Editorial
La Jornada
El movimiento de
protesta iniciado el miércoles por elementos de la Policía Federal ha
cobrado un cariz preocupante debido a la negativa de los inconformes a
las instancias de negociación ofrecidas por el gobierno federal, a actos
de violencia como el perpetrado contra la coordinadora de la
institución, Patricia Trujillo, cuando se presentó a dialogar con sus ex
compañeros y, sobre todo, tras revelarse la presencia de agentes ajenos
a la corporación como inspiradores, instigadores u organizadores del
intento de amotinamiento.
Aunque las protestas se han desplegado con el pretexto de la defensa
de los derechos laborales que supuestamente se verían lesionados con la
extinción de la Policía Federal (PF) y el paso (voluntario, como han
remarcado las autoridades) de sus integrantes a la Guardia Nacional
(GN), dicha motivación se ha desnaturalizado aceleradamente.
Lo anterior puede afirmarse no sólo por las garantías verbales y la
disposición al diálogo expresadas por el Presidente de la República y
por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Alfonso Durazo Montaño, sino porque las leyes que dan vida a la
GN afirman de manera expresa el completo respeto a esos derechos. Por
ejemplo, se ha insistido en sostener mentiras abiertas como la especie
de que la Ley de la Guardia Nacional omite lo que habrá de suceder con
los grados y la antigüedad de los policías, cuando la reforma
constitucional en la materia establece que los elementos de las fuerzas
armadas
que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
De bulos como el referido se pasó a actos de abierto chantaje, como
las declaraciones del defensor de un sector de los inconformes, Ignacio
Benavente Torres, quien inquirió:
¿a dónde creen que van a ir, si no saben hacer otra cosa más que estar entrenados para una acción mortal? Todos ellos, sin excepción, es muy posible que cambien de bando.
En nada ayuda a la solución de este conflicto la supuesta implicación
del ex presidente Felipe Calderón en la protesta. Menos aún, el
zipizape declarativo sobre su real o supuesto protagonismo en el
problema.
En la mañana de ayer, un grupo de los uniformados inconformes
solicitó que éste fungiera como su representante sindical. Sin embargo,
otros policías se deslindaron claramente de la petición. El ex
mandatario negó los hechos, aunque externó su simpatía con los
insubordinados y el conjunto de las fuerzas armadas. Para hacer más
confuso aún el panorama, temprano en la mañana Alfonso Durazo señaló que
la movilización estaba siendo instigada por el michoacano. Pero, horas
después, atemperó sus señalamientos y precisó que él nunca había puesto
el nombre del ex mandatario sobre la mesa y que sólo se refirió a la
mención de uno de los inconformes de que fuera su representante.
Han pasado más de seis años desde que el ex mandatario dejó Los
Pinos. En este tiempo, muchos mandos de la Policía Federal han cambiado.
La misma fuerza política de Felipe Calderón se ha desinflado
aceleradamente, al punto de que no pudo ganar la dirección del Partido
Acción Nacional y ni siquiera influir de manera relevante en el
nombramiento de sus candidatos a puestos de elección popular. Suponer
que, en esas condiciones, conserva poder para instigar un movimiento de
esta magnitu, es a todas luces desproporcionado.
Eso no significa que la simpatía que el jefe de Estado mostró con
elementos insubordinados de la corporación armada sea una buena señal.
La Policía Federal experimentó durante su sexenio alarmantes niveles de
corrupción y desnaturalización.
Los guiños de Calderón aparecen así como una muestra de apoyo no sólo
a los elementos insubordinados de la institución sino a las
inadmisibles prácticas que han caracterizado a la corporación.
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