Enfrentan violencia por parte de transnacionales
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relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación
de las personas Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.
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En agosto de 2014 el Congreso mexicano aprobó la creación de 9 leyes y
la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos,
electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la
inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían
beneficios económicos y empleos a las comunidades indígenas donde se
asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de
progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.
Ejemplo de esta realidad es Oaxaca, donde las mujeres son violentadas,
difamadas y amenazadas por organizarse para defender sus tierras ante la
expansión de 21 parques eólicos, asentados principalmente en la zona
indígena del Istmo de Tehuantepec, donde la mayor parte de la tierra es
propiedad comunal.
Esta información se presentó ante el relator Especial de Naciones Unidas
sobre la situación de las personas Defensores de Derechos Humanos,
Michel Forst, quien del 16 al 24 de enero está en el país para
documentar la situación que viven las y los activistas mexicanos.
AMENAZAS EMPRESARIALES
Tras la reforma enérgica aumentó la represión contra indígenas que no
quieren ceder, vender o rentar sus tierras, afirmó en entrevista con
Cimacnoticias, la integrante del Área de Justicia Transnacional de la
organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC) Elena Villafuerte, quien compaña a activistas oaxaqueñas.
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos
Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a
defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38 por ciento) fueron contra
activistas que defienden la tierra-territorio.
A partir de 2014 –cuando entraron en vigor las leyes secundarias de la
reforma energética–, la organización Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca, documentó 172 agresiones a personas
defensoras, cifra superior a la registrada en 2012 cuando se
contabilizaron 48 casos.
Los datos de esta agrupación indican que los ataques a defensoras de la
tierra, el territorio y los recursos naturales se incrementaron entre
2013 y 2015. Mientras que en el primer año representaron 20 por ciento
del total de casos, en 2014 ascendieron a 24 por ciento y en 2015
ocuparon 27 por ciento de los casos.
Villafuerte agregó que las personas que defienden la tierra- territorio,
además de ser agredidas o desprotegidas por el Estado, enfrentan la
violencia de las empresas transnacionales que se han convertido en
perpetradores de abuso hacia comunidades y activistas.
Las empresas, dijo la activista, tienen un papel tan preponderante en el
despojo de las tierras que implementan tácticas “de captura corporativa
del Estado” para que las instituciones de gobierno favorezcan sus
intereses, como no intervenir cuando contratan servicios de seguridad
privada para hostigar, amenazar o vigilar a sus opositores.
En 2016 ProDESC y otras organizaciones, denunciaron esta situación ante
el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas, que por primera vez visitó México del 29 de
agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos
Humanos por parte de las empresas.
MUJERES EN RESISTENCIA
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, indica que aunque las mexicanas siembran, cosechan y
producen alimentos –hasta 2012– sólo 32 por ciento de estas mujeres eran
propietarias de la tierra.
La incursión de las mujeres en el campo hizo que también se convirtieran
en defensoras de su territorio a pesar de los ataques de los que pueden
ser víctimas y de la exclusión que viven en sus comunidades donde la
tradición dicta que deben “estar en la casa”.
En el municipio de Juchitán, las mujeres de la comunidad agraria de
Unión Hidalgo son amenazadas por resistirse a ceder sus tierras a la
empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que desde 2005 inició la
instalación del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca de 65 años de edad, es una de las
47 personas que en 2011 crearon el Comité de Resistencia contra el
proyecto eólico Piedra Larga; cuando se dieron cuenta que habían sido
engañados para firmar contratos individuales de arrendamiento de sus
tierras cuando ello no se puede porque la tierra es propiedad comunal.
Sin embargo, poco a poco las personas que crearon el Comité se han
alejado, algunas por las amenazas y otras porque la empresa dividió a la
comunidad diciendo que unas querían más dinero o más beneficios que
otras. Actualmente hay 18 comuneros encabezando esta resistencia.
Ramírez aseguró que hay mujeres que sin tener la tenencia de algún
terreno apoyan la causa porque han visto las injusticias que se
cometieron con la firma de contratos y la devastación ambiental que
provoca un parque eólico como el derrame de aceite de los
aerogeneradores que se instalan para generar energía eólica.
Estar en desacuerdo con la entrega de las hectáreas acarrea
intimidaciones. En 2011 Guadalupe Ramírez fue víctima de un asalto, que
asegura, estuvo relacionado con su activismo. También recibió amenazas a
través de llamadas telefónicas. Pese a ello advierte “si no decimos
nada, si nos quedamos callados, va a ser peor” y por eso insistirá en la
defensa de su comunidad.
A propósito de la gira de trabajo del relator Michel Forst por Oaxaca
este viernes, Ramírez y otras defensoras se reunieron con el experto
para exponer su situación. Una de las demandas de las activistas
oaxaqueñas es que la ONU emita recomendaciones al Estado mexicano para
que se mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
Aseguran que este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, debe considerar la situación que viven las defensoras de la
tierra- territorio e implementar estrategias específicas para proteger a
comunidades y a personas defensoras que residen en territorios en
disputa.
Pedirán un pronunciamiento para que las empresas consideren los
lineamientos emitidos por la ONU y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo sobre el comportamiento que las
transnacionales deben tener para respetar los DH de trabajadores y
comunidades donde se instalan.
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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