Política zoom/ Ricardo Raphael
“¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Me voy a dar el gusto de matarte!”, aulló el entonces presidente municipal de Iguala y ordenó que lo golpearan. La luna menguante entró a la media noche y dos fosas esperaban el desenlace de aquella amenaza. Diez minutos después de escucharse la sentencia de muerte, Francisco Salgado Valladares, director de la policía, levantó del suelo a un hombre roto y lo llevó ante su jefe, el hoy fugado José Luis Abarca Velázquez.
Un testigo de los hechos asegura que el edil de Iguala disparó con una escopeta contra el rostro del ingeniero Arturo Hernández Cardona. Como en un filme desgraciado por los lugares comunes, el cuerpo de la víctima cayó dentro de la tierra que había sido herida para él.
Es probable que un mes antes haya comenzado a cocinarse ese homicidio. El líder de Unidad Popular (UP), un frente político de organizaciones campesinas, desafió a las autoridades de Iguala sin calcular las consecuencias de sus actos.
El día primero de abril de 2013 Hernández Cardona acudió a una reunión con el presidente Abarca y su cabildo con el objeto de reclamar, ya que el fertilizante (el abono) no estaba llegando a sus destinatarios.
El tema del encuentro perdió pronto foco porque el líder campesino aprovechó la ocasión para señalar al edil como responsable de otra muerte. Semanas antes había sido asesinado el síndico Justino Carvajal Salgado —sobrino del ex alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio—, y Hernández Cardona se dispuso para decir en voz alta lo que el resto del cabildo pensaba en voz baja.
El presidente ahora fugado enfureció, se puso de pie y abandonó la reunión. Quien salió en su defensa, hirviendo de ira, fue la esposa, Ángeles Pineda. Lo calificó de delincuente y le advirtió que él sería el único responsable de lo que pudiera suceder. Otro integrante del cabildo, la regidora Sofía Mendoza Martínez, tuvo que interponerse entre ambos para que la situación no llegara a los golpes.
Ángeles Pineda —hasta hace unos días La Primera Dama de Iguala— fue la hermana de Alberto Pineda, mejor conocido como El Borrado, un alfil ahora sin vida de los hermanos Beltrán Leyva y probable fundador de la organización Guerreros Unidos, señalada como responsable de haber secuestrado y asesinado a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Fue un integrante de UP, Nicolás Mendoza Villa, quien contó lo ocurrido con Hernández Cardona la noche del 31 de mayo del año pasado. Decidió acudir primero ante un notario y luego con el Ministerio Público. En su testimonio afirmó que un día antes del homicidio, ocho personas, entre ellas el líder campesino, fueron secuestradas en un crucero próximo a la caseta de cobro de la carretera que va a Iguala. Los detalles de aquel evento incluyeron secuestro, golpes y tortura contra las víctimas.
Mendoza no ahorró palabras para describir la escalofriante escena de la autoridad que dispara con una escopeta contra su enemigo político. Al final el testigo cuenta su escape, que deja más de una duda. Quizá alguien quería que esa historia se hiciera pública. Desde que este testigo tomó la decisión de divulgar su versión de los hechos, nadie interesado por la política guerrerense pudo escaparse de escucharla.
Abarca Velázquez y Angélica Pineda quedaron marcados como dos criminales. Y sin embargo su poder siguió creciendo. Resulta difícil pensar que el grupo Guerreros Unidos fuese una banda gobernada por líderes distintos al edil y a su mujer. Podría especularse que sus intereses y su furia comandaban ese brazo paramilitar que de día fungió como policía de Iguala.
Esta información también era pública. La conoció el gobernador Ángel Aguirre y el tema llegó a la Procuraduría General de la República. Pero nada ocurrió. Tuvo que pasar más de un año y un crimen aun más terrible para que cayera el edil de Iguala y sus cómplices.
¿Por qué no detuvieron a Abarca al mismo tiempo en que el Congreso local le quitaba de encima el fuero? Esa es una pregunta que sólo el gobernador guerrerense puede responder. Y si lo hace de manera insatisfactoria, cabe prever su renuncia.
ZOOM La regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, asegura que el año pasado buscó a René Bejarano para pedir su ayuda, pero este político no mostró interés en el asesinato del ingeniero. Ahora, a río revuelto, el señor de las ligas busca ligar algo de publicidad para su causa extinta y de paso aprovecha para embarrar con lodo a quien no la debe ni la teme. El alacrán siempre se parece a sí mismo.
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