9/14/2019

¿Regulación o abolicionismo? Un debate que no tiene solo dos posiciones excluyentes

Andrea D’Atri

¿Cuál es el fondo de la cuestión?

Para quienes nos referenciamos en el marxismo, la prostitución es una institución social que surge como contrapartida a la aparición de la familia basada en el matrimonio monógamo; junto con el surgimiento de la propiedad privada y el Estado.
Luchamos por la abolición del Estado, de la propiedad privada, de la familia que se basa en el control patriarcal de la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres, de su trabajo doméstico gratuito y la reproducción de las relaciones sociales de dominación sobre mujeres, hijos e hijas. También, por la abolición de la prostitución.
Pero así como sabemos que el Estado capitalista no puede abolirse por una ley ni un decreto que salga de sus propias entrañas, si no es por la lucha revolucionaria de la clase trabajadora que conquiste el poder para las mayorías y avance en establecer un Estado transicional hacia el socialismo, donde finalmente sean abolidas las clases sociales; de la misma manera, consideramos que no puede abolirse por decreto la opresión de las mujeres y, entonces, la prostitución.
No hay Estado capitalista sin explotación del trabajo asalariado, sin opresión de las mujeres (como también de otros sectores sociales) y sin prostitución. Como decía el marxista Bebel sobre la prostitución, en el siglo XIX, “algunos de los que se ocupan de esta cuestión empiezan a darse cuenta de que la triste situación social bajo la que sufren numerosas mujeres pudiera ser la causa principal de que tantas de ellas vendan su cuerpo; pero este pensamiento no avanza hasta la consecuencia de que, por consiguiente, es necesario crear otras condiciones sociales”. Para nosotras, es necesario crear otras condiciones sociales. Y es la lucha que abrazamos.

¡Pero la prostitución actual no es como la de la Antigua Grecia!

La prostitución alcanzó una dimensión inusitada durante las últimas décadas, en las que el neoliberalismo transformó la explotación sexual en una industria de enormes proporciones y que genera ingentes ganancias para los proxenetas. Esta apreciación la compartimos con la mayoría de las compañeras que se definen abolicionistas.
Ese negocio ilegal y enormemente rentable para los explotadores tiene dos consecuencias. Por un lado, el monstruoso crecimiento de las redes de trata que secuestran niñas, jóvenes y adultas o las engañan con promesas de trabajo, matrimonios, etc., para ser explotadas sexualmente sin su consentimiento, privadas de su libertad, después de ser violentadas de múltiples maneras. Ante este flagelo, denunciamos y combatimos las redes de trata que actúan con la complicidad, la participación directa y/o la impunidad de funcionarios políticos, judiciales y fuerzas represivas del Estado.
Por otro lado, la cínica posición de la Organización Internacional del Trabajo y distintos Estados, que impulsan la sindicalización de las mujeres en situación de prostitución, más preocupados por “blanquear” el negocio de los proxenetas y los ingresos que aportarían a los Estados en materia de impuestos a las ganancias con sus “empresas” reglamentadas, que por las condiciones de vida de las personas prostituidas.
Esta situación actual, reconfiguró viejos debates del siglo XIX, entre “regulacionistas” y “abolicionistas”. Mientras el regulacionismo “propone que el Estado legalice la prostitución y, por lo tanto, se reglamente la instalación de prostíbulos, las formas de explotación de las mujeres, los controles sanitarios” (1); el “abolicionismo” considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, combate el proxenetismo y considera que podría desterrarse con campañas educativas contra el consumo de prostitución, la penalización de los clientes o la prohibición legal de su ejercicio. Lo único que sostienen en común es la expectativa en que sea el mismo Estado que legitima y reproduce la milenaria opresión de las mujeres, el responsable de ya sea regular la vida de las personas en situación de prostitución o, por el contrario, de abolir esta institución social propia de la sociedad de clases.
También existen posiciones más extremas promovidas por el postfeminismo, acerca del supuesto “empoderamiento” que la prostitución permitiría a las mujeres sobre su propia sexualidad. Pero cuando el crecimiento de las redes de trata y del proxenetismo configuran casi como una excepción la “prostitución consentida” de personas que no encuentran otra salida para la subsistencia cotidiana; la prostitución supuestamente elegida como un ejercicio de libertad sexual está reducida a una ínfima minoría de personas, que probablemente no atraviesan las situaciones de desesperación, violencia, hambre, miseria, violaciones y persecución policial que debe soportar la mayoría.

Un programa transicional para la abolición de la explotación sexual

Ya escribimos en otra oportunidad que “lejos de todo moralismo, el marxismo reconoce que la prostitución es inseparable de las sociedades de clase y, por lo tanto, es inseparable del capitalismo. Pero reconocer que sólo acabando con todas las formas de explotación y opresión, podremos acabar con la prostitución, no es razón para no defender los derechos de las personas en esta situación –entre quienes las mujeres son mayoría absoluta–, a su autoorganización, exenta de la injerencia de proxenetas (sean fiolos o empresarios) y del Estado (sea regulacionista o punitivo).”(2)
No somos regulacionistas, pero acompañamos y promovemos la lucha por exigir al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía de un trabajo para todas las personas en situación de prostitución que quieran abandonarla, con un salario que cubra la canasta familiar, acceso a la salud, la educación, la vivienda. Al mismo tiempo que combatimos la estigmatización, la persecución y marginación social de las personas en situación de prostitución, denunciando principalmente la represión policial, la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, sus funcionarios políticos, la justicia y poderosos empresarios en el funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata.
Podríamos sostener que somos abolicionistas “en última instancia”. Porque consideramos utópico que el mismo Estado capitalista que no sólo se sostiene en la explotación del trabajo asalariado de millones de seres humanos, sino también en la explotación del trabajo doméstico no remunerado, en la opresión de las personas por razones de género, sexo, nacionalidad, etnia y en el entramado mafioso de los regímenes políticos con los grandes “negocios” clandestinos, incluyendo la prostitución, pueda ser quien “resuelva” la abolición de esta institución milenaria creada por las sociedades clasistas, mediante el aumento de su poder punitivo.
Por eso, mientras enfrentamos la persecución de las personas en situación de prostitución, su explotación en beneficio de terceros; mientras exigimos al Estado el derecho a la satisfacción de todas las necesidades (trabajo asalariado, vivienda, educación, salud, etc.) y mientras defendemos su derecho a la autoorganización, luchamos con la perspectiva de una sociedad donde la explotación de las personas y todas las formas de opresión que hoy nos aprisionan, sean un mal recuerdo de la “prehistoria” humana.
(1) Andrea D’Atri, Pecados & Capitales, revista Ideas de Izquierda, Nº7, marzo 2014
(2) ídem.

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