Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- El GDF carece de personal jurídico suficiente para encargarse de los miles de juicios por pensión alimenticia que interponen las capitalinas cada año.
Al vía crucis que padecen miles de mujeres al entablar una demanda por pensión alimenticia, se suma la sobredemanda en los juzgados cuyos abogados no se dan abasto para resolver las demandas, y por tanto quedan desprotegidas las capitalinas que no pueden pagar un defensor privado.
La Consejería Jurídica, instancia dependiente del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con una Defensoría de Oficio y Orientación Ciudadana, cuyo personal brinda asesoría y representa a las mujeres de manera gratuita.
Cada mañana, en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) se observan largas filas de mujeres que van a interponer demandas en materia familiar, según constató Cimacnoticias en un recorrido. Al día se reparten de 10 a 40 fichas y quienes no alcanzan a ser atendidas tienen que regresar en varias ocasiones.
Y es que los casos parecen rebasar la capacidad de los defensores. Las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que para 2011 en el DF se registraron 5 mil 4 pensiones para hijos y otras 293 para hijos y esposas.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- El Pleno del Congreso del estado de Oaxaca analizará la legislación local, para plantear reformas que permitan sancionar de manera adecuada la violencia sexual contra las mujeres en la entidad.
En la sesión de pasado jueves y por mayoría de votos se aprobó la adhesión al exhorto realizado en febrero pasado por el Senado a los congresos estatales, para revisar “los códigos y tipos penales con la finalidad de armonizar los preceptos legales” que sancionen este tipo de violencia.
En febrero, a raíz de las agresiones sexuales contra seis turistas españolas en Acapulco, Guerrero, el Senado enfatizó en la necesidad de penalizar la violencia sexual contra las mujeres con base en los tratados y normas internacionales ratificados por México.
El pasado jueves, las comisiones unidas de Administración de Justicia, Equidad de Género y Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca presentaron ante el Pleno un dictamen que fue aprobado por mayoría de votos.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Activistas, académicas y feministas como Julia Monarrez, Gloria Careaga y Patria Jiménez, llamaron a los magistrados de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) emitan una sentencia con enfoque de género en el caso de Clara Tapia Herrera, presa desde hace casi dos años por el delito de “corrupción de menores”.
A ellas se sumaron organizaciones como la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres y el Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las cuales pidieron a las magistradas Irma Guadalupe García Mendoza y Rosalinda Sánchez Campos, y al magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, sentar un precedente a favor de las mujeres víctimas de violencia.
Este miércoles la Octava Sala Penal del TSJDF analizará el caso de Clara, ex pareja de Jorge Antonio Iniestra Salas –conocido como el Monstruo de Iztapalapa–, para determinar si el juez Casiano Carlos Morales García debe valorar la pertinencia de dejarla en libertad, en un caso en el que ella pasó de víctima de violencia a “victimaria” en contra de sus tres hijos, según el fallo judicial.
En una carta abierta, las organizaciones civiles y las expertas recordaron que el próximo 6 de septiembre Clara cumplirá dos años de estar injustamente presa acusada de “corrupción de menores por omisión”, es decir, por no haber impedido que Iniestra Salas la despojara de su dinero y bienes, violara a sus dos hijas (una de ellas asesinada), y golpeara y explotara laboralmente a su hijo.
Por: Aída Suárez Chávez e Itzel Fernández García
Cimacnoticias | Pachuca.- A sus 15 años, Laura sabe, por sus amigas, que para no tener compromiso pero sí para recibir besos y caricias, lo mejor es tener un “free” (sexo libre). Se dice experimentada en eso, pero lo que no hace es informarse sobre el uso de métodos anticonceptivos porque piensa que no le pasará nada.
Vive en Tizayuca, una población muy cercana a Pachuca, capital del estado de Hidalgo, y también de la Ciudad de México. Un municipio que ha crecido ampliamente y que lo mismo alberga a habitantes de zonas rurales, como inmigrantes de otras ciudades.
