Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F. (apro).- El prólogo de la masacre de jóvenes en Iguala, justo donde hace dos siglos se proclamó la Independencia de México, concita náusea: El alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, harto de peticiones de fertilizantes que le hacían, manda a su policía y pistoleros a secuestrar a ocho ciudadanos miembros de su partido para escarmentarlos él mismo.
–¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Me voy a dar el gusto de
matarte! –le dijo al ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de la
Unidad Popular de Iguala, antes de torturarlo y dispararle con una
escopeta en el pecho y la cabeza.
Este y otros dos asesinatos, cometidos el 30 de mayo del año pasado,
quedaron impunes por la misma mecánica de complicidades que hizo
posible, 16 meses después, la muerte a balazos de seis personas, entre
ellas un ama de casa y el chofer y un jugador del equipo de futbol
“Avispones”, las heridas a más de 20 y la desaparición de 43
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Se trata de complicidades al más alto nivel: El alcalde Abarca
Velázquez –ahora fugitivo– es integrante de Nueva Izquierda (NI), la
corriente que domina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a
ella pertenecen también el gobernador Angel Aguirre Rivero y el
presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo
Ortega Jiménez, negados ambos a proceder contra aquél por esos crímenes
denunciados formalmente.
Y es Nueva Izquierda, que jefatura Jesús Ortega y a la que pertenece
Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD, con la que se entiende
bastante bien Enrique Peña Nieto y que explica en buena medida su
inacción para esclarecer estos y otros crímenes, como los asociados a
la tragedia de “Ingrid” y “Manuel”, el 15 de septiembre de hace un año,
cuando Aguirre se emborrachaba.
Sólo estas complicidades explican también que sólo hasta este lunes
6, diez días después de la desaparición masiva de jóvenes normalistas
–ocurrida entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de
septiembre–, el gobierno de Peña haya ordenado acciones para dar con
ellos, y sólo cuando hay indicios de que fueron ejecutados por
criminales asociados al alcalde Abarca.
No hay modo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno
evadan su responsabilidad jurídica y política en estos crímenes, que
son de Estado unido al crimen. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha intervenido y, pese a que puedan pasar meses,
integrará un expediente sobre este crimen de lesa humanidad.
Tampoco el PRD puede escapar a su inmensa responsabilidad en la
masacre de Iguala, que estará históricamente asociada a él y a su grupo
hegemónico: Nueva Izquierda.
La fotografía de la mañana del sábado 4 de octubre es elocuente: En
la Ciudad de México, Carlos Navarrete enlaza sus manos a las de los
gobernadores del PRD, entre ellos Aguirre Rivero, justo cuando, en
Iguala, son extraídos de fosas clandestinas los cuerpos de decenas de
jóvenes, a los que también se les prendió fuego…
No hay modo de evitar otra masacre que ocurrió, también en Guerrero,
hace 19 años: El 28 de junio de 1995 llegué al vado de Aguas Blancas,
en el municipio de Coyuca de Benítez, cuando la sangre estaba fresca.
Habían sido asesinados 17 campesinos a manos de la policía y por orden
expresa del gobernador Rubén Figueroa.
En la edición 974 de Proceso,
del 3 de julio de ese año, consta la descripción puntual de cómo fueron
asesinados los campesinos por órdenes de Figueroa, quien sólo un año
más tarde, en marzo de 1996, renunciaría tras difundir Ricardo Rocha el
video que acreditó el crimen. El sustituto sería, a propuesta de
Figueroa, Aguirre Rivero, entonces presidente del PRI.
Ese tiempo en Guerrero se percibía un aire denso, enrarecido, y a un
año de la masacre, apareció –justo en el vado de Aguas Blancas– el
Ejército Popular Revolucionario (EPR), que Emilio Chuayffet, actual
secretario de Educación y entonces secretario de Gobernación, llamó
“pantomima”.
Sí, el mismo Chuayffet que renunció al cargo, en diciembre de 1997,
por la matanza de Acteal, Chiapas, de la que justamente hoy, lunes 6 de
octubre, fue exonerado Ernesto Zedillo en Estados Unidos por la
“inmunidad diplomática” que tiene como expresidente, la que beneficiará
también a Felipe Calderón por crímenes que se le atribuyen y que, en el
México de Peña, no cesan. ¡Maldita sea!
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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