Miguel Carbonell
El sistema penal mexicano se está cayendo en pedazos. Todas las estadísticas disponibles nos señalan el deficiente funcionamiento de las distintas etapas con las que se pretende prevenir y sancionar las conductas que son definidas como delitos por la ley.
La policía no vigila adecuadamente o está penetrada por grupos organizados de criminales, los ministerios públicos no saben integrar, custodiar y presentar debidamente las pruebas, los jueces son negligentes en el desempeño de sus funciones y los reclusorios se rigen por la más absoluta ley de la selva. El resultado es un Estado de derecho simulado, en el que no existe ningún seguro de vida para nadie: cualquiera puede ser víctima de la delincuencia o de las autoridades que supuestamente deben protegernos.
El problema comienza en los aspectos más obvios. Hasta hace unos meses, en el número de emergencias de la policía de Ciudad Juárez no contestaba nadie después de las ocho de la noche. Según datos de un estudio del CIDE, en el Estado de México y en el Distrito Federal, cuando un ciudadano llama al número de la policía pidiendo que acuda una patrulla, en la mitad de los casos no acude nadie. Cuando en efecto la patrulla llega, lo hace con un retraso de tiempo tal que permite que los presuntos delincuentes ya se hayan dado a la fuga.
Incluso cuando pretende funcionar de forma correcta, el sistema penal suele equivocarse: no son pocos los inocentes que, por no haberle dado dinero a la policía, al ministerio público o al juez, están en la cárcel. Está a punto de estrenarse a nivel nacional el doloroso testimonio del caso de Antonio Zúñiga, grabado por Roberto Hernández y Layda Negrete. El documental se llama Presunto culpable y todos los ciudadanos que estén preocupados por su seguridad y por el futuro del país deberían verlo.
Hernández y Negrete nos ofrecen la evidencia de un caso solamente, pero como ése debe haber miles. Lo que refleja la historia de Toño Zúñiga es que cualquiera puede ser acusado, sin pruebas científicas de ningún tipo sino sobre la base de simples rumores, de haber matado a otra persona y habrá un juez que sea capaz de condenarlo no una, sino dos veces a 20 años de prisión. De ese tamaño es el problema penal en México.
Por eso desde muchas universidades y desde la sociedad civil organizada se ha trabajado intensamente desde hace años en una reforma penal que permita profesionalizar a los actores involucrados, tener juicios más transparentes y delimitar los casos que efectivamente merezcan una pena de prisión. Me refiero a la llamada reforma de los juicios orales, que en realidad abarca muchos otros temas y problemas.
A raíz del caso de Marisela Escobedo en Chihuahua la reforma penal ha sido fuertemente criticada, pasando por alto dos datos esenciales que se deben ponderar. Por un lado, toda reforma que pretenda modernizar la justicia penal en México es sólo un instrumento: puede ser bien o mal utilizado y de eso no tiene la culpa la propia reforma. Por otra parte, lo que sabemos hoy con certeza es que el sistema penal que está vigente en la mayor parte del territorio nacional no sirve. Casos mucho más dramáticos que el de Marisela Escobedo suceden todos los días y la mayor parte de los críticos de la reforma de los juicios orales no parecen estar muy preocupados por eso. Criticando al nuevo sistema lo que se terminará logrando es que sigamos con lo que tenemos, que se ha demostrado hasta el cansancio que no sirve.
Lo cierto es que, tal como estamos, en México cualquier persona puede ser considerada como culpable por el mero hecho de haber sido detenida por la policía, sin que se haya realizado una investigación ministerial, se hayan desahogado pruebas, realizado un juicio y dictado una sentencia.
La película Presunto culpable debe ser un parteaguas en la opinión pública mexicana. La alternativa es clara: podemos seguir callados, mirando cómo el país sigue sufriendo de la etapa más violenta en su historia reciente, o podemos tomar conciencia entre todos y diseñar una salida que nos permita recuperar la esperanza, para mirar de frente al futuro. Lo bueno es que, gracias al documental de Hernández y Negrete, ya nadie puede decir que no sabía lo que estaba sucediendo. No actuar a partir de ahora significaría aceptar que todos somos, en realidad, culpables.
www.miguelcarbonell.com Twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
La policía no vigila adecuadamente o está penetrada por grupos organizados de criminales, los ministerios públicos no saben integrar, custodiar y presentar debidamente las pruebas, los jueces son negligentes en el desempeño de sus funciones y los reclusorios se rigen por la más absoluta ley de la selva. El resultado es un Estado de derecho simulado, en el que no existe ningún seguro de vida para nadie: cualquiera puede ser víctima de la delincuencia o de las autoridades que supuestamente deben protegernos.
El problema comienza en los aspectos más obvios. Hasta hace unos meses, en el número de emergencias de la policía de Ciudad Juárez no contestaba nadie después de las ocho de la noche. Según datos de un estudio del CIDE, en el Estado de México y en el Distrito Federal, cuando un ciudadano llama al número de la policía pidiendo que acuda una patrulla, en la mitad de los casos no acude nadie. Cuando en efecto la patrulla llega, lo hace con un retraso de tiempo tal que permite que los presuntos delincuentes ya se hayan dado a la fuga.
Incluso cuando pretende funcionar de forma correcta, el sistema penal suele equivocarse: no son pocos los inocentes que, por no haberle dado dinero a la policía, al ministerio público o al juez, están en la cárcel. Está a punto de estrenarse a nivel nacional el doloroso testimonio del caso de Antonio Zúñiga, grabado por Roberto Hernández y Layda Negrete. El documental se llama Presunto culpable y todos los ciudadanos que estén preocupados por su seguridad y por el futuro del país deberían verlo.
Hernández y Negrete nos ofrecen la evidencia de un caso solamente, pero como ése debe haber miles. Lo que refleja la historia de Toño Zúñiga es que cualquiera puede ser acusado, sin pruebas científicas de ningún tipo sino sobre la base de simples rumores, de haber matado a otra persona y habrá un juez que sea capaz de condenarlo no una, sino dos veces a 20 años de prisión. De ese tamaño es el problema penal en México.
Por eso desde muchas universidades y desde la sociedad civil organizada se ha trabajado intensamente desde hace años en una reforma penal que permita profesionalizar a los actores involucrados, tener juicios más transparentes y delimitar los casos que efectivamente merezcan una pena de prisión. Me refiero a la llamada reforma de los juicios orales, que en realidad abarca muchos otros temas y problemas.
A raíz del caso de Marisela Escobedo en Chihuahua la reforma penal ha sido fuertemente criticada, pasando por alto dos datos esenciales que se deben ponderar. Por un lado, toda reforma que pretenda modernizar la justicia penal en México es sólo un instrumento: puede ser bien o mal utilizado y de eso no tiene la culpa la propia reforma. Por otra parte, lo que sabemos hoy con certeza es que el sistema penal que está vigente en la mayor parte del territorio nacional no sirve. Casos mucho más dramáticos que el de Marisela Escobedo suceden todos los días y la mayor parte de los críticos de la reforma de los juicios orales no parecen estar muy preocupados por eso. Criticando al nuevo sistema lo que se terminará logrando es que sigamos con lo que tenemos, que se ha demostrado hasta el cansancio que no sirve.
Lo cierto es que, tal como estamos, en México cualquier persona puede ser considerada como culpable por el mero hecho de haber sido detenida por la policía, sin que se haya realizado una investigación ministerial, se hayan desahogado pruebas, realizado un juicio y dictado una sentencia.
La película Presunto culpable debe ser un parteaguas en la opinión pública mexicana. La alternativa es clara: podemos seguir callados, mirando cómo el país sigue sufriendo de la etapa más violenta en su historia reciente, o podemos tomar conciencia entre todos y diseñar una salida que nos permita recuperar la esperanza, para mirar de frente al futuro. Lo bueno es que, gracias al documental de Hernández y Negrete, ya nadie puede decir que no sabía lo que estaba sucediendo. No actuar a partir de ahora significaría aceptar que todos somos, en realidad, culpables.
www.miguelcarbonell.com Twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
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