Violencia Institucional :Denuncian vejaciones a mujeres presas en Chiapas

Las alejan de sus familias y tienen pésima atención médica

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 8 feb 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó que miles de mujeres presas en las cárceles del estado de Chiapas son llevadas a penales alejados de sus comunidades y familiares, y reciben pésima atención médica y psicológica.

En el informe 2010 sobre la situación carcelaria en Chiapas, el Frayba expuso, a partir de denuncias firmadas por 2 mil 142 personas privadas de su libertad en diferentes reclusorios de la entidad, así como de sus familiares y amistades, diversas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las autoridades penitenciarias y los propios reclusos.

Sobre las mujeres internas, el Frayba advirtió que en algunas cárceles no existen lugares específicos para ellas, por lo que son trasladadas a otros centros de detención alejándolas de sus familias.

Asimismo, las mujeres presas cuentan con menos días de visita con respecto a la población masculina, por lo que la organización humanitaria recalcó que el gobierno de Chiapas viola derechos consagrados en tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Frayba reportó que la mayoría de las personas internas son pobres, indígenas, migrantes, con escasa educación escolar, y por lo tanto desconocen las implicaciones del proceso judicial y se encuentran en una situación vulnerable para acceder a la justicia.

Abundó que los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) en Chiapas son espacios en donde la violación a los Derechos Humanos es una práctica cotidiana.

Al interior de las cárceles, el Frayba comprobó tratos crueles y torturas que han sufrido personas que visitan a sus familiares o amigos.

Para la organización defensora de los DH, es urgente garantizar la vida, la integridad y seguridad personal, el trato digno y el respeto de todos los derechos de las personas privadas de su libertad, con base en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que el Estado mexicano ha signado y ratificado, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobada por la Organización de los Estados Americanos.