Jenaro Villamil
Javier Lozano, senador.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
Aunque
el caso del pago de 550 millones de pesos a Unefon por parte de la
administración pública ya había sido resuelto en 2008, la Secretaría de
la Función Pública (SFP) determinó en octubre de 2012 que Jorge Álvarez
Hoth, subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Fox, debía
devolver dicha cifra. Ahora, el 13 de mayo, la misma SFP absolvió al
exfuncionario al considerar la acusación “indebidamente fundada y
motivada”. Álvarez dice a Proceso: el verdadero responsable de las
anomalías del caso fue Javier Lozano, quien emprendió contra él una
vendetta política por haber apoyado a Santiago Creel en su precampaña
presidencial.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un nuevo caso de “justicia” al estilo calderonista, más cercano a la venganza y a la persecución política, fue enmendado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno peñista. La dependencia revocó el pasado 13 de mayo, por “notoriamente improcedente”, la sanción que la misma secretaría ordenó el 26 de octubre de 2012, 35 días antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, en contra de Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Vicente Fox.
La resolución original de la SFP dictaminó que el exfuncionario foxista debía pagar 550 millones de pesos y lo inhabilitó para ocupar cualquier cargo durante 10 años, al considerarlo responsable del “pago indebido” por la misma cantidad a la empresa telefónica Unefon, en noviembre de 2006.
Álvarez Hoth, excoordinador de la precampaña presidencial de Santiago Creel en 2012, decidió solicitar la revocación de la resolución el 16 de noviembre de 2012. Seis meses después, la SFP revocó la resolución emitida por el entonces director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, Alfonso Víctor Sáenz.
Lo paradójico es que el caso de Unefon, único en la historia de las telecomunicaciones del país, ya había sido resuelto mucho antes por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2008. En su informe sobre la cuenta pública, la ASF estableció que no hubo irregularidad en el pago de 550 millones de pesos a la empresa de telefonía inalámbrica, entonces propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y que el origen de la disputa con Unefon radicó en el otorgamiento “indebido y sin facultad para ello” de dos prórrogas autorizadas en 1998 y 1999 por el presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón, y por el titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes permitieron a la empresa diferir el pago de 80% de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos en el otorgamiento de 18 títulos de concesión (ver Proceso 1639 y 1642).
Salinas Pliego, en ese año, había insistido en el pago de los restantes 46 millones de pesos de un total de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.
En noviembre de 2009, la propia SFP absolvió al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, y también a Jorge Álvarez Hoth, por el pago de los 550 millones de pesos a Unefon.
Sin embargo, el 2 de agosto de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promovió un “juicio de lesividad” en contra de Álvarez Hoth. La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechó en marzo de 2012 esa demanda.
No contentos con dicha determinación, en octubre de 2012 el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio, y el entonces precandidato presidencial del PAN, Javier Lozano, promovieron ante la SFP otro procedimiento sancionador en contra de Álvarez Hoth argumentando “nuevas irregularidades” en el caso de Unefon.
Entrevistado por Proceso, Álvarez Hoth no dudó en considerar su caso como “un claro ejemplo del abuso de autoridad por parte de todos los integrantes del grupo calderonista”, y específicamente responsabilizó a Javier Lozano Alarcón, actual senador en rebeldía en contra del dirigente nacional panista Gustavo Madero, de esta “persecución y vendetta política”.
“Les gusté como chivo expiatorio. Lozano violó la ley y usó el poder como lo usa ahora para perseguir y condenar a todos los que no formen parte del núcleo claderonista”, advirtió Álvarez Hoth.
“Los voy a demandar penalmente y evalúo otras acciones legales correspondientes por daño moral, así como por daños y perjuicios. ¿Creen que me pasé seis años perseguido por los calderonistas y voy a dejarlos pasar así nomás?”, reviró el exsubsecretario foxista.
–¿Por qué revivieron el caso en octubre de 2012, a unos meses de que terminara el sexenio calderonista?
