Gustavo De la Rosa Hickerson
El artero asesinato del señor Alfredo Sandoval, a quien se le privó de la vida por venganza, por haber defendido en ocasión pasada su vida, su propiedad y su familia; el secuestro de tres miembros de la familia Reyes Salazar, a la cual pertenecía Josefina Reyes, asesinada en enero de 2010; el caso de Marisela Escobedo Ortiz, tienen un común denominador: “no hay ninguna lógica para proteger a las víctimas”.
Es evidente que las estrategias de seguridad pública para recuperar la paz en Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido insuficientes, cuando no fracasadas, y el argumento que se da es que la delincuencia está tan profunda y tan dispersa que no se sabe en dónde vaya a atacar. De ahí se deriva el argumento de que el Estado no puede asignarle un policía a cada ciudadano. Independientemente de lo discutible de este tipo de argumentos, queremos fijar nuestra atención en un punto más específico y concreto:
¿Cuál es la atención y protección que por protocolo se les brinda a las víctimas de un delito?
Desafortunadamente, las autoridades municipales, federales y estatales no han inscrito dentro de sus prioridades el brindar una efectiva atención y protección a las víctimas de los delitos. Demasiado ocupadas están estas autoridades de cada uno de esos niveles en tratar de frenar la ola delictiva y violenta que afecta a la ciudad, y normalmente quien es víctima de un delito se queda con su lesión, con su muerto, con su pérdida patrimonial. Cuando se atreve a denunciar el delito añade una situación de miedo y angustia, puesto que teme a la venganza de los delincuentes.
Es indispensable que las autoridades federales, estatales y municipales definan como prioridad una política de atención a las víctimas y a los sectores más vulnerables de la violencia, y se les dé la importancia necesaria a las áreas especializadas en realizar esta labor.
Existe una coordinación bastante desordenada entre funcionarios, entre todas las fuerzas que combaten, previenen y reaccionan ante el delito. Se reúnen una vez por semana, forman parte de la Mesa de Seguridad, discuten, toman acuerdos, a veces los cumplen, a veces no, pero todos entienden con puntualidad que deben reunirse y tratar de coordinarse y actuar conjuntamente.
El visitador de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con cinco años en el puesto, sólo ha asistido a una reunión colectiva con mis homólogos de atención a víctimas de la policía federal, de la policía estatal, de la Procuraduría General de la República y de las dependencias de apoyo a las mujeres. Eso única ocasión fue para un taller de perspectiva de género.
El presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de más de 10 millones de pesos anuales y el presupuesto para la Visitaduría de Atención a Víctimas es de 300 mil pesos anuales, menos del 3% del total, incluyendo el salario del visitador. En situaciones similares se encuentran los otros departamentos de atención a víctimas y las dependencias correspondientes.
No es un problema específicamente de algún funcionario, sino es de política pública de Estado. La verdad es que, según nuestra cultura, en México “la vida no vale nada” y a nadie le interesan las víctimas del delito.
Hay más de 7 mil homicidios acumulados sólo en Ciudad Juárez en el último lustro y estoy seguro de que a las víctimas sobrevivientes ni siquiera se les ha dedicado una llamada telefónica después de que recuperaron el cuerpo de su ser querido.
Es muy importante que se advierta esta circunstancia y esta situación, porque si bien es cierto que es imposible poner un policía junto a cada ciudadano, si los gobernantes comprendieran que las víctimas de los delitos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y angustia sin paralelo, ya habrían decidido políticas de atención urgente y prioritaria a este sector social.
La carencia de dicho enfoque explica las afirmaciones del gobernador exculpándose porque “Marisela no pidió ayuda” o que el señor Sandoval “no quiso a sus escoltas permanentemente”, lo cual contradicen los familiares del occiso.
Las autoridades consideran que la protección de las víctimas es una responsabilidad del particular, pero no, no es así señores. La atención y protección de las víctimas es de “muy alto interés público”; por cada víctima que cae hay miles de ciudadanos amedrentados y la protección a todos ellos no debe depender de sus solicitudes, sino de una decisión de autoridad. Si una persona está en riesgo hay que protegerla incluso en contra de sus opiniones, obligar a la víctima renuente a que haga un trámite formal para que no le retiren la protección. Aunque en ninguno de los casos citados aquí existe una solicitud firmada de “no protección”.
