AMPAROS Y MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL
BOLETÍN
29 DE NOVIEMBRE DE 2012
Juristas aliados a sindicatos anuncian oposición a decreto de Calderón
La CNDH obligada a intervenir por violación a derechos humanos laborales
Con amparos masivos y una gran movilización podría revertirse
Por: Eduardo Miranda Esquivel,
Vocero de la Unión de Juristas de México
y ex Procurador General de la Defensa del Trabajo del DF
Celular 044553731-9665 unionjuristas@hotmail.com
La aprobación, promulgación y publicación de la reforma laboral será impugnada y combatida por la Unión de Juristas de México en unidad con organizaciones sindicales y de abogados del país, por transgredir derechos humanos laborales conquistados en más de un siglo y provocar la destrucción del empleo digno, el salario remunerador y el mercado interno nacional.
La reforma laboral decretada por el presidente Calderón mantiene mayores perjuicios que beneficios al país y a la clase trabajadora, además de que es violatoria del artículo 123 constitucional. ya que destruirá la estabilidad en el empleo, la jubilación y la seguridad social, al permitir la contratación precaria, los mil usos, el pago por horas y la facilidad del despido de las y los trabajadores.
La unión de juristas llama y convoca a las organizaciones sindicales y sociales a mantener la resistencia, la movilización y la oposición a dicha reforma, así como a preparar la lucha jurídica mediante los amparos laborales, la acción de inconstitucionalidad y la queja ante la CNDH y los organismos internacionales.
Consideramos que la CNDH está obligada a intervenir de oficio contra la reforma laboral, al evidenciarse una clara violación al orden constitucional mexicano y a lo previsto en los tratados internacionales de la OIT, así como, en los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Los amparos laborales contra la reforma podrán presentarse individual, grupal o colectivamente dentro de los 30 días hábiles siguientes al que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación, basados las y los mexicanos en un interés legitimo de preservación del orden constitucional y los derechos humanos y los trabajadores en un interés legitimo y jurídico que se derive de sus derechos adquiridos en el empleo.
Por su parte, la acción de inconstitucionalidad podrá presentarse 30 días naturales posteriores al acto reclamado, por las minorías parlamentarias del 33 por ciento del Congreso de la Unión o en su caso por la CNDH, quien está facultada para hacerlo, pero se requiere la presión social en virtud de su conducta proclive a congratularse con las barbaridades del régimen.
Los juristas mantendremos ante el nuevo presidente electo Peña Nieto nuestra postura crítica y combativa a su gobierno, así como nuestra oposición fundada y militante a las reformas estructurales lesivas a la nación y a los derechos de las y los trabajadores.
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