–La gota que derramó el vaso fue que ayudé a Santiago Creel en su campaña interna por la candidatura presidencial. Los calderonistas son excluyentes, mesiánicos. Creyeron que yo buscaba llegar al Congreso a través de una candidatura, y Lozano los convenció de detonar de nuevo el caso.
La “doble cara” de Lozano
Álvarez Hoth aún recuerda cuando Javier Lozano, en 2001, le pidió que lo ayudara ante la SFP por presuntas irregularidades en las licitaciones de unas bandas de 12 Mhz otorgadas en el sexenio de Ernesto Zedillo a favor del Grupo MVS.
“Fui a la Función Pública en 2001. Les expliqué que no hubo ninguna irregularidad. El trámite duró alrededor de tres años. Y Lozano hacía antesala en mi oficina para pedirme el favor”, rememoró.
La actitud de Lozano cambió cuando la ASF investigó y fue en contra de lo que la SCT había auditado en 2007. La ASF encontró que sí hubo irregularidades, pero no en el pago de 550 millones de pesos a Unefon, sino en el otorgamiento de las prórrogas al pago de contraprestaciones que debió hacer la empresa.
“Lozano pertenece al mismo grupo político y de interés que viene desde el sexenio zedillista y que se alió con los calderonistas. Ahí estaban el entonces titular de la SCT, Luis Téllez; el oficial mayor de la dependencia, Fernando Casanueva; el subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el responsable jurídico de la SCT, Gonzalo Martínez Pous”, actual comisionado de la Cofetel.
Álvarez Hoth reseñó que Lozano Alarcón también se alió con el Grupo Televisa para iniciar una persecución jurídica en contra de los funcionarios de la SCT en el sexenio foxista. A principios del calderonismo, Unefon y Ricardo Salinas Pliego medían la posibilidad de una alianza con Carlos Slim, el accionista de Telmex y Telcel, a la sazón enfrentado con el grupo de Emilio Azcárraga Jean en Televisa.
El origen del litigio con Unefon estuvo en las licitaciones de 1998, las primeras que entregó la Cofetel para telefonía móvil y fija inalámbricas para explotar durante 20 años. La Cofetel era presidida en aquel tiempo por Javier Lozano.
En octubre de 1998 y en marzo de 1999 Javier Lozano y Gonzalo Martínez Pous, en esa época director general adjunto de la SCT, autorizaron dos prórrogas irregulares a Unefon, en contra de las mismas bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar estas frecuencias (ver Proceso 1626). Las bases establecieron que las compañías ganadoras debían cubrir cuando menos 20% de la contraprestación, como pago inicial, y posteriormente el 80% restante.
El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, solicitó a Lozano la prórroga de 180 días para pagar el 80% restante. El pleno de Cofetel, sin facultades para ello, aprobó la primera prórroga el 1 de octubre, a cambio de que Unefon pagara una serie de intereses, como si se tratara de un crédito fiscal.
Unefon, entonces propiedad de Moisés Saba, no alcanzó a cubrir esa primera prórroga y solicitó otra. Aceptó que tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones de pesos, más 453 millones 681 mil pesos, en un oficio dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.
Lozano Alarcón emitió su opinión favorable y le otorgó una segunda prórroga a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo inédito en la historia de las telecomunicaciones, según la propia Auditoría Superior de la Federación. El acta de notificación estuvo firmada por Jorge Antonio Miranda, notificador; por Javier Sarro Cortina, a nombre de la empresa, y por Gonzalo Martínez Pous y Alfonso Varela González, quienes aparecen como testigos.
La ASF estableció en su dictamen de 2008:
“Se comprobó que la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., ahora Operadora Unefon, S.A. de C.V., resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 mil pesos por las concesiones, habiendo pagado, conforme a las bases de licitación, 602 millones 808 mil pesos, correspondientes al 20% de la contraprestación.
“Para el pago del 80% restante, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto, y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda, dependencia que, sin tener tampoco facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación.”
