Por: Cecilia Balderas /
15 julio, 2015
(15 de julio, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra (FPDT) denunciaron diversas irregularidades en que ha incurrido
el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (CAICM) –mismo que además consideran inviable por las
condiciones de la zona en que pretender realizarse- que incluye el
probable conflicto de intereses por parte de la empresa que realizó el
estudio de impacto ambiental, misma que fue fundada por Rodolfo Lacy
Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ricardo Lagunes, abogado que lleva el
caso, señaló que el despacho denominado “Especialistas Ambientales S.A.
de C.V.”, fue el encargado de hacer la propuesta del manifiesto de
impacto ambiental a la Semarnat, mismo que fue presentado y
posteriormente aprobado por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental
de la dependencia.
El FPDT se percató de la relación entre
el funcionario público y la consultoría a finales de 2014, mientras
analizaba el documento aprobado por la Semarnat, elementos que según el
litigante, podrían dar margen para interponer acciones legales en
contra de Lacy y solicitó a las autoridades competentes realizar las
investigaciones que el caso amerite y aplicar las debidas sanciones a
la empresa que además, ha elaborado otros manifiestos de impacto
ambiental; por ejemplo, para Eólicas del Sur, en el Istmo de
Tehuantepec, también, con un cúmulo de irregularidades.
De acuerdo a los vecinos de la zona de
Atenco, el documento incluye “una serie de omisiones y debilidades no
solamente en el tema de flora y fauna, que es un elemento fundamental
en la construcción de aeropuertos ya que además de ser una ruta de paso
obligado para las aves migratorias y con un alta densidad, las
autoridades deben asegurarse que no habrá riesgo de impacto aviario con
los aviones y en el manifiesto aprobado por la Semarnat, no está
garantizado, por lo que prácticamente se expidió un cheque en blanco”,
explicó el litigante.
El documento también carece de
estrategias que permitan saber de qué manera se evitarían los riesgos
de inundación y qué pasará con el manejo del agua que se concentra en
la zona, que es regulador natural hacia donde corren miles de metros
cúbicos que pueden desviarse hacia decenas de comunidades aledañas e
incluso, parte de la Ciudad de México.
“La cuestión del agua es muy
importante, no solamente por el riesgo de inundación, sino para
garantizar el acceso y suministro a la región; el manifiesto de impacto
ambiental señala que se reducirá un 70 % de consumo de agua en
comparación con el aeropuerto actual, pero no dice cómo va a ser ese
ahorro”, agregó Lagunes.
Niega Estado mexicano derecho a consulta
El pasado ocho de julio, el gobierno
federal anunció la licitación de 21 paquetes de obras para iniciar la
construcción del nuevo aeropuerto, mismo que tiene diversas etapas y
que se iniciaría con cuestiones técnicas como la nivelación del
terreno, la instalación de drenajes pluviales y sanitarios, cimentación
de terminal, sistema eléctrico y subestación eléctrica, así como las
pistas dos, tres y seis; la torre de control y el centro de control.
Los vecinos de la zona argumentaron que
el NAICM está condenado al fracaso, pues el territorio donde se
pretende construir tiene por vocación ser el punto más profundo de una
cuenca y por ello, naturalmente un espacio inundable, por lo que más
temprano que tarde el agua reclamará su lugar, evidenciando así que la
obra sexenal más importante de Peña Nieto, es “un elefante blanco”.
El FPDT ha interpuesto varios alegatos
por la vía legal en la defensa de su territorio. En enero pasado,
habitantes de por lo menos cinco comunidades de la zona interpusieron
una demanda de amparo en contra del mega proyecto, por considerarlo
inconstitucional y violatorio de sus derechos humanos y del medio
ambiente.
Dicha demanda fue turnada al Juez
Noveno de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl, estado de México;
sin embargo, este desechó la demanda al calificarla de “extemporánea”,
lo que motivó que los quejosos interpusieran un recurso de queja que
fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado el 12 de marzo y se
admitió la demanda de amparo.
A pesar de que los vecinos de la zona
han manifestado ante el Juez Noveno que la construcción del NAICM viola
derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales
en materia de derechos humanos, este se ha negado a suspender los
actos, argumentando que la realización de la obra “es de orden público
e interés social”
Ante la negativa se suspensión, se
interpuso un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Segundo
Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl, bajo el número 177/2015; la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya
analiza la posibilidad de atraer el caso, por lo que ordenó al Segundo
Tribunal no resolver hasta que esta se pronuncie sobre el tema.
