Editorial
La Jornada
El presidente Andrés Manuel
López Obrador tomó protesta a los primeros efectivos operativos de la
Guardia Nacional (GN), ayer en el Campo Marte de esta capital, con lo
cual comienzan formalmente las funciones y el despliegue de esta nueva
corporación en el territorio nacional.
En ese acto, tanto el mandatario como los secretarios de Seguridad
Ciudadana, Alfonso Durazo; Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y
Marina, José Rafael Ojeda Durán, coincidieron en la gravedad del
deterioro alcanzado por la seguridad pública en el país y enfatizaron
las características a las que debe ceñirse la nueva formación:
profesionalismo policial, respeto a los derechos humanos, uso regulado
de la fuerza y proximidad con la población.
Después de meses de críticas al proyecto de la GN, por parte de
organizaciones de la sociedad civil, fuerzas opositoras y hasta de las
propias filas de Morena –el partido del Presidente– el Congreso de la
Unión aprobó por virtual unanimidad una fórmula de compromiso para
modificar la Constitución a fin de permitir la participación temporal
–por cinco años– de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública,
misión en la que fueron involucradas en forma contraria a la Carta Magna
desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón y en la que
permanecieron a lo largo del de Enrique Peña Nieto.
El argumento esgrimido para mantener esa anomalía fue que se
necesitaba tiempo para profesionalizar, depurar y moralizar a las
corporaciones policiales civiles de los tres niveles de gobierno,
objetivos que nunca se concretaron. A la postre, el gobierno actual
arrancó en un contexto de descomposición institucional de los cuerpos
policiales, violencia recrudecida, delincuencia fuera de control y, en
consecuencia, una zozobra generalizada en los ciudadanos y una sensación
de total desamparo.
El proyecto lopezobradorista ha prometido un cambio de paradigma en
la estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad. Uno de
los puntos de esa propuesta es la creación de la GN, gestada y entrenada
principalmente por las fuerzas armadas.
Esta característica es la que ha generado la mayor parte de las
críticas al proyecto, habida cuenta de que en el pasado los institutos
armados del país han sido utilizados en tareas de represión política y
su participación en la llamada
guerra contra el narcotráficoemprendida por Calderón y proseguida por Peña dio pie a numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La apuesta de López Obrador consiste en que esas mismas fuerzas
armadas, bajo un mando supremo civil de orientación claramente
diferenciada de los gobiernos anteriores, logren conformar una
corporación orientada a la paz, la realización de tareas policiales y
ajena a las lógicas bélicas consustanciales al ámbito militar. Se trata
de una apuesta arriesgada que, de fracasar, podría afectar buena parte
de la legitimidad del mandatario, porque 12 años de políticas de
seguridad fallidas, inseguridad, violencia y atropellos a la población
han erosionado la paciencia social y la credibilidad de las
instituciones.
En tales circunstancias, la GN tiene ante sí dos enormes desafíos:
marcar una diferencia real en materia de pacificación y reconstrucción
de la seguridad pública, por un lado y, por el otro, conseguirlo sin
vulnerar las garantías individuales, las libertades y los derechos
humanos de los civiles. Cabe hacer votos por que lo consiga, pues ante
la violencia, la inseguridad y el acoso delictivo, el país no aguanta
más.
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