las “deficiencias” e “insuficiencias” de la SRE y sirva
también para que se ajuste un marco jurídico más específico para la
gestión de próximos donativos internacionales derivados de desastres
naturales.
CNBV sin normativa para actuar
De conformidad con el artículo 2 de la
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), ésta debe
regular y supervisar a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano tales como los fideicomisos. Sin embargo, la fiscalización
evidenció que esta normativa tiene muchas limitaciones en cuanto a
fideicomisos de interés público, como “Fuerza México”. “Se reconoce la
necesidad de legislar la supervisión y regulación de dichos
fideicomisos”, señala la auditoría 56-GB.
“En opinión de la ASF, la carencia de un
marco jurídico impidió a la CNBV determinar la estabilidad financiera y
contable del fideicomiso Fuerza México, en el que se concentran los
donativos para la reconstrucción y rehabilitación de las afectaciones
provocadas por los sismos de septiembre de 2017; así como constatar que
éste opera de manera segura y solvente”.
El SAT desconoce el destino de la mitad de donaciones
Al 31 de noviembre de 2018, el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) tenía registrados 5 mil 83 millones
de pesos donados. Pero de estos solo identificó el uso y destino de 2
mil 459 millones de pesos (48.4 por ciento). Esto “muestra las
limitaciones para informar y transparentar oportunamente la gestión de
los donativos para la población afectada por los sismos de septiembre de
2017”, opina la ASF.
El SAT no tiene ningún plazo límite para
publicar un informe completo por lo que el registro anterior solo
corresponde al “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de
septiembre de 2017”, el último presentado. Del monto total, el 93.3 por
ciento son donaciones en efectivo y el 6.7 por ciento restante es
especie, detalla la auditoría 61-GB.
Al SAT también le corresponde tramitar
solicitudes de autorización de las personas morales para ser “donatarias
autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos”. Recibió 12
mil 916 solicitudes y aceptó 4 mil 337. Sin embargo, la ASF desconoce
si estas personas cumplieron con la obligación de presentar reportes de
transparencia ya que el SAT carece de la totalidad de registros.
Escuelas sin datos “confiables” sobre daños
En 2018, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) no pudo presentar un avance en la atención de las 19 mil
194 escuelas que fueron identificadas con daños. De hecho, tampoco pudo
cuantificar de la mejor forma estas afectaciones porque sus registros
internos no “eran confiables ni de calidad”, comenta la ASF.
“La secretaría registró inconsistencias
en cuanto al número de escuelas apoyadas y al monto erogado para
resarcir los daños, por lo que no se tuvo certeza si las actividades
realizadas por la entidad fiscalizada, por medio del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) y del Programa de la Reforma Educativa, contribuyeron
a garantizar el servicio educativo a la población afectada, lo cual
pone en riesgo a la misma”, advierte la ASF.
La SEP emitió 21 oficios dirigidos a la
Segob para solicitar 9 mil 254 millones 701 mil pesos del Fonden para
reconstruir y la rehabilitar 5 mil 10 planteles educativos. Sin embargo,
la gestión no tuvo en cuenta que había infraestructura asegurada y no
acreditó ningún reclamó a la compañía aseguradora.
“En materia de economía, en el caso del
Fonden y del reclamo a las aseguradoras, la información proporcionada
por la secretaría no permitió determinar los recursos autorizados,
ejercidos, ni la comprobación en la aplicación de las actividades de
reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los
sismos”, señala la ASF.
La SEP también ocupó 606 millones 565
mil pesos del Programa de la Reforma Educativa para desarrollar las
obras de rehabilitación de 10 mil 901 escuelas de nivel básico dañadas.
Este monto significó 19.9 por ciento más respecto de los recursos
programados “sin que la dependencia remitiera la documentación
comprobatoria del gasto, ni explicara las causas que originaron tal
situación”, señala la auditoría 106-DS.
Según la SEP, las obras apoyadas por
dicho programa sí fueron supervisadas en 75 planteles (0.7 por ciento),
pero no proporcionó ningún tipo de resultados o conclusiones obtenidas.
“Tampoco evidenció los elementos mínimos que se consideraron para
realizar una muestra estadísticamente representativa”, comenta la ASF.
Algo similar ocurrió con el desempeño
del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), el
cual informó la conclusión de las obras en 12 mil 35 escuelas (62.7 por
ciento de las 19,194) pero no sustentó con evidencia dicho avance. “No
se identificaron con claridad las afectaciones, no validó la
información, tuvo inconsistencias, respecto del número de obras por
realizar en sus reportes físicos y financieros, así como en las visitas
de verificación y el monto erogado”, determinó la auditoría 132-DS.
El Inifed usó 6 mil 219 millones 267 mil
pesos del Programa Escuelas al CIEN, “sin que se precisaran los
planteles que fueron apoyados, el nivel educativo y la entidad
federativa al que se correspondieron ni las actividades realizadas
(reconstrucción y rehabilitación)”, evidencia la ASF.