Durante el sexenio de Vicente Fox, Unefon emprendió una serie de demandas en tribunales y ejerció presiones políticas para reclamar el pago de 596 millones de pesos por la presunta irregularidad en los intereses establecidos en las dos prórrogas. En septiembre de 2006, el Sistema de Administración Tributaria ordenó al subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, que pagara a Unefon “con sus recursos” el monto litigado. El 30 de noviembre de 2006, último día del sexenio, la SCT pagó 550 millones de pesos a Unefon y quedaron 46 millones de pesos pendientes.
En junio de 2007, Unefon, ahora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, inició un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para reclamar el pago de los 46 millones de pesos restantes, así como de otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos”.
Las dos caras de la SFP
Con seis meses de diferencia, la Secretaría de la Función Pública sancionó por 550 millones de pesos a Jorge Álvarez Hoth en octubre de 2012, y en mayo de 2013 revocó esta misma sanción considerando “motivadas y fundadas” los alegatos del exsubsecretario de Comunicaciones.
La última estrategia jurídica del gobierno calderonista contra Álvarez Hoth fue acusar al exfuncionario de violar el artículo 72 del Código Fiscal de la Federación, en el que se asienta:
“Los funcionarios y empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones, conozcan de hechos y omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente, para no incurrir en responsabilidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.”
En su primera resolución, las autoridades de la SFP consideraron que Álvarez Hoth omitió informar al SAT del pago de los 550 millones de pesos a Unefon.
En su resolución del 13 de mayo, en los apartados cuarto y quinto, la SFP concluyó que fue “indebidamente fundada y motivada” la acusación de la presunta violación al artículo 72 del Código Fiscal de la Federación y que Álvarez Hoth sí comunicó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pago de los 550 millones de pesos a Unefon, a finales del sexenio foxista.
Álvarez Hoth concluyó que este caso es “el ejemplo de una persecución y vendetta política documentada” en el área de telecomunicaciones, durante el gobierno de Calderón.
–¿Por qué Lozano estaba interesado en emprender esta persecución?
–Porque él está implicado. Fue el responsable de otorgar dos prórrogas irregulares, violando las bases de licitación. Es evidente que eso fue amañado y que la empresa Unefon logró la devolución del dinero gracias a las decisiones de Lozano.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un nuevo caso de “justicia” al estilo calderonista, más cercano a la venganza y a la persecución política, fue enmendado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno peñista. La dependencia revocó el pasado 13 de mayo, por “notoriamente improcedente”, la sanción que la misma secretaría ordenó el 26 de octubre de 2012, 35 días antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, en contra de Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Vicente Fox.
La resolución original de la SFP dictaminó que el exfuncionario foxista debía pagar 550 millones de pesos y lo inhabilitó para ocupar cualquier cargo durante 10 años, al considerarlo responsable del “pago indebido” por la misma cantidad a la empresa telefónica Unefon, en noviembre de 2006.
Álvarez Hoth, excoordinador de la precampaña presidencial de Santiago Creel en 2012, decidió solicitar la revocación de la resolución el 16 de noviembre de 2012. Seis meses después, la SFP revocó la resolución emitida por el entonces director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, Alfonso Víctor Sáenz.
Lo paradójico es que el caso de Unefon, único en la historia de las telecomunicaciones del país, ya había sido resuelto mucho antes por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2008. En su informe sobre la cuenta pública, la ASF estableció que no hubo irregularidad en el pago de 550 millones de pesos a la empresa de telefonía inalámbrica, entonces propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y que el origen de la disputa con Unefon radicó en el otorgamiento “indebido y sin facultad para ello” de dos prórrogas autorizadas en 1998 y 1999 por el presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón, y por el titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes permitieron a la empresa diferir el pago de 80% de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos en el otorgamiento de 18 títulos de concesión (ver Proceso 1639 y 1642).
