Senadores acotan evasión fiscal
Factureras y seguridad nacional
Para nadie es un secreto que
la evasión fiscal en México provoca un enorme agujero en las finanzas
públicas y las estimaciones de organismos nacionales e internacionales y
de centros de estudios apuntan a que tal cáncer suma alrededor de 500
mil millones de pesos anuales. Y, creativos que son, los evasores han
ideado una serie de mecanismos para fortalecer el esquema, y en este
sentido destacan los ahora conocidos como factureros.
De allí la relevancia del paso dado por uno de los cuerpos del Legislativo (martes pasado):
el Senado aprobó la reforma que endurece las sanciones contra la defraudación fiscal mediante empresas fantasmas y facturas falsas, ilícitos considerados partes de la delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa y penas de hasta nueve años de cárcel cuando los montos evadidos a la hacienda pública sean superiores a 8 millones de pesos. Cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase esa suma, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes( La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).
El debate en el Senado se prolongó por más de seis horas, y la
reforma fue aprobada en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra,
éstos de priístas y panistas que advirtieron que es un exceso calificar a
todos los contribuyentes de delincuentes y a los empresarios de
narcotraficantes, algo que sólo existe en la calenturienta mente de los
prianistas.
Pero bueno, el hecho es que las factureras son como la
humedad y creciente el daño por ellas provocado al erario. No puede
dejarse a un lado la denuncia que tres meses atrás hiciera la titular
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat:
entre 2014 y 2018 el número factureras creció 31 por ciento. Se trata
de un mecanismo de defraudación mediante el cual se colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos sobre conceptos no ejercidos o montos menores y tiene implicaciones agresivas para el fisco; para el caso del IVA implica que se generen saldos a favor que se compensan contra el mismo impuesto (que no ingresa) o, peor, que se pida la devolución de un IVA inexistente. ¿Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió es por evasión fiscal, y cuando sí lo hay es por evasión fiscal y lavado de dinero.
La funcionaria detalló que en dicho periodo se detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras
que emitían documentos originales para amparar operaciones simuladas y
evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos,
esquema que en ese lapso permitió la evasión fiscal de 354 mil millones
de pesos. Pero dicen que en el gobierno de Peña Nieto
nadie se dio cuenta de esa práctica.
En este espacio se comentó: ¿qué podría comprar el gobierno federal o
a qué equivalen 354 mil millones de pesos? Por ejemplo, tres refinerías
nuevas, como la planeada en Dos Bocas; tres aeropuertos como el
proyectado en Santa Lucía; un aumento de 6 por ciento en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2019; 18 por ciento más al de
educación; 2 mil 700 por ciento al de cultura; 14 veces más al de
Conacyt; 11.4 veces más al de medio ambiente y recursos naturales, y, en
fin, tres veces más al de salud. Un dineral, pues, que no ingresa a las
arcas federales.
De hecho, en la sesión del pasado martes el propio presidente de la
Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, subrayó que con un billón 600
mil millones de pesos defraudados al fisco por las empresas fantasmas se
habrían construido 221 hospitales.
¿No es ello un delito contra la seguridad nacional?(ídem).
El balón pasa a la cancha de San Lázaro.
Las rebanadas del pastel
Como diría el clásico, a los opositores
no hay chile que les embone(Peña dixit). Si no le inyectan dinero a Pemex, malo; si lo hacen, malo. Lo cierto es que el gobierno federal está decidido a reflotar a la empresa.
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