Según su dicho, la noche anterior acudieron a la calle Juan N. Álvarez de la ciudad de Iguala y ahí encontraron “tres autobuses con las llantas ponchadas y a varios jóvenes que al parecer eran estudiantes”.
Luego añaden: “por obvias razones… procedimos a retirarnos con la finalidad de no tener ningún altercado con los individuos que iban en el autobús”.
Estos párrafos merecen toda la potencia de la lupa: ¿qué hacía la Policía Ministerial, cuya cabeza era el señor Tomás Zerón de Lucio –entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)– en el lugar y a la hora en que ocurrió una de las escenas clave de la agresión contra los normalistas?
¿Por qué estos agentes no actuaron, si hallaron tres camiones con llantas ponchadas y un grupo de estudiantes desconcertados? ¿Por qué ni Ortiz ni Dirzio reportaron la presencia de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Estatal, la Municipal o el Ejército?
¿Por qué, si ninguna otra autoridad estaba presente, “procedieron a retirarse”? ¿Cuáles son esas “obvias razones” a las que hicieron referencia en su oficio?
El informe está fechado el 27 de septiembre de 2014 y fue dirigido al subdirector de la Policía Federal Ministerial de la subsede Iguala. (Puede consultarse en el segundo reporte presentado por el GIEI.)
Se han barajado hipótesis referentes a distintas autoridades involucradas de manera criminal aquella fatídica noche: han sido señalados como posibles responsables el Ejército, la Policía Federal, entonces dependiente del secretario de Gobernación, la Policía Estatal y también las municipales de Iguala, Mezcala y Huitzuco.
Sin embargo, un cuerpo de ­seguridad que no recibió atención durante las distintas diligencias es precisamente la ­Policía Federal Ministerial. A pesar de su presencia en Iguala, aquella noche, y su evidente despliegue al momento de la crisis, esa dependencia transitó ­invisible para casi todas las partes involucradas en la investigación posterior.
Una hipótesis plausible frente a esta omisión es que el principal responsable de realizar las pesquisas –el director de la AIC, Tomás Zerón– era al mismo tiempo el mando más elevado de la Policía Federal Ministerial.
Zerón enfrentó entonces un conflicto de interés: no debió ser investigador si al mismo tiempo debía ser investigado.
Las declaraciones de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, que recientemente merecieron atención pública, obligan a valorar este conflicto de interés. El profesor de primaria que regenteaba el bar la Perinola, donde los mandos de Guerreros Unidos solían reunirse, declaró que fueron agentes de la Policía Federal Ministerial quienes dispararon contra el equipo de futbol Los Avispones y también quienes condujeron a un nutrido grupo de normalistas al Tomatal, y luego con rumbo a Mezcala.
En efecto, El Pato declaró, un mes después de los hechos, que los policías de la PGR eran responsables de los atentados y la desaparición de los estudiantes, y también que los segundos habían sido conducidos –lejos del basurero de Cocula– en dirección a Mezcala.
Este testimonio habría sido escuchado por el comandante Carlos Gómez Arrieta, uno de los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) más cercanos al entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Se sabe que esta declaración se obtuvo mediante tortura, también que El Pato no fue testigo directo de los hechos y que la confesión refiere a la Policía Ministerial.
Con estos tres argumentos se ha querido desestimar el valor de sus declaraciones. Y, sin embargo, se sostienen: en Iguala, cuando los lugareños refieren a la Policía Estatal usan el término “estatales,” así que El Pato señaló a la policía adscrita a la AIC de la PGR.
Por otra parte, cuando se están realizando investigaciones no pueden desestimarse los testimonios “de oídas,” ya que en ellos suelen hallarse las primeras pistas. No hay justificación para que Gómez Arrieta, Tomás Zerón o Murillo Karam hayan dado la espalda a una información tan relevante.
Por último, utilizar el argumento de la tortura para desatender un testimonio, cuando todo el caso se montó sobre hechos evidentes y denunciados de tortura, no sólo es cínico sino tremendamente idiota.
El testimonio de El Pato es una pista que debió conducir a investigar a la Policía Federal Ministerial, a su jefe Tomás Zerón de Lucio y a Carlos Gómez Arrieta, el hombre de confianza del procurador Murillo.
Cabe exponer, como hipótesis del caso Ayotzinapa, las siguientes premisas:
1. En septiembre de 2014 había una relación de complicidad entre la organización Guerreros Unidos y la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, la cual se hallaba bajo el mando del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio.
2. Agentes de la Policía Federal Ministerial fueron autores materiales, tanto del atentado sufrido por los futbolistas como de los ataques y desaparición de los normalistas.
3. Tomás Zerón de Lucio recibió el encargo de investigar los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Cuando este funcionario tuvo información sobre el involucramiento de agentes pertenecientes a la policía bajo su mando, habría escondido la evidencia, desestimado los testimonios, alejado la investigación de la geografía donde debía realizarse (Mezcala y Huitzuco) y habría también desarrollado la falsa verdad histórica del basurero de Cocula.
4. Al actuar de esta manera habría protegido a los verdaderos responsables, al tiempo que pudo haber obstruido la justicia que el país entero clamaba a propósito del caso Ayotzinapa.
Si bien Zerón continúa contando con cómplices y aliados en todas partes, hoy ha mermado el inmenso poder que un día le permitió eludir el conflicto de interés para volverse investigador en vez de investigado.
Este análisis se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso.