Esos problemas no son meramente teóricos o pueden reducirse a simples ocurrencias. Del modo en que los enfoquemos dependerá de que podamos entender con toda claridad el diseño que deberá tener todo intento de reforma política de nuestra entidad capital. No hace mucho, en una entrega anterior, me ocupé de las opiniones negativas de Alejandro Encinas en torno a la municipalización del DF, que él considera absurdas, en una entidad, según su opinión, que requiere, ante todo, ser gobernada unitariamente, desentendiéndose de su democratización. Convertir al DF en un estado de la Federación (que, en realidad, no tenemos por qué buscar convertirlo
, pues ya lo es, en la letra misma de la Constitución), organizado, en su régimen interior, en municipios (como manda el 116 constitucional) y con plenos poderes como entidad federal, les parece un exceso a quienes me he referido.
Yo sé que gobernar quiere decir controlar y resolver problemas y que se trata de una materia de la máxima importancia; pero también estoy convencido de que no se trata sólo de pregonar un buen gobierno cuando la entidad está encapsulada en un estatuto de verdad anómalo y antidemocrático. Si se busca la reforma constitucional del DF no es para dejarlo como está, sólo con una mayor autonomía, sino para darle un régimen de verdad acorde con su estatus de entidad federal, fundadora del Pacto Federal, como lo define el artículo 43 constitucional, con sólo mencionarlo entre las 32 entidades que han constituido la Federación. Se trata de desentrañar y corregir una injusticia que se materializa en el mismo texto constitucional cuando se le define como asiento de los poderes federales.
Creo que está fuera de toda duda la necesidad de que esta enorme entidad sea bien gobernada; pero la pregunta obligada es: ¿es mejor hacerlo como hoy está o gobernarla con un régimen constitucional plenamente reformado? Para entenderlo a cabalidad se tiene que volver, una y otra vez, al contenido de la Carta Magna y examinarlo con todo detenimiento. El artículo 43 comienza diciendo: “Las partes integrantes de la Federación son los estados de…” y, a continuación, enumera a los 31 estados, agregando al final: “… y el Distrito Federal”. Bien interpretado este artículo se puede ver que ya en él hay una discriminación, porque el Distrito no es mencionado entre los estados (debería ir después del estado de Chihuahua), sino que se agrega al final.
Hay que hacer notar que el 43 no está refiriéndose a la integración del territorio nacional, cosa de la que se ocupa el artículo 42, el cual menciona a las entidades federales y luego agrega las islas, la plataforma continental, los zócalos submarinos, las aguas y mares territoriales y el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional. El 43 más bien hace mención de las entidades que fundaron originalmente la Federación, que signaron el Pacto Federal que le dio nacimiento y entre las que se encuentra el DF, aunque se le considere como diferente de los estados. Ningún constitucionalista ha podido explicar cómo es que el Distrito es una entidad fundadora de la Federación pero se le pone aparte, al final, entre los estados enumerados como tales.
La razón de esa falta de lógica jurídica en el 43 radica en la letra del 44 que dice: La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General
. Se trata de uno de los artículos más absurdos y mal redactados de la Carta Magna. En primer lugar, llama la atención que haga la distinción entre ser sede de los poderes federales y capital de la República. Si es capital es porque es sede de los poderes y no por otra razón especial.
El gazapo que viene después es de antología: se compondrá del territorio que actualmente tiene, se dice, de forma bastante estúpida y reiterativa, como si pudiera estar compuesto de otra manera. Lo peor, empero, viene enseguida: si los poderes federales se trasladaren a otro lugar, el Distrito se erigirá en el Estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General
. En la doctrina constitucional, tal y como está enunciada en el artículo 39, el pueblo, reunido en sus comunidades estatales, funda la Federación, como en los Estados Unidos, y no como en Canadá, en donde el poder central funda o concede la calidad de entidad a las diferentes provincias. Si el Distrito es fundador de la Federación, como dice el 43, no se entiende cómo, al devenir estado con toda la barba, es el Congreso General el que le asigna su territorio. Una idiotez en la que pocos han reparado. El DF es una comunidad política original, no un pedazo de tierra.
Ya he explicado a lo largo de 30 años que el que el DF sea asiento de los poderes federales no se opone a su funcionamiento como entidad federal con plenos derechos. Todo es materia de establecer las debidas competencias, como ocurre con las capitales de los estados federados. Y también que una auténtica reforma política implicaría eliminar las llamadas delegaciones o convertirlas en meros órganos administrativos, para dar paso a la municipalización del Distrito. Todo ello, para permitir que se haga una realidad el autogobierno ciudadano y ciudadanos libres como lo son los defeños, autogobernándose, puedan contribuir al buen gobierno de la entidad federal. Los límites de las delegaciones, hay que recordarlo, se trazaron originalmente de la manera más arbitraria imaginable, partiendo y despedazando barrios que, así, perdieron su identidad.
Por todo lo expuesto, me pareció sorprendente y sumamente confusa la posición que mi querido amigo Bernardo Bátiz externó en su artículo del pasado 16 de octubre, cuando habló del DF como una peculiar entidad de la Federación
y, a renglón seguido, lanzó una cacayaca tremenda: Ciertamente no un estado 32, como se pretende por mala información de la teoría del derecho público, sino [sic] la capital de la República federal y sede de los poderes nacionales
. Creo que el que debería informarse
un poco mejor de la teoría del derecho público
es mi amigo, dicho con todo afecto..
