Irma Eréndira Sandoval
La calificación de 3.1 que México recibió en materia de corrupción por parte de Transparencia Internacional (TI), es efectivamente una "vergüenza" para el país. Nos encontramos al borde del colapso, precisamente por la falta de acción en esta materia. Felipe Calderón culpa a Vicente Fox por no haber combatido al narcotráfico, pero hoy es Calderón quien entregará a su sucesor un aparato gubernamental completamente podrido por el cáncer de la corrupción.
El secretario de la Función Pública cínicamente reinterpreta su fracaso de la misma manera en que su jefe justifica su derrota en matera de seguridad pública. "Si ven polvo, es porque limpiamos la casa", escribió Calderón en Le Monde. Salvador Vega, por su parte, ha declarado: "Existe la percepción de que la corrupción aumenta, pero en realidad lo que está aumentando es el combate a este tipo de actos". El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también minimiza el problema al señalar que, a pesar de que México ha vuelto a reprobar en el índice, "los niveles de inversión a México siguen llegando de manera continua".
El único problema es que a pesar de este supuesto continuo flujo de "inversiones", la economía mexicana simplemente no crece. De acuerdo con datos recientes ofrecidos por la CEPAL, México presenta uno de los desempeños más pobres de toda la región latinoamericana. Las pocas inversiones que llegan a nuestro país no se reflejan en un mayor dinamismo en la economía, precisamente porque la corrupción garantiza que las grandes corporaciones no paguen impuestos e incluso reciban devoluciones millonarias. Por otro lado, los sobornos y los conflictos de intereses, también a la orden del día, continuamente aseguran que los jugosos contratos gubernamentales se asignen a los compadres y aliados del régimen, y nunca a los empresarios más eficientes. En materia de corrupción en seguridad pública, los centros de "control de confianza" han resultado ser un verdadero fiasco.
Los cinco centros que existen, están totalmente rebasados. De acuerdo con un informe oficial, hasta agosto de este año sólo habían sido evaluados dos de cada 10 policías (119 mil 637 de los 551 mil 737 agentes policiacos del país) (Reforma, 19/9/10). Asimismo, la tasa de reprobación ha sido tan alta que resultaría simplemente imposible despedir a todos los que no pasan la prueba. Así, la situación en materia de corrupción es simplemente mucho más grave de lo que indica el estudio de TI.
Este índice es apenas un promedio de otras encuestas ya existentes con un énfasis particular en las opiniones de grandes empresarios y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios saben que en realidad el tema de la corrupción ya ha salido de todo control.
Lo más dramático del caso, y a la vez lo más esperanzador, es que sí existen soluciones al problema. El primer paso sería empezar a sancionar. Parece una obviedad, pero el gobierno ha tenido enormes dificultades para castigar a los corruptos. La SFP anuncia con bombo y platillo cada denuncia penal que presenta, pero se le olvida informarnos que la vasta mayoría de los acusados terminan sin pisar la cárcel nunca, y que muchos vuelven a reciclarse en altos puestos del servicio público. Desde la época de Raúl Salinas de Gortari y Óscar Espinosa Villarreal, quienes por cierto también salieron libres de manera anticipada, no ha habido una sola condena de un alto funcionario en la época reciente.
Por otro lado, las multas tampoco han servido de nada. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado que durante los últimos 20 años (de 1991 a junio de 2010) ha podido cobrar menos de 1% de todas las multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (antes Secodam) y por la Auditoría Superior de la Federación (antes Contaduría Mayor de Hacienda). De un total de 48 mil 572 millones de pesos por concepto de multas, únicamente 75.7 millones han sido cobrados (La Jornada, 1/11/10, p.7). Asimismo, casi la mitad de todas las multas (unos 22 mil millones) ya prescribieron o fueron dadas de baja.
