La descentralización del gobierno

Enrique Calderón Alzati*

En una de las conferencias mañaneras de esta semana, el Presidente abordó uno de los proyectos más importantes y difíciles que se ha propuesto realizar durante su gestión: la descentralización de las oficinas e instalaciones en las que las diferentes secretarías de Estado y organismos federales operan en la Ciudad de México. No dudo que son muchas las personas que piensan que se trata de algo irrealizable por sus altos costos y por las implicaciones económicas y sociales que un proyecto de estas dimensiones conlleva y quizá sean más los que se oponen al proyecto, en virtud de las enormes dificultades que habrá de representar para los trabajadores y funcionarios del propio gobierno, al mover sus hogares a las ciudades designadas para cada una de las instituciones, especialmente en los casos en que los esposos trabajen en diferentes dependencias o cuando uno de ellos trabaje en el gobierno y el otro tenga su empleo en una empresa ubicada en la misma capital, pues en todos estos casos la problemática que deberán enfrentar implicará para ellos la pérdida de uno de los empleos y la consiguiente disminución de sus ingresos o la separación de las familias; para todos estos casos, el gobierno deberá apoyar a sus empleados, lo cual representará una dificultad adicional, a la problemática logística propia de un movimiento de estas dimensiones. ¿Qué planes se han comenzado a preparar para dimensionar la magnitud del problema y qué acciones habrán de tomarse para su solución?

Lo que hasta ahora la gran mayoría de la población ha ignorado, al igual que los funcionarios de los pasados gobiernos ignoraron irresponsablemente, es que el problema de la concentración demográfica, política y económica del país, será más grave y difícil de resolver cada año que pase y la Ciudad de México siga creciendo, al igual que las oficinas gubernamentales. Por ello podemos afirmar que este problema debe ser enfrentado ahora, en virtud de la ineficiencia y los altos costos que implica tener a más de un millón de trabajadores y funcionarios laborando en las oficinas e instalaciones actuales, además de los empleados complementarios que se necesitan para satisfacer las necesidades de servicios y bienes de consumo, que los trabajadores y funcionarios del gobierno federal y sus familias requieren. ¿Por qué hablamos de ineficiencia y altos costos de operación? La respuesta es sencilla, cuando pensamos en las jornadas de trabajo de ocho horas y las comparamos con el tiempo medio que los trabajadores requieren para transportarse de su casa al trabajo y viceversa –que actualmente supera las tres horas en promedio– representa más de 10 por ciento del salario.

Lo que nuestro Presidente se propone realizar, ha sido logrado en otros países con algunas variantes y con magníficos resultados, dos ejemplos que valen la pena mencionar son el de Australia y el de Brasil; en el caso de Australia, cuya capital es Canberra y que hoy tiene una población menor a los 400 mil habitantes, la ciudad fue propuesta para ser la capital política y administrativa en 1908, mientras sus ciudades más grandes son Melbourne y Sídney con poco más de 5 millones de habitantes cada una, siendo importante mencionar que la primera fue capital hasta 1927, año en el que el gobierno fue transferido a Canberra.

El otro caso similar es el de Brasilia, capital de Brasil desde 1960, en sustitución de Río de Janeiro, a partir de una decisión de su Congreso nacional promovida por el presidente Juscelino Kubitschek en 1957, con el propósito de poblar el territorio interior del país y de frenar el crecimiento de la capital ubicada en su costa atlántica. Hoy Brasilia tiene una población cercana a los 3 millones de habitantes y para los brasileños el traslado de su sede del gobierno, ha sido considerado como un cambio positivo para la economía y para la vida política del país.

El proyecto propuesto por el presidente López Obrador es distinto al de las naciones mencionadas, en la medida que responde a una situación diferente a las que motivaron las decisiones tomadas en esos países, ya que en nuestro caso los principales objetivos son el freno al crecimiento de nuestra ciudad capital, y el logro de un desarrollo económico equilibrado entre el norte y el sur de la nación. Por las dimensiones y la trascendencia de este proyecto, considero que es necesaria su discusión en todos los ámbitos académicos, políticos y empresariales del país, para lograr un gran consenso nacional. En el caso del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador tuvo a bien convocar a la nación a una consulta sobre su construcción ubicada en Texcoco, la cual se realizó con la participación de poco más de un millón de participantes, pero en condiciones difíciles en la medida que era necesario tomar una decisión oportuna para evitar que se siguiera dilapidando el dinero en el proyecto, lo cual generó un sinnúmero de críticas por supuestas razones suficientemente discutidas. En este caso y tomando en cuenta esa experiencia, me permito proponer una consulta vinculatoria, que sea aprobada por el Congreso para ser realizada por parte del Instituto Nacional Electoral, luego de que el tema sea discutido ampliamente en diversos foros nacionales, para evitar las consabidas críticas provenientes de grupos opositores, con ello el Presidente de la República contaría con el apoyo popular necesario para asegurar su realización.

*Director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa