Aristegui y la ética de la responsabilidad

Miguel Concha

El doctor Lorenzo Córdova Vianello, uno de los comentaristas de Carmen Aristegui en su noticiero estelar matutino, publicó el 20 de octubre en El Universal un artículo sobre la ética de la responsabilidad. En él, el también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recuerda, a propósito –entre otras cosas– de la falta de ética de los funcionarios públicos en la asignación de las frecuencias radioeléctricas y en la designación de los integrantes del Consejo General del IFE por la Cámara de Diputados, la distinción que Max Weber planteó desde 1919 entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Para el sociólogo alemán la primera se ajusta a principios y máximas que puede tener individualmente cada persona en el ámbito privado. La segunda, en cambio, toma en cuenta las repercusiones que pueda tener su acción en el ámbito público, lo que algunos autores también denominan como la responsabilidad antecedente. Ello no significa, aclara el jurista mexicano, que ambas se excluyan entre sí, y que conducirse según las propias convicciones sea equivalente a una falta de responsabilidad. O, al revés, que actuar responsablemente suponga claudicar de los principios en los que uno cree. Sino que dependiendo de la esfera de actuación de cada quien, el ámbito privado o el ámbito público, debe prevalecer la una sobre la otra, en razón de las consecuencias que se provoquen con nuestros actos.

El tema me saltó a la mente al analizar el texto que dio a conocer Carmen Aristegui el pasado miércoles en la Casa Lamm, en el que honestamente explica a la sociedad las verdaderas razones de su despido de la radioemisora que durante más de dos años se honró y se benefició de su excepcional trabajo. En él, Aristegui exige con toda justicia que se reivindique su integridad personal y profesional, lo que se podría colocar en el campo de la ética de la convicción, aunque también en el terreno de la responsabilidad moral de la estación de radio para con ella y la sociedad. Pero también, asumiendo las repercusiones más amplias que su salida del aire tiene en el trabajo de su equipo, en sus numerosas audiencias, y en la necesidad urgente que la sociedad mexicana tiene de seguir contando con información completa, veraz, oportuna y crítica, para poder decidir responsablemente sobre su destino sobre todo en las actuales circunstancias dramáticas del país, Carmen plantea generosamente a la radioemisora una salida digna, decorosa e inteligente para solucionar este desagradable entuerto, en el que MVS nos ha metido a todos.

Ahora que el gobierno federal ha declarado abiertamente que las decisiones en el ámbito de las telecomunicaciones se toman sin ninguna otra consideración, más que la concordancia con los principios de cobertura, convergencia y competencia, lo que esperamos que en el futuro sea cierto –en todo caso desde la sociedad le seguiremos exigiendo–, y aparentemente refrendado su compromiso con la libertad de expresión y de prensa, en un marco de pluralidad, bajo la convicción de que el ejercicio pleno de estas libertades revitaliza la democracia y fortalece las instituciones, pienso que ha llegado el momento para que la radioemisora actúe ahora responsablemente con la sociedad y sus propias audiencias. Es decir, rectificando con ello su error de cálculo, mostrándose tolerante, salvaguardando la integridad personal y profesional de Carmen, reinstalándola con su equipo en el noticiero matutino, y reivindicando así de paso su propia imagen. Por ello nos hacemos eco y nos sumamos a la carta abierta que ayer cientos de organizaciones y personas de todo el país dirigieron a los directivos de MVS (La Jornada, p. 13), invitándolos a recapacitar y reconsiderar con seriedad esta posibilidad.

“Este hecho –afirma con razón el desplegado– demostrará coherencia y compromiso con su audiencia. Asimismo, nos enriquecerá como sociedad moderna y tolerante, en la que el derecho a la información y a la libertad de expresión sean respetados. Consideramos que estos valores son imprescindibles en el México contemporáneo, sumido en la violencia y la desesperanza. Castigar por opinar no debe ser bandera de nadie”. Porque es esto precisamente lo que está en el fondo de este conflicto y de este debate: la libertad de expresión como derecho humano individual y colectivo, y el derecho a la información de las personas y de la sociedad como elemento fundamental en el que se basa la existencia de una sociedad realmente democrática.

Tiene razón el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) cuando expresó el pasado martes que la salida de Carmen Aristegui de MVS constituye otra forma de agresión, ciertamente más sutil, contra la libertad de expresión: la censura indirecta. Y que pone en el centro del debate de nuestro país la relación entre los medios y el poder político, la relación entre la ética y la transparencia de los medios, así como la relación laboral entre los dueños de los medios y los periodistas de México. Como también expresó Carmen el pasado miércoles, está también concernido el derecho de los periodistas a preguntar, y el derecho de la sociedad a saber sobre conductas o datos privados relacionados con la aptitud de los políticos en el desempeño de sus funciones, entre ellos su salud física y mental.

Así lo han determinado, a propósito de su intimidad, en varios casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Porfirio Muñoz Ledo

La mordaza

Mientras en el mundo árabe las sociedades toman las plazas y los jóvenes asumen la conducción del futuro, en México la ciudadanía pareciera paralizada por el terror y la indefensión. Sin ninguna garantía ni solución inmediata a la violencia física, la represión económica y la incompetencia de los gobernantes. Un precipicio sin frenos ni atenuantes.

Los regímenes más afectados por la corriente democrática del Oriente Medio, aunque todavía se aferran al poder, ofrecen distintos grados de apertura política para vacunarse contra los efectos expansivos del movimiento. Aquí en cambio, un Ejecutivo acorralado se exhibe inconsciente de la catástrofe y reacciona con gestos autoritarios, tan inútiles como obsoletos.

A semejanza del momento culminante de nuestra transición —1997— la Cámara de Diputados se coloca en el epicentro de la libertad. A pesar del trafique legislativo y del insolente “mandarinato” se erige en tribuna por antonomasia de la denuncia pública y en representación activa de la mayoría social. El fuero adquiere sentido cuando sirve de escudo protector a las voces emanadas del sufragio.

De ahí las maniobras oscuras con las que el duopolio parlamentario pretende imponer un reglamento mordaza, disfrazado de instrumento de “productividad legislativa” —como la reforma laboral de la derecha— que intenta conculcar prerrogativas irrenunciables de los diputados. Un acto administrativo, aún no consensuado, que contradice mandatos expresos de la Constitución y de la ley.

Cuando a las minorías numéricas del Congreso se les priva del derecho a legislar y se rechazan sus iniciativas sin razones válidas, el recinto se convierte en un campo de Agramante. Ante los oídos sordos y antenas silenciosas proliferan las contiendas verbales y las acciones contundentes que aspiran a honrar las expectativas de los electores, a riesgo de la deformación mediática.

El mayor peligro para un gobierno tambaleante y para los intereses que aún lo sostienen es el eco favorable que esas manifestaciones puedan tener en la radio y la televisión. Ese es el origen de la sanción draconiana impuesta a Carmen Aristegui, por intervención directa de la Presidencia de la República. Como “en los peores tiempos” del antiguo régimen, ha dicho la Asociación Mexicana del Derecho a la Información.

Las dos ocasiones anteriores en que la comunicadora vio suspendidos sus programas, se reveló que los cuestionamientos que realmente los originaron eran absolutamente ciertos, como los graves delitos de Marcial Maciel, ahora condenados hasta por el Vaticano. También que las emisoras —y hoy MVS— estaban en negociaciones con el gobierno.

La medida más saludable que habría de promoverse en la coyuntura sería el debate y aprobación de reformas constitucionales y legales sobre medios electrónicos, que pluralicen su funcionamiento, los rijan por valores democráticos y establezcan la sana distancia del Ejecutivo a través de un organismo autónomo responsable de regularlos. Es lo que nos proponemos hacer, argumentando la supuesta dictaminación obligatoria de las iniciativas.

El país vive los momentos más aciagos de su historia contemporánea: la proximidad de una intervención directa de Estados Unidos. Cuando las primeras filtraciones de WikiLeaks, lo advertimos sin ambages. Desde entonces, todas las declaraciones de los funcionarios norteamericanos van en el mismo sentido; incluyendo las del general que describió los planes intervencionistas, aunque luego se haya retractado en el más puro estilo delamadridiano.

La sociedad en su conjunto debiera reaccionar patrióticamente ante el peligro y los poderes públicos asumir las graves responsabilidades de su encargo. Calderón está obligado a expresarse con verdad ante el país y la comunidad internacional. Persistir en el ocultamiento y la autoafirmación pueril —así sea a caballo— sería la peor de las complicidades y de los suicidios.

Si careciese de la entereza y la dosis necesaria de autocrítica para proceder a una nueva convocatoria, debiera ceder el paso a un reemplazo constitucional del Ejecutivo que permitiera la instalación de un gobierno de salvación nacional. La palabra la tenemos todos, en términos irrevocables.
Diputado federal del PT