Cuando
el pasado 13 de enero Gerónimo Gutiérrez fue nombrado embajador de
México en Estados Unidos, formaba parte de un comité especial de
empresarios que investiga a un organismo de nombre AEM USA Foundation,
una de las dos fundaciones que el gobierno mexicano utilizó para
entregar 59 millones de dólares –más de 1 mil millones de pesos– a la
iniciativa Juntos Podemos, encabezada por la ex candidata presidencial
panista Josefina Vázquez Mota, por el Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto.
Gerónimo Gutiérrez era desde 2011 y hasta la semana
pasada consejero de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), el
organismo empresarial mexicano más importante en Estados Unidos.
Gutiérrez formaba parte, además, de un comité que hace unas semanas se
designó ex profeso ante los señalamientos de irregularidades en AEM USA
Foundation, una fundación paralela a la Asociación AEM fundada por
directivos de ésta.
Quien en las próximas semanas será formalmente
embajador de México en Washington, renunció como consejero de la
Asociación AEM el miércoles 18 de enero, por medio de una carta en la
que subraya la importancia de que se rindan cuentas sobre el manejo
financiero tanto de la Asociación AEM como de la Fundación AEM USA
Foundation, que sirvió para dotar de fondos gubernamentales a Juntos
Podemos.
Hace
tres meses, el 4 de octubre del 2016, Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI) publicó una investigación periodística en la cual se
documentó cómo dos organizaciones llamadas Parents Alliance y AEM-USA
Foundation, cuyos directivos están incrustados en la Asociación AEM,
fueron usadas para triangular el dinero público a favor del programa Juntos Podemos, donde Vázquez Mota es presidenta honoraria y que supuestamente está dedicado a ayudar a los migrantes.
Ante
la revelación periodística, al interior de la AEM surgieron
cuestionamientos sobre la conducta de los directivos de AEM-USA
Foundation, que tiene logotipo idéntico a la AEM.
Los
cuestionamientos, según se ha podido saber por medio de fuentes que
pidieron no ser reveladas, generaron una disputa por el control de la
AEM al punto de que los personajes más ligados a Josefina Vázquez Mota,
además de condicionar la rendición de cuentas (pidieron que se firmara
un acuerdo de confidencialidad), solicitaron la renuncia del presidente
de la AEM, Javier Martínez. Éste respondió con la formación de un comité
que investiga si las actividades de la Fundación AEM USA Foundation
comprometían la viabilidad de la Asociación AEM, y ese comité debe dar
cuentas antes del 25 de enero (mañana), fecha en que el Consejo de la
Asocación AEM podría votar la permanencia o el retiro de Javier Martínez
de la presidencia del organismo.
Gerónimo Gutiérrez formaba parte
de ese comité que tendría que deslindar si la AEM fue contaminada por
el manejo de los fondos gubernamentales por parte de Eduardo Bravo,
Emilio España, Alejandro Quiroz y Emmanuel Loo, todos ligados a Vázquez
Mota y a las actividades de Juntos Podemos.
En la carta dirigida a
la junta directiva de la Asociación AEM, de la cual se tiene copia,
Gerónimo Gutiérrez expresó lo siguiente:
“Como es del conocimiento
público, he aceptado la honrosa responsabilidad de desempeñarme como
embajador de México en Estados Unidos, lo cual, sujeto a los procesos
legales y diplomáticos, habrá de tener lugar en las próximas semanas.
Por ello, debo presentar mi renuncia como consejero de la asociación, a
partir de hoy”.
En otro de sus párrafos mencionó que una de las
tareas pendientes de esa organización, sería aclarar por qué el consejo
de la AEM no tuvo información sobre las activades de la AEM USA
Foundation. Textualmente escribió que se debe: “Aclarar plenamente la
relación que existió entre la asociación y AEM Foundation, habida cuenta
de los conflictos de interés que esto conlleva por la manera en que se
dieron las cosas y de que el Consejo no fue informado oportunamente de
esta relación.”
Gutiérrez también puntualizó la urgencia de que se
rindieran cuentas, y pidió “someter al Consejo los estados financieros
de la AEM correspondientes a los años 2015 y 2016, para su revisión y,
en su caso, aprobación haciendo esto de cara a la membresía y
capítulos”.
En
la investigación periodística de hace tres meses, MCCI reveló que solo
en 2015 la iniciativa Juntos Podemos, a través de Parents Alliance y AEM
USA Foundation, recibió del gobierno mexicano 26,1 millones de dólares,
y que de esos fondos la propia iniciativa de Vázquez Mota asegura que
utilizaron casi 9 millones para gastos operativos.
La voluminosa
proporción de gastos operativos (8.7mdd) hizo que instituciones
dedicadas a estudiar y verificar organizaciones sin fines de lucro,
consultadas por MCCI, calificaran como preocupante el manejo financiero
de las organizaciones (Parents Alliance y AEM USA Foundation) que
soportan a Juntos Podemos.