Mexicano de Electricistas (SME) de constituir una agrupación política nacional (APN) o si es posible incluso un partido y de llamar a un congreso social tiene una enorme importancia no sólo por el peso de las tradiciones del SME y de la Tendencia Democrática en el SUTERM, de Rafael Galván, y por el aporte de decenas de miles de obreros organizados a una lucha política, sino también porque el SME podría llegar a dar un eje político obrero a un movimiento de masas que arroje a la basura la política neoliberal y la oligarquía mafiosa que la defiende y construya las bases de una verdadera alternativa obrera, nacional y popular, no capitalista, que reanude la vía soñada por los zapatistas de Morelos, por los jacobinos constitucionalistas en la Revolución mexicana y por esa segunda ola de ésta, que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas.Si así fuere, México podría comenzar a completar su Independencia, jamás alcanzada, que el gobierno de Calderón transformó en dependencia extrema, y podría salir de una disputa entre programas y grupos con propuestas capitalistas, de mera alternancia en el poder, para empezar a construir una opción social y política.
Este congreso, con vistas a una Constituyente –si realmente fuese abierto y emprendiese sin cortapisas ni sectarismo una discusión sobre cuál es la fase en el mundo y en el país y cuáles son las tareas de quienes desean luchar por la liberación nacional y social–, podría evitar el fracaso sufrido por anteriores experiencias prometedoras, pero que se hundieron en el pantano de los compromisos o se derrumbaron debido a intereses sectarios.
Iniciativas como los Diálogos Nacionales o la APPO, sus antecedentes directos, deberían ser estudiadas para retomar el hilo de la acción, pero a la luz de las enseñanzas de las derrotas, que no deben amedrentar a nadie ya que, como decía Rosa Luxemburgo, el camino de la victoria está empedrado de fracasos.
El SME siempre ha hecho política y fue un factor importante en el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, robado por el fraude, en la resistencia a éste, en el intento de apoyarse en la población y de apelar a ella para revertir las medidas ilegales, inconstitucionales y represivas del gobierno
de los grandes capitalistas que México padece. Sus militantes, además, por su energía y abnegación, se cuentan, con sus familias, entre lo mejor de una población mexicana desorganizada y en buena medida desalentada y despolitizada. Es, por tanto, herramienta fundamental de los trabajadores y del pueblo mexicano no sólo para discutir en todo el país los ejes de una política no capitalista para un México no dominado por el gran capital, sino también para construir núcleos y comités de organización, en todas partes, para organizar la lucha por la Constituyente y recoger las aspiraciones populares para producir un cambio radical que haga posible otro proyecto de país.
Hasta ahora el SME ha formado parte de una alianza de hecho entre el sector obrero y un sector desarrollista nacionalista y popular con política capitalista distribucionista, que agrupa vastos sectores de la clase media y sectores burgueses de oposición y sigue las perspectivas electoralistas de AMLO. Pero, después de los fraudes de 1988 y de 2006 y ante la militarización del país, el sometimiento gubernamental a los intereses de Washington y la represión cotidiana, no es sensato esperarlo todo de un mero triunfo electoral, aunque sí hay que luchar por ocupar todos los espacios legales y por combatir en las batallas electorales, pero para educar y organizar a los desorganizados, no para ocupar puestos en las instituciones.
Una APN o un partido basados en el SME y en otros sectores sindicales obreros no puede, por tanto, ser electoralista, aunque tome posiciones y pueda hacer alianzas con vistas a los comicios. Debe tener una política independiente de todas las fracciones burguesas, aunque pueda momentáneamente aliarse con la más democrática y nacional contra la proligárquica y proimperialista, y debe tener su propio programa obrero y nacional. En la alianza social antes citada, su papel, ideológico y organizativo, debe ser estratégico y de dirección, no el de una mera infantería de apoyo. Si acaso se debe diferenciar de sus aliados, sin romper con ellos, debe hacerlo tal como hicieron los campesinos zapatistas morelianos con Madero en la lucha contra la reacción. Esa, por otra parte, es la única forma de convencer a algunos intelectuales perdidos hoy en la esterilidad de la no política, pero no irrecuperables, y de construir una conciencia anticapitalista de masas que pueda movilizar a éstas en una lucha que será dura, porque no enfrentará solamente a Calderón y a la derecha mexicana, sino también y sobre todo a Washington, que en medio de una aguda crisis económica y política, no puede tolerar cambios radicales del otro lado de su frontera.
Hay medios que acostumbrados a la habitual politiquería sin principios, temen que la decisión del SME sea una maniobra para conseguir un aparato de negociación y de presión dentro de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador con el programa y la dirección de éste. Por supuesto, las alianzas entre el SME y el lopezobradorismo son legítimas y hasta necesarias, pero la cuestión central es para qué, con cuál programa y en cuál dirección. A mi juicio, el congreso social debe dejar claro, por su discusión democrática, el radicalismo de sus conclusiones y su manifiesto, que el movimiento obrero marcha lado a lado con los otros sectores populares en la lucha por la democracia y la resistencia al capital, pero con sus propias banderas y consignas inclaudicables. Esta resolución del SME, y el congreso mismo, ofrecen también al EZLN la oportunidad de abandonar su aislamiento y pasividad y de recuperar un papel en la transformación de México, por la que lucharon sus bases en 1994. Ojalá puedan comprenderlo, porque podría ser este, para ese zapatismo que no hace lo que hizo Zapata, el último llamado de la historia.
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