Tal postura plantea el riesgo de que la norma aprobada sea modificada por la Cámara de Diputados y se eliminen garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos de la infancia.
La minuta de la Ley General aprobada que el pasado 29 de septiembre envió el Senado a la Cámara baja se discute en mesas de trabajo organizadas por la Comisión de los Derechos de la Niñez, en las que participan legisladoras, legisladores y grupos civiles.
No obstante, según un boletín de prensa emitido por la Cámara de Diputados, la discusión de la minuta se centra en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.
Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) celebran que la Ley General –propuesta por el Ejecutivo federal el pasado 1 de septiembre en calidad de preferente y aprobada con modificaciones – promueva la educación sexual e integral de las y los niños.
En contraste, organizaciones conservadoras como Pro Yucatán y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos se oponen a lo estipulado en la norma aprobada.
Entre los artículos en polémica está el 50, en sus fracciones V, VI y VIII, que establecen que es necesario desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, y la educación en materia de salud sexual y reproductiva para las niñas, niños y adolescentes.
El mismo artículo dicta que es necesario establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos en las niñas y adolescentes, y asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos.
El otro artículo en debate es el 58, en su fracción VIII, que promueve la educación sexual e integral que contribuya al desarrollo de competencias que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos.
OPOSICIÓN CONSERVADORA
En el boletín de prensa se informó que durante la mesa de trabajo del pasado martes 7 de octubre, la representante de la organización Pro Yucatán, Marcia Lara, señaló que “el inicio temprano de la vida sexual requiere formación, no información”, y agregó que “no podemos desligar el acto sexual de un acto emocional, de un vínculo que debe existir entre dos personas libre y voluntario, cosa que en un niño o adolescente todavía no existe”.
Por su parte, la directora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (organización que defiende los derechos de la familia), Teresita Gutiérrez Espinoza, afirmó que “no existen los derechos sexuales y reproductivos que pretenden imponérseles a los niños, niñas y adolescentes”. Y cuestionó: “Si estos no existen, por qué se promueve dicha imposición”.
Gutiérrez argumentó que no se puede atribuir carácter de derecho a una figura “inexistente”, ya que la Constitución no establece los “supuestos” derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, quedan fuera de toda normatividad. Luego agregó que estas garantías no son parte de los Derechos Humanos “porque no cumplen con la exigibilidad”.
En tanto, la diputada del PRD y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña, detalló en entrevista que es fundamental brindar información y orientación sexual a las menores de edad y a quienes resguardan su tutela para fortalecer su toma de decisiones; además de que se debe garantizar la restitución de derechos para las niñas que ya presentan embarazos.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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