Carlos Fazio
Todo
indica que Michoacán será otra vez el laboratorio de la política de
(in)seguridad del régimen. El 1º de agosto, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció que el gobierno federal
entrará en plenoa esa entidad para combatir
municipio por municipio, comunidad por comunidada los grupos de la economía criminal. Garantizó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal continuarán en ese estado
hasta devolver la paz y la tranquilidada los michoacanos. Dado que el antónimo de paz es guerra, el
rescatede Michoacán se hará en clave militar. Y como su antecesor Felipe Calderón, Enrique Peña impulsa ahora una política de
recuperación de territoriosde manos de la criminalidad; aunque, como dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no habrá
milagros.
A simple vista parece un cambio de estrategia que rompe con la
narrativa que venía ensayando el gobierno, discurso propagandístico que
priorizaba las tareas de
investigacióne
inteligenciafrente al uso de la violencia estatal en el combate a la delincuencia. Apenas dos días antes (30 de julio), durante un acto de premiación a oficiales de las fuerzas armadas, había dicho Peña:
En el gobierno de la República estamos privilegiando el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza. Una nueva narrativa que, en su afán por desmarcarse de la catástrofe humanitaria generada por la
guerrade Calderón, reivindicaba la unidad y la coordinación interinstitucionales (federal/estatal) y el respeto a los derechos humanos, en el marco de una estrategia de deliberado ocultamiento de los hechos de violencia, destinada a crear entre la población la percepción de que ésta está bajando.
El
plan Bdel Ejecutivo podría conducir al mismo pecado original que su equipo atribuyó a Calderón: que las disputas de poder generaron una falta de coordinación entre los miembros del gabinete de seguridad nacional. Pero cabe consignar que si algo existió −y hasta en exceso− bajo el régimen de Calderón, fue inteligencia. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y otros servicios han venido contando con sofisticados aparatos y personal entrenado y capacitado para desarrollar labores de investigación, inteligencia y espionaje interno. El problema es otro y tiene que ver con el uso y los fines de la información de inteligencia.
Al respecto, los papeles de Wikileaks y el caso Snowden han venido a confirmar lo señalado de manera temprana en La Jornada sobre la presencia, por ejemplo, de compañías como Verint Technology Inc aquí (ver
El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía, 21/7/07, y
La intervención va, 22/8/11, C. Fazio). El caso Verint remite a la instalación, en 2007 (a un par de meses de la llegada de Calderón a Los Pinos), de un equipo para
interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México.
Licitado por el Departamento de Estado estadunidense como parte de
la avanzada de la Iniciativa Mérida (septiembre 2007) y destinado a la
Procuraduría General de la República (PGR) del entonces titular Eduardo
Medina Mora (ex Cisen y actual embajador en Washington), el equipo fue
operado a discreción por Genaro García Luna al mando de la desaparecida
Secretaría de Seguridad Pública. Su misión era monitorear o
captartodas las comunicaciones privadas (correos, chats y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas), lo que incluía, a pedido de García Luna, la intercepción de todas las llamadas de Telmex, Telcel, Nextel, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
Equipos
de intrusión similares fueron adquiridos por el Cisen (el servicio de
inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de
México), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la
PGR (al final de la gestión de Marisela Morales, actual cónsul en
Milán, la dependencia compró a la firma Obses el software
FinFisher/Finspy, para grabar conversaciones de teléfonos inteligentes,
tipo Blackberry).
La ganancia para Washington fue la penetración de los distintos
organismos de inteligencia del Estado mexicano con la anuencia de
Felipe Calderón, quien incluso permitió la instalación aquí de la
llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), bajo control
estadunidense, con sus tres oficinas
satélitesen Tijuana, Ciudad Juárez y en la base militar de Escobedo, Nuevo León. Con el agravante de que Washington no sólo ha venido obteniendo información de inteligencia en tiempo real en el territorio nacional −en abierta violación de la soberanía de México−, sino que además utiliza sistemas de espionaje con lenguajes encriptados, a lo que se suma información recabada vía satélite y drones (aviones no tripulados) sobre temas militares, energéticos y de los grupos de la economía criminal.
De vieja data, la sistemática vigilancia furtiva de instituciones,
funcionarios y ciudadanos mexicanos por diversas agencias
estadunidenses −reveladas y documentadas en julio por el ex asesor
externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en
inglés), Edward Snowden− permite concluir que el Pentágono, la CIA, la
DEA, la FBI y otras instancias tienen cuadriculado el territorio y
cuentan con información suficiente que, suministrada a sus contrapartes
locales, permitiría desarticular a los grupos criminales que hoy
controlanterritorios y tienen al país en
guerra, amén de que los aparatos de seguridad del Estado mexicano también cuentan con sofisticados sistemas de espionaje.
Ergo, inteligencia sobra y recursos también. La pregunta es por qué
no se usan. ¿Será porque sólo se busca −hoy, como antaño− administrar
los lucrativos negocios de la economía criminal, vinculada con
megaproyectos, la minería, el agua y la tala clandestina? Con anuencia
de Washington, ¿se inicia en Michoacán el nuevo reparto de la narco-para-política bajo el régimen de Enrique Peña?
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