La difusión en el libro del caso de los mineros artesanales del complejo aurífero de Bulyanhulu, Tanzania, que en 1996 y por presión de las mineras canadienses fueron calificados de ilegales por el gobierno local y enterrados vivos con bulldozers al no querer abandonar su territorio, es uno de los que más ha molestado a la canadiense Barrick Gold, la productora de oro más grande del mundo y dueña de un abultado historial delictivo. En abril de 2008, Barrick demandó por supuesta difamación a los autores y pidió en reparación 6 millones de dólares canadienses. En junio, otra minera, Banro Corp., se unió al acoso judicial y demandó por 5 millones más. Ambas empresas, que nunca habían actuado en contra de quienes antes habían aportado estudios y evidencias de los crímenes cometidos, lograron que un juez ordenara el retiro de Noir Canada de todas las librerías, en un caso de SLAPP (strategic lawsuit against public participation) y de burda censura para un país que nos viene a corroborar la inexistencia del mentado primer mundo.
De ahí que no sorprenda el rechazo que el pasado 27 de octubre mostró el Parlamento de Canadá a la iniciativa de ley C-300, fruto de un largo proceso de colaboración entre la sociedad civil canadiense y latinoamericana, además de especialistas y actores políticos encabezados por el diputado liberal John McKay. La iniciativa perdió con 140 votos, por 134 a favor, con 34 ausencias de diputados que se coludieron con la industria minera o cedieron a sus presiones. Se trataba de un primer paso, limitado pero importante, para regular a las agencias del gobierno de Canadá en su relación con las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo. Canadá no sólo es un paraiso financiero y judicial: su régimen derechista da fuertes apoyos y beneficios fiscales a sus compañías mineras, e incluso las llega a subsidiar en ciertos momentos. Dicho régimen también utiliza su cuerpo diplomático para facilitar la tarea de saqueo internacional.
En Latinoamérica, cuyo suelo alberga reservas de oro, plata y cobre, las mineras canadienses y sus similares tampoco tienen de qué preocuparse. En la mayoría de los países del Sur
el dominio sobre el territorio –clave en el negocio– está más que garantizado. En ello México es líder indiscutible: no sólo es altamente vulnerable por corrupción político-empresarial, pobreza, desigualdad, educación pública abatida, bajísima percepción del riesgo, leyes flexibles, impunidad endémica, violación de derechos humanos y casi nula procuración de justicia; es también un país con un régimen entregado a los intereses de la megaminería y con dependencias de gobierno dedicadas a facilitar a las corporaciones la ocupación y el dominio del territorio mexicano para la explotación de diversos minerales, principalmente el oro, cuya fiebre especulativa llevó a la onza a niveles históricos al superar los mil 400 dólares el pasado 29 de diciembre. Muestra inobjetable de lo anterior la encontramos en la Secretaría de Economía, cuyo Programa Nacional de Minería 2007-2012 incluye una Guía de Ocupación Superficial para el Sector Minero
, elaborada entre la Coordinación General de Minería y el Grupo Peñoles con el discurso de la competitividad del sector y la atracción de inversiones.
La guía establece los mecanismos que las corporaciones pueden instrumentar para superar cualquier resistencia de las comunidades a la entrega y desposesión de sus tierras: desde su adquisición por compra o arrendamiento, hasta su ocupación temporal con apoyo del gobierno federal bajo el argumento de la minería como causa de utilidad pública. En el contexto de la nueva fiebre del oro, de la presión sobre las reservas mundiales de minerales estratégicos y de la capacidad destructiva a la que ha llegado la denominada minería de última generación
, esta política de desposesión y saqueo ha provocado irreversibles daños ambientales por todo el país, así como dolorosos episodios de comunidades divididas y enfrentadas, escenarios que han sido directamente inducidos por las mineras, en especial las canadienses, que representan 70 por ciento de las corporaciones involucradas en proyectos mineros en México. Con fondos más que abundantes para seducir voluntades, obstruir la justicia o ignorarla, estas empresas han desplegado estrategias para mentir y estimular conflictos, comprar ciencia mercenaria y corromper actores políticos de todo tipo para imponer sus fugaces y lucrativos negocios.
El ejemplo de New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro es emblemático y vergüenza nacional. Mas los casos se multiplican frente a las 24 mil concesiones mineras que ha dado el gobierno federal: casi 20 por ciento de territorio mexicano entregado en su mayoría a las canadienses para extracción de metales preciosos y minerales asociados. El problema es enorme, complejo y nada tiene que ver con el falso debate que la industria minera pretende implantar descalificando como románticos ambientalistas
o minerafóbicos
a quienes se oponen al despojo. Las consecuencias están a la vista. Sin embargo, con todo en contra, la sociedad civil organizada se mantiene como la última posibilidad para recuperar la soberanía, defender el territorio y evitar que México se convierta en una redición corregida y aumentada del Noir Canada.
* Investigador de El Colegio de San Luis, AC
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