Luis Hernández Navarro
La Jornada
En el camino por la verdad y la
justicia en Ayotzinapa no hay líneas rectas. En la era de la 4T, el
esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos perpetrada hace casi cinco años,
trascurre entre avances y retrocesos, entre luces y sombras.
El cronograma del caso en la era de Andrés Manuel López Obrador
arranca el 25 de mayo de 2018, en Iguala. Ese día, los padres de familia
de los jóvenes irrumpieron en el mitin electoral del aspirante
presidencial. Habían acordado emplazar a los candidatos de todos los
partidos a fijar su posición sobre el caso. Demandaban la creación de un
mecanismo institucional extraordinario de investigación que incluyera
el regreso del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) y
que se incorporara la ONU al proceso.
La respuesta del candidato fue positiva. Allí se comprometió a llegar
al fondo del asunto y combatir la impunidad. Anunció que, de triunfar,
conformaría una comisión de la verdad dirigida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinada por la ONU, para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, esclarecer el crimen
y deslindar responsabilidades del Ejército.
En mayo de 2018, se produjo un sobresalto en el caso. Dada la
gravedad de las irregularidades detectadas, el primer tribunal colegiado
de circuito del 19 circuito resolvió reponer la investigación, resolver
las alegaciones de tortura y crear una comisión de investigación para
la verdad y la justicia con controles externos, a saber, la
representación de las familias y la CNDH, con asistencia de organismos
internacionales. El 20 de septiembre, ese tribunal ratificó que la
sentencia debía cumplirse.
La decisión de formar una comisión de investigación con facultades
penales integradas por el Ministerio Público (MP), la CNDH y los
representantes de los padres fue algo inédito. El tribunal se basó en
algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana y el Protocolo de
Minnesota.
El 26 de septiembre, ya presidente electo, López Obrador se reunió
con los familiares de los 43, junto con Alejandro Encinas y Olga Sánchez
Cordero. Allí se acordó que el 1º de diciembre, el jefe del Ejecutivo
emitiría un decreto para la creación de la comisión de la verdad. Que el
nuevo organismo no enfrentaría obstáculos en la investigación. Y que,
en la misma participarían la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
Pero, más allá de los avances, no todo fue miel sobre hojuelas. El
equipo de transición gubernamental se negó a que se integrara una
comisión como ordenó el tribunal colegiado, es decir, con facultades
penales.
No obstante que los magistrados explicaron que la comisión de
investigación no invadía facultades del MP, pues éste participará y
conservará la investigación de los hechos, mientras cada interviniente
(representantes de víctimas, CNDH o asistencia técnica internacional) en
el marco de sus facultades podrá calificarlos como delitos o como grave
violación a derechos humanos, los representantes gubernamentales
esgrimieron que la comisión desbordaba las facultades constitucionales
del MP.
Finalmente se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
que tiene, en lo esencial, una función política. Encabezada por
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, realiza un trabajo
político para que la instrucción tenga un asidero correcto y las
víctimas puedan acceder a la verdad. Participan también, cinco padres de
familia, y cuatro ONG que han acompañado el proceso.
La comisión, según el abogado Vidulfo Rosales, ha tenido buenos
avances. Ya se creó un grupo de acompañamiento técnico por el cual
colaborará la CIDH, integrada por los miembros del ex GIEI. Ellos van a
colaborar en la investigación en el marco de un convenio que les da
muchas facultades.
Lamentablemente, hay muy pocos avances en la investigación. La
comisión ha incorporado la coadyuvancia internacional, promovido el
nombramiento del fiscal y trabajado en terreno. Pero, no le corresponde a
ella hacer investigación. Ésta recae en la Fiscalía General de la
República. El fiscal especial para Ayotzinapa se nombró hasta junio. La
reciente liberación de Gildardo López Astudillo es la última evidencia
de que las cosas no marchan bien. Creo –señala Vidulfo–que aquí es donde
el proceso tiene su talón de Aquiles. No ha hecho su trabajo.
Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional oculta
información. No ha puesto a disposición de la investigación los reportes
de los que dispone. No se conocen, por ejemplo, los informes de los
militares que hicieron labor de inteligencia en Iguala, ni su acervo
fotográfico y fílmico. Lo mismo sucede con la Policía Federal. Pese a
que integrantes de la corporación participaron directamente en las
desapariciones, no se ha brindado la información disponible.
A cinco años de distancia, la verdad, justicia y reparación del daño en el caso Ayotzinapa siguen sin llegar.
Twitter: @lhan55
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