DERECHOS HUMANOS
Lleva 2 años presa injustamente por “corrupción de menores”
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se alista para analizar el caso de Clara Tapia Herrera –mujer encarcelada por el delito de corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo–, por lo que se abre la posibilidad de que obtenga su libertad.
Fuentes del TSJDF confirmaron que los magistrados Irma Guadalupe García Mendoza, Rosalinda Sánchez Campos y José Guadalupe Carrera Domínguez consideran que la situación de Clara es de “trascendencia y alto impacto social”, por lo que se prevé que en agosto próximo debatan el asunto.
En julio de 2011 Clara denunció a su ex pareja Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”, y quien retuvo por la fuerza y abusó sexualmente de sus hijas Gabriela y Rebeca, además de que sometió a trabajos forzados y golpes a su hijo Ricardo. Los tres menores de edad fueron maltratados durante seis años.
En septiembre de 2011 personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) llamó por teléfono a Clara para pedirle que fuera a reconocer a los detenidos por los delitos que denunció. Cuando ella llegó al lugar fue detenida como supuesta “cómplice” de Iniestra Salas, y acusada de corrupción de menores y violencia intrafamiliar.
Desde entonces está recluida, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y actualmente en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, al sur de esta ciudad.
Sus defensores de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) han emprendido una batalla legal para demostrar su inocencia y liberarla.
Como parte del proceso jurídico, la abogada Karla Micheel Salas explicó a esta agencia que tras la ampliación de declaraciones de Gabriela y Ricardo se desprende que Clara no conoció los hechos realizados por el agresor.
Su otra hija, Rebeca, fue asesinada por Iniestra Salas junto con una bebé, producto de una violación, que ella procreó en cautiverio.
En esa declaración, de febrero de 2012, Gabriela y Ricardo dijeron que Clara no se enteró de las vejaciones porque éstas ocurrían cuando ella no estaba en casa, y porque Iniestra Salas manipuló a las niñas para hacerles creer que el abuso sexual era algo “normal y por amor”.
Con estas evidencias, los abogados de la ANAD pidieron al juez Casiano Carlos Morales García que analizara que la PGJDF usó como pruebas para encarcelar a Clara las declaraciones de sus hijos, que en un primer momento la señalaron como cómplice, pero que tras el apoyo psicológico reconocieron que también fue víctima.
En enero pasado Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez interpusieron un recurso jurídico ante el juez para que valorara que las acusaciones se habían desvanecido durante el proceso, y que por tanto debía dejar en libertad a Clara.
Sin embargo, en febrero pasado el juez resolvió que no era procedente la libertad por desvanecimiento de datos como lo pidió la defensa de la acusada, porque aseguró que las pruebas aportadas serían valoradas una vez que se dictara la sentencia; por tanto la acusada tendría que seguir en prisión.
Ante la negativa del juez, en marzo pasado los abogados presentaron un amparo ante la Sala Octava del TSJDF, que podría analizar el caso en semanas próximas y determinar que el juez Morales García tiene razón, o bien ordenarle que entre al fondo del asunto, lo que no hizo en un primer momento
La abogada Micheel Salas confió en que haya una repuesta positiva de los magistrados, ya que en febrero de 2012 dictaron una resolución en la que sostuvieron que Clara debía ser considerada víctima de actos violentos porque fue sacada de su casa, se le restringió el vestido, la comida, y se le condicionó la información sobre sus hijas a cambio de dinero.
En caso de que los magistrados den la razón a la defensa, el juez estaría obligado a determinar si en efecto ya no hay pruebas acusatorias contra Clara y por tanto dejarla en libertad, o por otra parte decir que las pruebas existen y que son suficiente para condenarla a prisión. Se prevé que la discusión sea en agosto próximo.
13/AGM/RMB
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