NACIONAL
CAMPAÑA DSyR DE LA JUVENTUD
Fueron amenazadas y temen denunciar: Ddeser
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
Cimacnoticias | México, DF.- La inseguridad en México alcanza a las comunidades más marginadas del país, como la región de La Montaña Baja de Guerrero, donde hace un par de semanas cuatro jóvenes indígenas fueron agredidas sexualmente por hombres armados.
Ellas temen denunciar ante las autoridades porque fueron amenazadas por los delincuentes, y tampoco quieren acudir a los servicios de salud para evitar que la población se entere, relató a Cimacnoticias Libni Dircio, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Guerrero.
La ex coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI) refirió que este caso es ejemplo de la inseguridad y violencia a la que están expuestas las habitantes de comunidades indígenas.
“Ellas iban por uno de los caminos de la comunidad (en la región de La Montaña Baja de Guerrero) cuando fueron agredidas por unos hombres que les dijeron que eran sicarios. Y las amenazaron con matarlas si se oponían”, narró la activista, quien omitió el nombre de la localidad, donde ocurrió la agresión para proteger a las sobrevivientes.
Las organizaciones ya informaron a las jóvenes acerca de la posibilidad de denunciar este delito, tipificado en el artículo 121 del Código Penal del estado, el cual establece que si hay un embarazo producto de violación pueden acceder al aborto legal.
Sin embargo, por temor, las víctimas aún no toman una decisión acerca de iniciar o no un proceso legal.
Libni Dircio mencionó que la violencia sexual afecta a las mujeres indígenas de todas las edades, pero se agrava en el caso de las niñas, adolescentes y jóvenes. Y en algunos casos los agresores son conocidos o son los mismos familiares.
CASO “MARÍA”
En el municipio guerrerense de Acatepec, la Red ha identificado “muchos casos” de violación sexual cometida en contra de niñas. “Se sabe cuando quedan embarazadas y son expulsadas de la escuela porque los maestros dicen que son un mal ejemplo para las demás estudiantes”, explicó la activista.
Tal es el caso de la indígena tlapaneca “María”, de 12 años de edad, quien fue violada y embarazada por su padrastro. Su caso no se denunció porque “el agresor amenazó a la mamá de la niña para que no lo hiciera”.
La menor de edad fue obligada a tener al producto. Y sigue viviendo con su mamá y su padrastro.
Dircio denunció que aunque la niña quisiera salir de ahí no lo puede hacer sin la autorización de la persona adulta a su cargo, y ocurre que por la dependencia económica con el agresor o porque las madres no tienen herramientas para salir del círculo de la violencia, siguen en esa situación.
La desprotección también es institucional, pues “no hay instancias que las protejan” de forma efectiva.
AGRESIONES IMPUNES
Por si fuera poco, cuando las mujeres indígenas acuden a las autoridades judiciales para denunciar que fueron víctimas de violencia sexual, son acusadas de provocar al agresor o de llevar una relación con esa persona.
“Las culpan de la violación o les dicen que esos hombres son sus amantes”, lamentó.
Dircio puso como ejemplo que han ocurrido violaciones sexuales en contra de mujeres que viven solas es espera de sus esposos migrantes. Y cuando ellas denuncian que sufrieron este delito, las autoridades cuestionan la acusación, “no les creen, dicen que lo inventaron para no ser juzgadas por la familia del marido”.
La desestimación de la denuncia es preocupante, añadió, debido a que el Ministerio Público está obligado a levantar la denuncia penal y canalizar a las víctimas a los servicios de salud, para que reciban la anticoncepción de emergencia y eviten un embarazo no deseado, así como un tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.
La nula impartición de justicia se debe a la falta de formación y sensibilización de los servidores públicos sobre los Derechos Humanos de las mujeres, pero también está vinculada a la corrupción.
“Si ella es pobre y el hombre tiene dinero, los comisarios le hacen caso a él porque les da ‘para su refresco’. Se arreglan entre hombres, se toman sus mezcales y todo olvidado”. Por lo que “no hay justicia para las mujeres”, lamentó.
Para modificar esta realidad es preciso promover los derechos de las mujeres en todos los espacios, desde las escuelas, la comunidad, y sobre todo entre el personal de salud y justicia, concluyó la líder guerrerense de Ddeser.
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