En su entrevista con EL UNIVERSAL, a propósito del estudio de TI, el secretario Vega vuelve a insistir en que el problema es la "relajación de valores" del pueblo mexicano y que la verdadera solución reside en educar mejor a los jóvenes. Se equivoca el señor secretario; lo que hace falta no son más mexicanos “bien portados”, sino gobernantes y funcionarios verdaderamente comprometidos con el país; en particular, no nos vendría nada mal un secretario de la Función Pública con conocimiento de la materia, independencia de acción y valentía para enfrentar al toro por los cuernos y combatir la corrupción estructural que ha inundado todos los rincones del gobierno, y sobre todo las más altas esferas.
http://www.irmaerendira.blogspot.com/
Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM
El secretario de la Función Pública cínicamente reinterpreta su fracaso de la misma manera en que su jefe justifica su derrota en matera de seguridad pública. "Si ven polvo, es porque limpiamos la casa", escribió Calderón en Le Monde. Salvador Vega, por su parte, ha declarado: "Existe la percepción de que la corrupción aumenta, pero en realidad lo que está aumentando es el combate a este tipo de actos". El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también minimiza el problema al señalar que, a pesar de que México ha vuelto a reprobar en el índice, "los niveles de inversión a México siguen llegando de manera continua".
El único problema es que a pesar de este supuesto continuo flujo de "inversiones", la economía mexicana simplemente no crece. De acuerdo con datos recientes ofrecidos por la CEPAL, México presenta uno de los desempeños más pobres de toda la región latinoamericana. Las pocas inversiones que llegan a nuestro país no se reflejan en un mayor dinamismo en la economía, precisamente porque la corrupción garantiza que las grandes corporaciones no paguen impuestos e incluso reciban devoluciones millonarias. Por otro lado, los sobornos y los conflictos de intereses, también a la orden del día, continuamente aseguran que los jugosos contratos gubernamentales se asignen a los compadres y aliados del régimen, y nunca a los empresarios más eficientes. En materia de corrupción en seguridad pública, los centros de "control de confianza" han resultado ser un verdadero fiasco.
Los cinco centros que existen, están totalmente rebasados. De acuerdo con un informe oficial, hasta agosto de este año sólo habían sido evaluados dos de cada 10 policías (119 mil 637 de los 551 mil 737 agentes policiacos del país) (Reforma, 19/9/10). Asimismo, la tasa de reprobación ha sido tan alta que resultaría simplemente imposible despedir a todos los que no pasan la prueba. Así, la situación en materia de corrupción es simplemente mucho más grave de lo que indica el estudio de TI.
Este índice es apenas un promedio de otras encuestas ya existentes con un énfasis particular en las opiniones de grandes empresarios y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios saben que en realidad el tema de la corrupción ya ha salido de todo control.
Lo más dramático del caso, y a la vez lo más esperanzador, es que sí existen soluciones al problema. El primer paso sería empezar a sancionar. Parece una obviedad, pero el gobierno ha tenido enormes dificultades para castigar a los corruptos. La SFP anuncia con bombo y platillo cada denuncia penal que presenta, pero se le olvida informarnos que la vasta mayoría de los acusados terminan sin pisar la cárcel nunca, y que muchos vuelven a reciclarse en altos puestos del servicio público. Desde la época de Raúl Salinas de Gortari y Óscar Espinosa Villarreal, quienes por cierto también salieron libres de manera anticipada, no ha habido una sola condena de un alto funcionario en la época reciente.
Por otro lado, las multas tampoco han servido de nada. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado que durante los últimos 20 años (de 1991 a junio de 2010) ha podido cobrar menos de 1% de todas las multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (antes Secodam) y por la Auditoría Superior de la Federación (antes Contaduría Mayor de Hacienda). De un total de 48 mil 572 millones de pesos por concepto de multas, únicamente 75.7 millones han sido cobrados (La Jornada, 1/11/10, p.7). Asimismo, casi la mitad de todas las multas (unos 22 mil millones) ya prescribieron o fueron dadas de baja.
En su entrevista con EL UNIVERSAL, a propósito del estudio de TI, el secretario Vega vuelve a insistir en que el problema es la "relajación de valores" del pueblo mexicano y que la verdadera solución reside en educar mejor a los jóvenes. Se equivoca el señor secretario; lo que hace falta no son más mexicanos “bien portados”, sino gobernantes y funcionarios verdaderamente comprometidos con el país; en particular, no nos vendría nada mal un secretario de la Función Pública con conocimiento de la materia, independencia de acción y valentía para enfrentar al toro por los cuernos y combatir la corrupción estructural que ha inundado todos los rincones del gobierno, y sobre todo las más altas esferas.
http://www.irmaerendira.blogspot.com/
Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM
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