La Jornada
La revisión de los presupuestos asignados a prácticamente todos los organismos públicos que forman parte del Estado mexicano es una constante del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Bajo la premisa de por un lado depurar (y en ocasiones erradicar) los mecanismos que puedan favorecer prácticas de corrupción, y por otro lado llevar la austeridad al seno de la administración, las autoridades actuales llevan a cabo recortes y reajustes presupuestarios que suelen provocar disconformidades entre quienes laboran en las instituciones afectadas. Unas veces los quejosos no tienen razón, otras la tienen sólo parcialmente, y es probable que en algunas ocasiones sus protestas estén bien fundadas. Se trata, en cualquier caso, de examinar cuidadosamente las medidas adoptadas en ese sentido, para que ni haya lugar a derroches ni el funcionamiento de esas instituciones se vea mermado por escasez de recursos.
El común de los ciudadanos a menudo no tiene muy claro qué es lo que hacen y para qué sirven algunas de las áreas a las que el gobierno les reduce o reasigna fondos; pero lo que es peor es que en ocasiones da la impresión de que ni los propios encargados de aprobar esas medidas están en condiciones de calibrar la importancia que tales áreas tienen para el país. De ahí que existan sectores en los que se efectúan recortes sustanciales sin que nadie se cuestione si éstos son o no acertados, aun cuando una mirada superficial parecería indicar que se trata de sectores importantes porque están relacionados, por ejemplo, con la educación.
Tal es el caso del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), un órgano gubernamental desconcentrado que viene funcionando desde hace 16 años y cuya misión es ofrecer programas y servicios de educación básica y universitaria, entre otros, a mexicanos y mexicanas que se forman, viven y trabajan en otros países (en la práctica, mayoritariamente en Estados Unidos). Por tal motivo, el IME está vinculado directamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el desarrollo de sus principales actividades, una de las cuales es el otorgamiento de estímulos financieros –por medio de becas– para apoyar a jóvenes mexicanos que tengan dificultades para continuar con los estudios que cursan en instituciones educativas estadunidenses.
Este año, el IME ha disminuido sensiblemente el volumen de recursos entregado para esos fines (los fondos se canalizan a través de organizaciones educativas de Estados Unidos a las que concurren estudiantes de nuestro país, que son aprobadas por un comité evaluador del propio instituto). Los 240 mil dólares entregados a esas organizaciones representan 80 por ciento menos con relación al año pasado, lo que implica una reducción muy significativa de los alcances en materia de becas para educación superior.
Desde su creación, el IME ha estado sometido a revisión constante para determinar su utilidad real y las perspectivas de que alcance a mayor número de connacionales del otro lado de la frontera norte. De los datos disponibles, se desprende que se trata de una herramienta útil para elevar el sentido comunitario y el nivel de vida de los mexicanos en Estados Unidos, y esa utilidad podría potenciarse si se toma en cuenta que, con las políticastrumpistas, para muchos estudiantes indocumentados la posibilidad de inscribirse en universidades y colegios públicos se ve reducida a su mínima expresión. De ahí que valga la pena evaluar con detenimiento si la reducción presupuestaria aplicada al IME constituye verdaderamente una medida oportuna y necesaria en el marco de la visión social de país propugnada y llevada adelante por la Cuarta Transformación.
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