Salinas Pliego, en ese año, había insistido en el pago de los restantes 46 millones de pesos de un total de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.
En noviembre de 2009, la propia SFP absolvió al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, y también a Jorge Álvarez Hoth, por el pago de los 550 millones de pesos a Unefon.
Sin embargo, el 2 de agosto de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promovió un “juicio de lesividad” en contra de Álvarez Hoth. La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechó en marzo de 2012 esa demanda.
No contentos con dicha determinación, en octubre de 2012 el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio, y el entonces precandidato presidencial del PAN, Javier Lozano, promovieron ante la SFP otro procedimiento sancionador en contra de Álvarez Hoth argumentando “nuevas irregularidades” en el caso de Unefon.
Entrevistado por Proceso, Álvarez Hoth no dudó en considerar su caso como “un claro ejemplo del abuso de autoridad por parte de todos los integrantes del grupo calderonista”, y específicamente responsabilizó a Javier Lozano Alarcón, actual senador en rebeldía en contra del dirigente nacional panista Gustavo Madero, de esta “persecución y vendetta política”.
“Les gusté como chivo expiatorio. Lozano violó la ley y usó el poder como lo usa ahora para perseguir y condenar a todos los que no formen parte del núcleo claderonista”, advirtió Álvarez Hoth.
“Los voy a demandar penalmente y evalúo otras acciones legales correspondientes por daño moral, así como por daños y perjuicios. ¿Creen que me pasé seis años perseguido por los calderonistas y voy a dejarlos pasar así nomás?”, reviró el exsubsecretario foxista.
–¿Por qué revivieron el caso en octubre de 2012, a unos meses de que terminara el sexenio calderonista?
–La gota que derramó el vaso fue que ayudé a Santiago Creel en su campaña interna por la candidatura presidencial. Los calderonistas son excluyentes, mesiánicos. Creyeron que yo buscaba llegar al Congreso a través de una candidatura, y Lozano los convenció de detonar de nuevo el caso.
La “doble cara” de Lozano
Álvarez Hoth aún recuerda cuando Javier Lozano, en 2001, le pidió que lo ayudara ante la SFP por presuntas irregularidades en las licitaciones de unas bandas de 12 Mhz otorgadas en el sexenio de Ernesto Zedillo a favor del Grupo MVS.
“Fui a la Función Pública en 2001. Les expliqué que no hubo ninguna irregularidad. El trámite duró alrededor de tres años. Y Lozano hacía antesala en mi oficina para pedirme el favor”, rememoró.
La actitud de Lozano cambió cuando la ASF investigó y fue en contra de lo que la SCT había auditado en 2007. La ASF encontró que sí hubo irregularidades, pero no en el pago de 550 millones de pesos a Unefon, sino en el otorgamiento de las prórrogas al pago de contraprestaciones que debió hacer la empresa.
“Lozano pertenece al mismo grupo político y de interés que viene desde el sexenio zedillista y que se alió con los calderonistas. Ahí estaban el entonces titular de la SCT, Luis Téllez; el oficial mayor de la dependencia, Fernando Casanueva; el subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el responsable jurídico de la SCT, Gonzalo Martínez Pous”, actual comisionado de la Cofetel.
Álvarez Hoth reseñó que Lozano Alarcón también se alió con el Grupo Televisa para iniciar una persecución jurídica en contra de los funcionarios de la SCT en el sexenio foxista. A principios del calderonismo, Unefon y Ricardo Salinas Pliego medían la posibilidad de una alianza con Carlos Slim, el accionista de Telmex y Telcel, a la sazón enfrentado con el grupo de Emilio Azcárraga Jean en Televisa.
El origen del litigio con Unefon estuvo en las licitaciones de 1998, las primeras que entregó la Cofetel para telefonía móvil y fija inalámbricas para explotar durante 20 años. La Cofetel era presidida en aquel tiempo por Javier Lozano.
