Cómo realizar una investigación imparcial si hay sospecha que desde el gobierno estatal se solapan a funcionarios ligados al narcotráfico y a la delincuencia.
Fueron
los reclamos internacionales los que obligaron al gobierno federal a
intervenir en el caso de la masacre de Iguala, Guerrero. Los hechos
sucedieron la noche del viernes 26 de septiembre y tuvieron que
transcurrir largos diez días para que reaccionara. Tuvo que generarse
el escándalo internacional para observar la indignación tardía del presidente de la República.
Fue
Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica, el secretario general de las Naciones Unidas, el
secretario general de la Organización de Estados Americanos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cientos de organizaciones
humanitarias de todo el mundo las que demandaron el esclarecimiento de
los hechos y la protección a la población de Iguala Guerrero.
Incontables
correos electrónicos llegaron a la cuenta presidencial y en medios de
comunicación de todo el mundo se propaló esta matanza de jóvenes, como
un crimen repugnante.
Antes, a nuestros políticos no les importó
el reclamo desesperado de los familiares de los 43 jóvenes
desaparecidos, de los seis muertos, de los 20 heridos y de la exigencia
de normalistas de Ayotzinapa para ser recibidos por el Secretario de
Gobernación.
No, no los recibió, mejor estuvo donde apareciera
en la foto para lucimiento con los jóvenes del Instituto Politécnico
Nacional; ellos también le exigieron una respuesta para que atendiera
el caso de Iguala y simplemente eludió el tema en su respuesta escrita
del 3 de octubre pasado.
Parecía que el gobierno federal
intervendría hasta que el gobierno del estado de Guerrero lo
solicitara. Pero eso no iba a ocurrir. El desgobierno guerrerense
parecía empeñado en que la sociedad se olvidara del caso. Que nadie
escucharía los reclamos de los familiares de los jóvenes desaparecidos.
Que la noticia se iría diluyendo con el transcurso del tiempo.
Pero
Ángel Aguirre, desgobernador de Guerrero parecía más preocupado en
asistir al Congreso del PRD que hacerse cargo de las investigaciones.
Parecía más preocuparle salir en la foto que proteger la seguridad de
sus paisanos. Indignante fue observarlo con cara sonriente ante sus
compañeros de partido como si nada pasara. Fue repugnante.
Es
una vergüenza inadmisible que en estos hechos estén vinculados policías
y políticos de quién sabe cuántos rangos para masacrar a jóvenes y que
a quién le toca responder lo haga de manera retardada.
Los
asesinos tenían la seguridad que asesinando jóvenes como lo hicieron
nada pasaría, que las estructuras del poder los protegerían y así
sucedió. Las horas vitales, las inmediatas después del secuestro fueron
espacio de sordera e indolencia gubernamental.
¿A dónde estaba
Ángel Aguirre cuando ocurrieron los hechos? ¿Qué hizo su sequito de
investigadores? Hacer como que hacían pero nada hacían. Levantaron
actas y mucho papeleo, pero ninguna respuesta efectiva.
Ángel
Aguirre pone a disposición su renuncia si eso ayuda a esclarecer los
hechos, pero lo hace, pensando que la mafia de políticos a la que
pertenece no se la va a pedir. La renuncia es necesaria porque no hay
gobierno en ese Estado; porque ese gobierno no solo es de parapeto,
sino que se ha convertido en cómplice con su incapacidad y su falta de
actuar.
Cómo realizar una investigación imparcial si hay
sospecha que desde el gobierno estatal se solapan a funcionarios
ligados al narcotráfico y a la delincuencia. Si el gobernador no se da
cuenta de lo que pasa en su territorio es porque hay complicidad o
incapacidad, o las dos cosas.
El artículo 62 de la Constitución
del Estado de Guerrero prevé que el cargo de Gobernador es renunciable
sólo “por causa grave” y está debe ser calificada por el Congreso del
Estado. Esto debe ocurrir de inmediato. No es posible que ocurran
estos hechos y todas las estructuras de gobierno sigan vigentes como si
nada ocurriera, como si fueran instituciones que sirvieran a la
sociedad. Nada de eso ocurre.
La matanza de jóvenes en Iguala
fue un crimen de Estado, pero el secuestro de los jóvenes, de los que
ahora se exige su aparición con vida, es un acto repugnante. No se
puede ser servidor público si se permite que los delincuentes se
escuden y usen las instituciones públicas para delinquir. Policías y
delincuentes en varios lugares del estado de Guerrero ahora son lo
mismo gracias a que hay impunidad y complicidad gubernamental. ¿Hasta
cuándo?
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM
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