Laura egresó de la secundaria y está lista para ingresar al bachillerato; piensa que seguir estudiando le dará un trabajo seguro más adelante. Mientras tanto, mantiene una “no-relación” con jóvenes de su edad. No tiene “exclusividad” con ninguno. Dice sentirse libre porque así evita el control o celos de un novio.
Quiere disfrutar del erotismo y de su sexualidad, sin embargo desconoce sus derechos sexuales y reproductivos, pero eso sí, no quiere tener hijos a temprana edad.
Antonieta Rivera, trabajadora social de la subdirección de Equidad de Género del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), expone que el “free” es ahora muy común entre adolescentes y jóvenes porque consideran que de esta forma “serán libres y sin compromisos”, pero ejerciendo su sexualidad. “Son modismos para decir que están teniendo relaciones sexuales”, precisa.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- En casi dos años se sumaron 29 personas al Registro de Deudores Alimenticios Morosos (Redam), una base de datos que se creó en agosto de 2011 para exhibir a los padres que adeudan tres o más meses de pensión alimenticia para sus hijas o hijos.
En 2011 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el Código Civil para el Distrito Federal con lo que se creó un registro a cargo del Registro Civil, que sirve de apoyo y como una forma de hacer cumplir los procedimientos jurídicos por alimentos.
Sin embargo, hasta ahora poco se sabe sobre el funcionamiento del Redam pues aunque el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Núñez, afirma que es público y se puede consultar, no hay indicios de la base de datos en la página web del Registro Civil.
El funcionario explica que este registro es útil porque funciona como una exhibición moral de los padres que incumplen su obligación de brindar alimentos a sus hijos. Agrega que a largo plazo puede crear un efecto negativo y disminuir el número de padres morosos.
Según la ley, a petición del Juez de lo Familiar, o en su caso de una sentencia o un acuerdo conciliatorio, los jueces del Registro Civil deben anotar a las personas en esta lista cuando hayan incurrido en morosidad o en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
El espíritu de las reformas aprobadas por la ALDF fue obligar a los padres a cumplir con la pensión alimenticia. La idea era que una vez que la persona estuviera inscrita en el registro, los patrones del deudor informaran al juez sobre la relación laboral, el sueldo y el puesto.
Con esos datos se tendrían elementos para que los jueces verificaran si no se estaba dando el pago de la pensión por una causa justificada, o de lo contrario, llamar a los padres para hacerlos cumplir su responsabilidad.
Por: Marta Sigarán, corresponsal
Cimacnoticias | San Salvador.- En el trance de las madres migrantes por recuperar a sus hijas e hijos que se quedaron en sus países de origen, centenares de menores de edad intentan llegar a Estados Unidos de manera irregular y sufren vejaciones, maltratos, caen en redes de trata, o incluso pierden la vida.
Roxana, salvadoreña de 30 años, vive en EU desde 2005. A su hijo de dos años lo dejó al cuidado de su vecina Ester en tanto juntaba el dinero para pagar su traslado a la Unión Americana.
En 2007, Roxana le pidió a Ester que trasladara a su hijo a EU. Para ello, la mujer contrató a un “coyote” (traficante de personas).
En la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, en México, Ester fue detenida por tráfico de menores y el niño deportado a El Salvador. La vecina de Roxana pasó cuatro años en la cárcel en México antes de ser enviada al país centroamericano.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- El gobierno cubano se niega a reconocer el clima de violencia en el que viven las mujeres de ese país, especialmente la grave problemática de trata y explotación sexual que enfrentan miles de cubanas.
La semana pasada el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) dio a conocer las conclusiones del informe presentado por La Habana ante el organismo internacional.
El Comité, cuyo objetivo es dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Convención por parte de los Estados miembro de Naciones Unidas, manifestó su preocupación de que Cuba no reconozca “la existencia ni de la explotación, ni de la ‘prostitución’ ni de la trata de personas”.
Sumado a ello, agregó el Comité, hay una “falta de protección y servicios disponibles para las víctimas de esa explotación”, que podría realizarse con programas de refugios y rehabilitación.
En conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, Olinda Barrero Ruiz, integrante del Comité de la CEDAW y responsable de dar a conocer las conclusiones, agregó que no son suficientes los argumentos presentados por las autoridades cubanas.
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