En octubre de 1998 y en marzo de 1999 Javier Lozano y Gonzalo Martínez Pous, en esa época director general adjunto de la SCT, autorizaron dos prórrogas irregulares a Unefon, en contra de las mismas bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar estas frecuencias (ver Proceso 1626). Las bases establecieron que las compañías ganadoras debían cubrir cuando menos 20% de la contraprestación, como pago inicial, y posteriormente el 80% restante.
El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, solicitó a Lozano la prórroga de 180 días para pagar el 80% restante. El pleno de Cofetel, sin facultades para ello, aprobó la primera prórroga el 1 de octubre, a cambio de que Unefon pagara una serie de intereses, como si se tratara de un crédito fiscal.
Unefon, entonces propiedad de Moisés Saba, no alcanzó a cubrir esa primera prórroga y solicitó otra. Aceptó que tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones de pesos, más 453 millones 681 mil pesos, en un oficio dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.
Lozano Alarcón emitió su opinión favorable y le otorgó una segunda prórroga a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo inédito en la historia de las telecomunicaciones, según la propia Auditoría Superior de la Federación. El acta de notificación estuvo firmada por Jorge Antonio Miranda, notificador; por Javier Sarro Cortina, a nombre de la empresa, y por Gonzalo Martínez Pous y Alfonso Varela González, quienes aparecen como testigos.
La ASF estableció en su dictamen de 2008:
“Se comprobó que la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V., ahora Operadora Unefon, S.A. de C.V., resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 mil pesos por las concesiones, habiendo pagado, conforme a las bases de licitación, 602 millones 808 mil pesos, correspondientes al 20% de la contraprestación.
“Para el pago del 80% restante, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto, y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda, dependencia que, sin tener tampoco facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación.”
Durante el sexenio de Vicente Fox, Unefon emprendió una serie de demandas en tribunales y ejerció presiones políticas para reclamar el pago de 596 millones de pesos por la presunta irregularidad en los intereses establecidos en las dos prórrogas. En septiembre de 2006, el Sistema de Administración Tributaria ordenó al subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, que pagara a Unefon “con sus recursos” el monto litigado. El 30 de noviembre de 2006, último día del sexenio, la SCT pagó 550 millones de pesos a Unefon y quedaron 46 millones de pesos pendientes.
En junio de 2007, Unefon, ahora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, inició un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para reclamar el pago de los 46 millones de pesos restantes, así como de otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos”.
Las dos caras de la SFP
Con seis meses de diferencia, la Secretaría de la Función Pública sancionó por 550 millones de pesos a Jorge Álvarez Hoth en octubre de 2012, y en mayo de 2013 revocó esta misma sanción considerando “motivadas y fundadas” los alegatos del exsubsecretario de Comunicaciones.
La última estrategia jurídica del gobierno calderonista contra Álvarez Hoth fue acusar al exfuncionario de violar el artículo 72 del Código Fiscal de la Federación, en el que se asienta:
“Los funcionarios y empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones, conozcan de hechos y omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente, para no incurrir en responsabilidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.”
En su primera resolución, las autoridades de la SFP consideraron que Álvarez Hoth omitió informar al SAT del pago de los 550 millones de pesos a Unefon.
En su resolución del 13 de mayo, en los apartados cuarto y quinto, la SFP concluyó que fue “indebidamente fundada y motivada” la acusación de la presunta violación al artículo 72 del Código Fiscal de la Federación y que Álvarez Hoth sí comunicó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pago de los 550 millones de pesos a Unefon, a finales del sexenio foxista.
Álvarez Hoth concluyó que este caso es “el ejemplo de una persecución y vendetta política documentada” en el área de telecomunicaciones, durante el gobierno de Calderón.
–¿Por qué Lozano estaba interesado en emprender esta persecución?
–Porque él está implicado. Fue el responsable de otorgar dos prórrogas irregulares, violando las bases de licitación. Es evidente que eso fue amañado y que la empresa Unefon logró la devolución del dinero gracias a las decisiones de Lozano.
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