Iguala : el terror

Alejandro Encinas 

Al momento de escribir esta colaboración, prevalece la incertidumbre respecto a la identidad de los 28 cuerpos calcinados, encontrados en seis fosas en la zona de Pueblo Viejo, en Iguala, Guerrero, que se presume podrían tratarse de algunos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos tras el artero ataque que policías de ese municipio y grupos delictivos realizaron el pasado 26 de septiembre, en el cual resultaron seis personas muertas. 

Estamos ante un escenario de descomposición política similar al de la guerra sucia de los años 70. Más allá de las campañas mediáticas prevalece un proceso sistemático de debilitamiento del Estado y de sus instituciones, mismas que han sido incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

México atraviesa por una situación en la que el miedo a la violencia y un futuro incierto se han anidado en lo más profundo de nuestra sociedad, que ahora afronta actos de terror. 

Guerrero y el país viven una etapa difícil y dolorosa, que exige del Gobierno federal, de los estados y de todos los actores, en especial de los partidos, enfrentar esta situación y evitar que la impunidad se imponga sobre la barbarie y que asuman su responsabilidad para generar condiciones de paz y para terminar con el horror que prevalece. 

En el caso de Guerrero, y en especial de los acontecimientos sucedidos en Iguala, el PRD tiene una deuda moral particular, más cuando se conocieron diversas denuncias previas contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez, hoy prófugo, por su presunto vínculo con la delincuencia organizada, así como por su probable participación en el secuestro y asesinato del dirigente perredista Arturo Hernández Cardona. 

Es de dominio público en Iguala el enriquecimiento de Abarca, quien de ser modesto empresario de venta de sombreros, pasó al comercio de joyas de oro y a ser propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindo y de centros educativos. A su llegada al gobierno local se consolidó en la región el cártel Guerreros Unidos, grupo que surgió en 2009 tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva y que es encabezado por Salomón Pineda Villa, El Molon, cuya hermana, María de los Ángeles Pineda Villa, es esposa del alcalde prófugo. 

Guerreros Unidos mantiene el control absoluto de Iguala y de su policía municipal, con una estructura territorial manzana por manzana, fincada en el miedo y el aniquilamiento de cualquier disidente, por lo que también cobra relevancia el asesinato en 2013 de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal, quien mantuvo serias diferencias con el presidente municipal. 

Nadie desconoce el apoyo económico de Abarca a las campañas del PRD y cómo fue promovido por la corriente Nueva Izquierda a la alcaldía. Ni tampoco su pretensión de obtener una diputación en 2015 heredando a su esposa la presidencia municipal, la que recientemente fue electa consejera estatal del PRD bajo las siglas de esa corriente política. 

El Gobierno de Guerrero debe rendir cuentas claras de estos hechos e impedir la impunidad castigando a los culpables, en tanto la dirección del PRD debe abandonar el pragmatismo que ha permitido que la ambición por el dinero y por mantener el control del partido, abra la puerta a delincuentes.

Senador de la República