estudiantes aún sin localizar. Una fosa común con 28 cuerpos sin identificar. Una treintena de detenidos, entre los que hay 22 policías. Un edil y un secretario de Seguridad Pública, los de Iguala, fugitivos… La masacre de los normalistas en Guerrero tiene a la sociedad mexicana indignada.
Pese a todas las voces que se han alzado exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, ninguna respuesta concreta se ha dado. Alrededor de mil 800 personas, entre elementos de los cuerpos de policía y voluntarios, se mantienen en la búsqueda de los estudiantes. El país se encuentra conmocionado ante este hecho y las investigaciones aún continúan, o por lo menos eso es lo que el procurador guerrerense, Iñaki Blanco, aseguró ayer en conferencia de prensa en el puerto de Acapulco.
El sábado 4 de octubre fueron encontradas 6 fosas con 28 cuerpos que permanecen sin ser identificados. No se sabe mucho más que el operativo fue dirigido por elementos de la Marina y el Ejército, así como por el propio procurador y la policía federal. La zona está resguardada desde el hallazgo y el acceso se restringe a los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) así como a especialistas que participan en la investigación.
Para los habitantes de la colonia Las Parotas –lugar cercano al cerro en donde encontraron las fosas– no es una sorpresa esta situación, afirman que «constantemente pasan vehículos apestosos llenos de cuerpos que luego tiran en esas barrancas del cerro». Guerrero es un estado en donde los índices de asesinatos, relacionados a ejecuciones políticas y crimen organizado son muy altos, tan sólo este domingo fueron ejecutadas dos maestras de educación especial cuando salían de un hospital del ISSSTE en Acapulco. No se saben las razones y no se ha abierto averiguación previa alguna.
Si en esta zona de Iguala –plaza controlada por el cartel Guerreros Unidos (GU)– no es raro hablar de fosas, en el trayecto entre esta ciudad y la población de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (situada a unos 40 minutos y aún en disputa entre Los Rojos y los GU) se pueden contar varios puntos en los cuales los habitantes están acostumbrados a ver cómo dos o tres personas descargan cuerpos de camionetas y los arrojan a las barrancas a un costado de la carretera. Al llegar a la entrada de Mezcala, elementos del Ejército resguardan paradas de autobuses, entradas de negocios y detienen a los que pretenden entrar al poblado. La guerra entre grupos del crimen organizado ha dejado una enorme huella de violencia y dolor en las comunidades guerrerenses.
Iñaki Blanco alcanzó a declarar que se trataría de un sicario de GU quien dio la orden de ejecutar a los estudiantes; afirmó además que esta información, al igual que la localización de las fosas, fue dada por algunos de los 30 detenidas hasta este momento, 22 de ellos son policías municipales que combinaban su «servicio a la comunidad» con su servicio al crimen organizado.
El procurador no profundizó mucho en esta información y causa incertidumbre al dejar ver tan sólo un poco de lo que es un secreto a voces: la existencia de un narcogobierno. Sin embargo, recalcó que se harán todos los trámites necesarios para que a José Luis Abarca Velázquez –edil de Iguala con licencia y prófugo– se le girara orden de aprehensión de inmediato y para que al secretario de Seguridad Pública de la misma población, Felipe Flores (también prófugo), se le hiciera efectiva esta ordenanza.
Poco a poco los cabos comienzan a unirse sin dejar ver las razones concretas de la masacre. Hasta hoy es posible deducir que la huida del presidente municipal de Iguala y de su secretario de seguridad están relacionadas a su responsabilidad en estos acontecimientos, y tal vez a su pertenencia al grupo delictivo Guerreros Unidos. No es una novedad en el país que los ediles sean parte de las estructuras de las organizaciones criminales, basta recordar la imbricación de los Caballeros Templarios en Michoacán para entender que son estos puestos de gobierno los que permiten el crecimiento y el control de plazas de esas organizaciones.
Aún queda mucho por investigar, por el momento lo que se sabe –a través de las imágenes de cámaras de seguridad– es que los 22 elementos de la policía municipal de Iguala sí detuvieron a más de 20 estudiantes, según testimonios recopilados y documentados en el expediente de la Procuraduría General de la República; mismos que fueron trasladados en los vehículos oficiales hacia algún ministerio público y luego, nuevamente en estas camionetas policiacas, hacia su ejecución. Hasta el momento, los detenidos, policías-sicarios, han aceptado el asesinato de 17 normalistas.
Lo que no queda claro es el nivel de vinculación entre el edil y el grupo GU-policía ministerial, quién dio la orden directa de ejecutar a los estudiantes y dónde está el resto de ellos. No se sabe si las motivaciones para realizar esta carnicería son de origen político, si se trata de un mensaje para la organización enemiga, Los Rojos; si es un ajuste de cuentas entre dos facciones partidistas en disputa por el poder del estado, es decir, entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), o bien, entre la familia Figueroa y el bloque de Ángel Aguirre. En todo caso, los 28 cuerpos encontrados hasta ahora en esas fosas se encuentran en investigación, a través de muestras sanguíneas y de ADN, para determinar si son o no los restos de los estudiantes.
Por su parte, miles de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa volvieron a las calles para exigir la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos. Bloquearon de manera intermitente pero constante, la autopista del Sol en el punto conocido como parador Marqués y posteriormente en la caseta de Palo Blanco. Tanto familiares como normalistas insisten en que van a continuar las acciones de presión y convocan este miércoles a las 16:00 horas a una movilización nacional exigiendo la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero y castigo a los responsables de estas atrocidades.
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