Gastos de Juntos Podemos
Cientos de millones de pesos en la opacidad
Durante
2014, 2015 y 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó recursos
por más de 1 mil millones de pesos a la iniciativa Juntos Podemos a
través de un mecanismo que incluía el uso de los consulados para la
dispersión de ese dinero en Estados Unidos, pero al final de cuentas los
recursos siempre pasaban por Integra Institute y Parents Alliance.
Integra Institute es la misma cosa, según su acta constitutiva, que AEM USA Foundation.
Documento del Gobierno de EU
Una
vez recibidos esos fondos, Josefina Vázquez Mota, cabeza de Juntos
Podemos, participaba en la distribución de los mismos a diferentes
organizaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos.
Los
operadores de este esquema son: Eduardo Bernardo Bravo Calderón, Emilio
Leopoldo España, Alejandro Quiroz Pedrazzi y Emmanuel Loo.
Tres de los operadores de Juntos Podemos
Los
tres primeros han tenido altos cargos en la Asociación de Empresarios
Mexicanos (AEM), que recientemente celebró en Washington D.C. su
vigésimo aniversario.
Esas 4 personas son las que poseen los
registros de Integra Institute y de AEM-USA Foundation. Lo que el comité
investiga es si al mismo tiempo utilizaron la marca y la imagen de AEM
para las labores de AEM USA Foundation que, sin embargo, no está ligada
formalmente a la organización AEM, presidida en este momento por el
representante de la delegación de Los Angeles, Javier Martínez.
Tras
la publicación del reportaje, Eduardo Bravo y Emilio España han sido
buscados por MCCI para que detallen el uso en supuestos gastos
operativos de casi 9 millones de dólares en el 2015, así como la
operación en el 2016, periodo en que Juntos Podemos recibió 30 millones
de dólares del gobierno mexicano.
Bravo y España han desestimado
peticiones de entrevistas, han desdeñado las solicitudes de puntualizar
los gastos, así como entregar copia de comprobantes de los mismos, a
pesar de que, a final de cuentas, se trata de recursos que fueron parte
del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para
esta entrega, nuevamente se les buscó y se negaron a contestar. Pero no
solo fue a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a quienes
Bravo y España se negaron a contestar cuestionamientos. En su momento
hicieron lo mismo con sus compañeros de la AEM, a quienes a través de un
abogado condicionaron el acceso a documentos a que se firmara un
acuerdo de confidencialidad.
Cisma en la AEM
Un
mes y medio después de publicada la investigación periodística sucedió
algo que, hasta el momento, no ha sido del dominio público. La AEM llamó
a su junta de directores, alarmada por la utilización de sus siglas
para triangular dinero a Juntos Podemos por medio de Parents Alliance y
AEM-USA Foundation.
En esa teleconferencia, ocurrida el 21 de
noviembre, participó Gerónimo Gutiérrez, en ese momento fuera del
servicio público. Uno de los resolutivos fue nombrar una comisión
investigadora, y uno de los cuatro lugares disponibles para ese comité
recayó en el próximamente embajador de México en Estados Unidos. El
resto del equipo estaba conformado por Antonio Maldonado; expresidente
de la AEM capítulo San Diego, Patricia Stout; miembro del consejo y ex
tesorera de AEM-USA, así como Jorge López, miembro del consejo de AEM
USA, de acuerdo con la minuta y un documento interno de los que MCCI
obtuvo copias.
El programa Juntos Podemos recibió al menos hasta
el año 2016 alrededor de 1,036 millones de pesos. El dinero no fluyó de
manera directa. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto recurrió a
transferencias bancarias entre la Cancillería, el Instituto de
Mexicanos en el Exterior (IME) y, sobre todo, seis consulados: Chicago,
Dallas, Laredo, Los Ángeles, Nueva York y Washington.
AEM
USA Foundation y Parents Alliance recibieron dinero luego de firmar
“memorándums de entendimiento” (MoU, por sus siglas en inglés) y
convenios con los cónsules de las ciudades ya mencionadas. Así se
financió a Juntos Podemos que, técnicamente, no puede recibir dinero
porque no tiene personalidad jurídica, es solo una marca registrada. Por
tanto, su fondeo se hacía por medio de Parents Alliance y AEM-USA
Foundation.
Esta ruta del dinero se repitió durante tres años:
2014, 2015 y 2016. Según información proporcionada por la Secretaría de
Hacienda, no hay dinero disponible para Juntos Podemos en el 2017.
El
Gobierno Federal usó la partida presupuestal 44102 para apoyar a la
iniciativa de la ex candidata presidencial panista. De acuerdo con el
clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública
Federal, ésta tiene como prioridad “cubrir los gastos de traslado de
enfermos, extranjeros, reos, heridos y cadáveres, así como gastos de
repatriación de mexicanos radicados en el extranjero.”
De la misma
partida salieron boletos de avión y viáticos en 2014 para Vázquez Mota y
algunos de sus colaboradores. A continuación presentamos los documentos
correspondientes:
Las
organizaciones civiles en Estados Unidos usadas por el Gobierno de Peña
Nieto para financiar a Juntos Podemos han sido manejadas por Emilio
Leopoldo España de la Cuesta; tesorero de Parents Alliance y de AEM-USA
Foundation, así como por Eduardo Bernardo Bravo Calderón en su calidad
de presiente de la AEM-USA Foundation. Otro de los implicados es
Alejandro Quiroz Pedrazzi, presidente del consejo de Parents Alliance.
Los
tres han sido consejeros y miembros de la Asociación AEM, Bravo fue
presidente y España se mantiene como tesorero de este organismo, que
aglutina a empresarios tanto mexicanos como estadounidenses.
En la
teleconferencia del 21 de noviembre, Bravo, España y Quiroz
manifestaron su apoyo a la instalación del comité investigador y
asentaron su deseo de “total cooperación y apertura para que se diera a
conocer toda información relevante relativa a AEM USA Foundation”, según
se lee en la minuta de la reunión, de la cual se tiene copia.
Sin
embargo, un documento interno de la AEM obtenido por MCCI muestra que
han condicionado a sus colegas la rendición de cuentas sobre el manejo
de los recursos públicos enviados a Juntos Podemos a través de AEM USA
Foundation, y sobre si estos fondos contaminaron a la AEM.
Miembros
de la AEM que pidieron el anonimato pero cuya identidad ha sido
confirmada por MCCI, mostraron copias de oficios enviados a España,
Bravo y Quiroz para que rindan cuentas sobre lo que hicieron en AEM USA
Foundation y si esas labores comprometen la pulcritud de la Asociación
AEM.
En uno de esos escritos, fechado el pasado 14 de diciembre, les exgieron:
-Estados financieros existentes del 2013 al 2016.
-Registros de chequeras.
-Copias
de los acuerdos incluyendo los memorándums de entendimiento entre la
AEM y cualquier otra persona ya sean entidades privadas y públicas,
entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
-Descripción de los
acuerdos realizados de manera verbal entre la AEM con cualquier otra
persona, incluyendo entidades públicas y privadas, en los años 2013,
2014, 2015 y 2016 (incluyendo, pero sin limitar a los acuerdos orales
entre AEM y AEM USA Foundation Inc. y Parents Alliance Inc.)
-Descripción
de los proyectos en los que Emilio España, Alejandro Quiroz y/o Eduardo
Bravo han desempeñado cualquier tipo de actividad, ya sea de manera
discrecional o no discrecional, incluyendo, pero no limitándose en los
que el nombre de la AEM o AEM USA Foundation Inc. fueron utilizados de
cualquier forma, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tras
ello, en vez de responder a esa solicitud, Bravo, España y Quiroz
enviaron al abogado Ryan S. Squires, del Bufete Scott, Douglas &
McConnico, a contestar. Éste rechazó entregar de inmediato la
información argumentando que se trata de expedientes voluminosos por lo
que necesitan tiempo para compilarlos, según un escrito fechado el
pasado 21 de diciembre.
El abogado además advirtió a los
directivos de la AEM interesados en conocer esos archivos que en todo
caso deberían firmar un acuerdo de confidencialidad, y subrayó que no
podrían hacer fotocopias, fotografías o utilizar cualquier otro
mecanismo para copiar esos documentos, mismos que tampoco podrían salir
de su despacho.
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Esa
confidencialidad contradice lo que en su momento la Secretaría de
Relaciones Exteriores dijo a MCCI, a través de una tarjeta informativa,
sobre los fondos otorgados a Juntos Podemos. En ese documento, la
cancillería mexicana subrayaba que era “importante señalar que todo
recurso público que se aporta (a Juntos Podemos) no pierde ese carácter y
por tanto está sujeto a evaluación de su aplicación y de efectos en lo
planeado”.
El 11 y 12 de octubre del 2016, MCCI viajó a Dallas y
San Antonio para entregar respectivamente un cuestionario en el que se
solicita el desglose de los gastos operativos, así como cualquier
ticket, recibo, contrato, factura y/o comprobante que respalde la
información.
No obstante, hasta el momento de esta publicación, no
ha habido respuesta alguna a esta petición por parte de la AEM-USA
Foundation, Parents Alliance ni de la iniciativa Juntos Podemos.
Después
de haber investigado a la AEM USA Foundation desde una entidad privada,
en su nuevo cargo en la embajada de México ante Estados Unidos Gerónimo
Gutiérrez será el supervisor de los consulados por medio de los cuales
financió a esa fundación para distribuir buena parte de los más de mil
millones de pesos que se dieron a Juntos Podemos para supuestos apoyos a
migrantes.
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