Viviendas, contradicciones en el diagnóstico
La Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) tenía el deber de presentar los
diagnósticos definitivos de viviendas afectadas y los programas de obras
y acciones. De esta manera se podrían otorgar, conforme al tipo de daño
registrado, los apoyos provenientes Fonden, por medio del Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Sin embargo, al momento de cuantificar,
la Sedatu registró en los diagnósticos definitivos un total de 170 mil
57 viviendas dañadas, pero mencionó solo 168 mil 256 para los programas
de obras y acciones. Lo mismo ocurrió con los recursos financieros
previstos: en diagnósticos se solicitaron 10 mil 29 millones 59 mil
pesos y en los programas 6 mil 185 millones 591 mil pesos, “sin que la
dependencia justificara las razones por las cuales existieron dichas
inconsistencias”, señala la auditoría 214-DS.
Otra cifra distinta, 170 mil 871
viviendas afectadas, se registró para el otorgamiento de los apoyos
mediante tarjetas electrónicas. Los beneficiarios fueron el 97.7 por
ciento y se destinaron 8 mil 157 millones 375 mil pesos.
Mientras que 2 mil 378 beneficiarios que
presentaron “discrepancias en su información” sí recibieron tarjetas
—contrario a lo dispuesto en los Convenios de Colaboración
Sedatu-Bansefi— 3 mil 999 casos carecieron de montos asignados sin que
se señalaran los motivos.
Finalmente, la Sedatu desconoce si los
beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas, ya que
aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden señalan
que se deben supervisar los trabajos, la dependencia solo reportó que
realizó estas acciones en 59 mil 380 casos, el 35 por ciento.
La Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), instruida por la Sedatu, debía contratar el servicio de
asistencia técnica para atender las afectaciones en las viviendas con
daño total. También debía supervisar el cumplimiento de las asistencias
técnicas pactadas y mantener actualizado el Sistema Nacional de
Información e Indicadores de Vivienda para dar seguimiento a la Política
Nacional de Vivienda.
La auditoría reveló que, a pesar de que
las viviendas con daño total según la Sedatu eran 60 mil 302, la Conavi
solo contrató el servicio de asistencia técnica para 42 mil 652 casos.
Además, los 21 proveedores solo realizaron 15 mil 373 asesorías
completas, en incumplimiento con el contrato. Estas irregularidades no
fueron justificadas.
El Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo), también instruido por la Sedatu, debía coordinarse
con instancias federales y locales para evitar duplicidades en las
acciones de apoyo. También estaba encargado de otorgar dinero para
construcción y mejoras de viviendas a aquellas familias que no
estuvieran incluidas en el censo ya elaborado por la Sedatu.
La auditoría comprobó que aun cuando la
Fonhapo otorgó apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de 2 mil
233 viviendas afectadas por los sismos, solo realizó la verificación de 1
mil 452 (65.0 por ciento) y el seguimiento de 2 mil 146 (96.1 por
ciento), “lo que limitó comprobar su repercusión en la atención de los
solicitantes”.
Además, la fiscalización mostró que no
se acreditaron acciones acciones de coordinación con el fin de evitar
duplicidades y apoyar a la población afectada, en incumplimiento de las
Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el
ejercicio fiscal 2018.
Hospitales sin rehabilitación comprobada
Como resultado de los sismos de 2017, se
registraron afectaciones en 132 unidades médicas en 6 entidades
federativas. Para atender esa problemática, la Secretaría de Salud (SS),
obligada por su normativa, debía evaluar y cuantificar los daños,
presentar una calendarización de obras y dar seguimiento a la
reconstrucción de los hospitales y centros de salud.
La ASF reveló que aunque la SS reportó
un avance del 21.2 por ciento (28 unidades médicas concluidas) no pudo
comprobar la veracidad de las cifras. Entre otras irregularidades,
presentó diferencias en el número de unidades médicas atendidas y los
recursos erogados en éstas.
La SS solicitó los recursos mediante 10
oficios a la Segob, en los que se requirieron 311 millones 88 mil pesos.
Sin embargo, previamente se había diagnosticado que eran necesarios 491
millones 8 mil pesos para atender los daños. De acuerdo a la auditoría
179-DS, la dependencia no dio explicación sobre esta diferencia.
Tampoco fue transparente en los
reportes, ya que, aunque la SS presentó cinco informes trimestrales de
los avances, éstos contenían información “genérica, sin que se
especificaran las obras, acciones, recursos económicos y número de
inmuebles que fueron atendidos”, comenta la ASF.
Respecto de los avances registrados en
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, la auditoría expuso una situación
ilógica: los porcentajes de avance disminuyeron. La SS no explicó las
causas, por lo que a la fecha se carece de información veraz sobre el
desarrollo de los proyectos.
Dado que no hay ningún tipo seguimiento,
inspección o verificación en la ejecución de obras “no hay certeza de
que los recursos otorgados por el Fonden ayudaron a resarcir los daños
al sistema de salud”, concluye la ASF.
Marcial Yangali
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