Sin embargo, quienes suscribieron la
demanda de amparo lo hicieron en el ejercicio de sus derechos
constitucionales y para que se proteja su derecho a la salud, a la
vida, al medio ambiente sano y a una consulta libre, previa e informada
como pueblos originarios; pero el Estado mexicano ha controvertido este
último tema con lo que pretende negarles este derecho.
“Pretende soslayarlos, ignorarlos,
desconocer su identidad cultural aunque se han presentado peritajes en
materia de antropología para robustecer y corroborar que no es una mera
argumentación dilatoria, sino que va en el sentido de que el Estado
respete los tratados internacionales y el artículo 2 Constitucional”,
explicó el abogado.
El gobierno de Peña Nieto arguye que
los habitantes de la zona no son pueblos originarios -esgrimiendo un
argumento del siglo XIX- porque no hablan alguna lengua materna, lo que
desmintieron los mismos pobladores al hablar náhuatl; que ni la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) o el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), tienen registro, en la
región, de asentamientos de pueblos indígenas.
Ricardo Lagunes cuestionó por qué debe
prevalecer el interés del Estado en la construcción de la obra y en
detrimento de los de la ciudadanía, por lo que solicitó a los ministros
de la SCJN dictar la suspensión de la construcción del nuevo
aeropuerto, que consideran es un “parásito que absorbe y chupa la
sangre”, además del riesgo de que haya un “etnocidio” en la zona,
aunque los vecinos de la zona son conscientes de que esta, será una
decisión política.
La tierra sólo tiene un precio: el de la sangre
Jorge Espinoza, indígena de más de 70
años, oriundo de la comunidad de Tecuila, en Texcoco, está dispuesto a
morir defendiendo la tierra que heredó de sus padres, estos de sus
abuelos y ellos, de sus bisabuelos, luego de una larga lucha por un
legado: un surco donde sembrar.
“Para mí la tierra tiene solamente un
precio, el de la sangre y no está en venta. Que nos oigan bien
claro…licitación quiere decir subasta, robo. La tierra no se vende, se
ama y se defiende, me niego a entregarla aunque tenga que morirme en
ella. Ese proyecto lo único que va a venir a ocasionar es muerte,
destrucción y esclavitud; la mentalidad que tiene Peña Nieto es la de
Porfirio Díaz”, dijo el anciano.
Aida Juárez Olivares, representante de
los jóvenes de Acolman y otros pueblos vecinos, declaró que la
construcción del NAICM es una “necrópolis” que incluye la imposición de
unidades habitacionales, zonas industriales, vías de comunicación,
corredores turísticos y la denominación de pueblos mágicos, con la que
además se incrementan sustancialmente los cobros de prediales.
“Tenemos miedo de que nuestros hijos,
nuestros nietos, si es que aún no nos hemos acabado el planeta, ya no
conozcan las especies; tenemos miedo y estamos muy indignados de que
pretendan quitarnos el azadón por darnos una escoba con esos empleos
temporales que ofrecen y sin ninguna especie de prestaciones y derechos
laborales. Esta avanzada, es en contra de la humanidad y de vida. Vamos
a luchar y a entregar nuestra vida, pero luchando”, sentenció la joven
mexiquense.
En su participación, Mitzi Barrera,
originaria de la comunidad de Texcoco, recalcó que los vecinos de la
zona, “no damos un paso atrás, no van a poder con nosotros. No somos
una mercancía”.
Vecinos de San Salvador Atenco
agregaron que “la tierra es nuestra madre, es la que nos da de comer y
por ella vivimos; nosotros no negociamos con ninguna empresa ni le
pedimos nada al gobierno ni a los empresarios. No queremos su sucio
dinero, sólo queremos nuestra tierra y que nos dejen en paz; queremos
vivir nuestras vidas como antes del 2001 cuando vivíamos felices”.
Adán Esperanza, integrante del FPDT
denunció que Peña Nieto quiere imponer la construcción del aeropuerto a
través de violencia y sangre, “está haciendo todo lo posible por
despojarnos a través de las licitaciones que anunció porque, a pesar de
que hay un amparo, no debería proceder nada en términos legales hasta
que se resuelva, pero no lo vamos a permitir. No al aeropuerto”.
Y al grito de “ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles”, concluyó el mensaje.
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