Que las muertes de Josefina Reyes, de Marisela Escobedo, de la familia Reyes Salazar, de la familia Sandoval, de tantos y tantos héroes anónimos no queden impunes. Ojalá finalmente tengan un resultado: obligar al gobierno federal y a los gobiernos locales a definir políticas públicas para apoyar eficazmente a las víctimas de los delitos. Por ahí habría que empezar.
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
Es evidente que las estrategias de seguridad pública para recuperar la paz en Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido insuficientes, cuando no fracasadas, y el argumento que se da es que la delincuencia está tan profunda y tan dispersa que no se sabe en dónde vaya a atacar. De ahí se deriva el argumento de que el Estado no puede asignarle un policía a cada ciudadano. Independientemente de lo discutible de este tipo de argumentos, queremos fijar nuestra atención en un punto más específico y concreto:
¿Cuál es la atención y protección que por protocolo se les brinda a las víctimas de un delito?
Desafortunadamente, las autoridades municipales, federales y estatales no han inscrito dentro de sus prioridades el brindar una efectiva atención y protección a las víctimas de los delitos. Demasiado ocupadas están estas autoridades de cada uno de esos niveles en tratar de frenar la ola delictiva y violenta que afecta a la ciudad, y normalmente quien es víctima de un delito se queda con su lesión, con su muerto, con su pérdida patrimonial. Cuando se atreve a denunciar el delito añade una situación de miedo y angustia, puesto que teme a la venganza de los delincuentes.
Es indispensable que las autoridades federales, estatales y municipales definan como prioridad una política de atención a las víctimas y a los sectores más vulnerables de la violencia, y se les dé la importancia necesaria a las áreas especializadas en realizar esta labor.
Existe una coordinación bastante desordenada entre funcionarios, entre todas las fuerzas que combaten, previenen y reaccionan ante el delito. Se reúnen una vez por semana, forman parte de la Mesa de Seguridad, discuten, toman acuerdos, a veces los cumplen, a veces no, pero todos entienden con puntualidad que deben reunirse y tratar de coordinarse y actuar conjuntamente.
El visitador de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con cinco años en el puesto, sólo ha asistido a una reunión colectiva con mis homólogos de atención a víctimas de la policía federal, de la policía estatal, de la Procuraduría General de la República y de las dependencias de apoyo a las mujeres. Eso única ocasión fue para un taller de perspectiva de género.
El presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de más de 10 millones de pesos anuales y el presupuesto para la Visitaduría de Atención a Víctimas es de 300 mil pesos anuales, menos del 3% del total, incluyendo el salario del visitador. En situaciones similares se encuentran los otros departamentos de atención a víctimas y las dependencias correspondientes.
No es un problema específicamente de algún funcionario, sino es de política pública de Estado. La verdad es que, según nuestra cultura, en México “la vida no vale nada” y a nadie le interesan las víctimas del delito.
Hay más de 7 mil homicidios acumulados sólo en Ciudad Juárez en el último lustro y estoy seguro de que a las víctimas sobrevivientes ni siquiera se les ha dedicado una llamada telefónica después de que recuperaron el cuerpo de su ser querido.
Es muy importante que se advierta esta circunstancia y esta situación, porque si bien es cierto que es imposible poner un policía junto a cada ciudadano, si los gobernantes comprendieran que las víctimas de los delitos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y angustia sin paralelo, ya habrían decidido políticas de atención urgente y prioritaria a este sector social.
La carencia de dicho enfoque explica las afirmaciones del gobernador exculpándose porque “Marisela no pidió ayuda” o que el señor Sandoval “no quiso a sus escoltas permanentemente”, lo cual contradicen los familiares del occiso.
Las autoridades consideran que la protección de las víctimas es una responsabilidad del particular, pero no, no es así señores. La atención y protección de las víctimas es de “muy alto interés público”; por cada víctima que cae hay miles de ciudadanos amedrentados y la protección a todos ellos no debe depender de sus solicitudes, sino de una decisión de autoridad. Si una persona está en riesgo hay que protegerla incluso en contra de sus opiniones, obligar a la víctima renuente a que haga un trámite formal para que no le retiren la protección. Aunque en ninguno de los casos citados aquí existe una solicitud firmada de “no protección”.
Que las muertes de Josefina Reyes, de Marisela Escobedo, de la familia Reyes Salazar, de la familia Sandoval, de tantos y tantos héroes anónimos no queden impunes. Ojalá finalmente tengan un resultado: obligar al gobierno federal y a los gobiernos locales a definir políticas públicas para apoyar eficazmente a las víctimas de los delitos. Por ahí habría que empezar.
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
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