A 46 años del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado
convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no
responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.
1968
ha quedado grabado en la historia de nuestro país como uno de los más
trágicos, pues se vivía en la capital un estado de sitio apenas
disfrazado que culminó con una tragedia de dimensiones incalculables:
La represión del movimiento estudiantil.
De los hechos del 2 de
octubre de ese año hubo una clara consigna de ocultar lo que realmente
había sucedido en la Plaza. De acuerdo con testimonios de habitantes de
Tlatelolco, se apagaron las luces de la explanada y sus alrededores,
además de que se cortaron las líneas telefónicas.
El Ejército
amenazó a los medios y se impidió la entrada de ambulancias al sitio.
Incluso los familiares que pedían informes en las salas de urgencia
fueron alcanzados por la gran censura que se dio en ese entonces.
El
3 de octubre la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado
tres años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre
que desde una ventana buscaba a su hijo, quien contó 65 cadáveres en un
mismo lugar. La cifra real se desconoce, porque desaparecieron los
cuerpos.
Ellos, los asesinos represores, actuaron de manera
deliberada, coordinada, segura; pero sus acciones fueron cobardes y
viles, pues escudados con la fuerza de las armas, silenciaron la razón
de miles de jóvenes que luchaban sólo por lo que se les había enseñado
desde niños: sus derechos y su país.
Valdría la pena
cuestionarnos si a lo largo de los años las cosas han cambiado. La
situación del país, determinada por los nuevos criterios de
administración de Peña Nieto, enfrenta problemas de carácter económico,
político y social, que se entrelazan con los retrocesos en la agenda de
seguridad, justicia y derechos humanos.
Los asesinatos en masa
como el sucedido en el 68 no se han repetido en esa escala, pero la
violencia en nuestro país no cesa y las masacres y desapariciones
forzadas tampoco.
Hay muertes diarias, feminicidios graves en el
Estado de México, Guanajuato y diversas entidades, hay masacres de
migrantes, las cifras de tortura son incalculables, siguen las
ejecuciones a mano del Ejército.
En este sentido, se confirmó en
días recientes que los asesinados en Tlataya fueron víctimas de
ejecución tumultuaria a manos de malos elementos del Ejército, por
parte de un batallón que ya en ocasiones anteriores había deshonrado su
responsabilidad de proteger y servir.
No, México no ha
progresado a grandes pasos desde aquel 2 de octubre. En una perspectiva
general la lucha del 1968 sigue vigente, una disputa integral contra
toda forma de represión en contra de un neoestado criminalizante donde
los jóvenes enfrentan la violencia del desempleo, del Estado y de la
delincuencia como el caso de los estudiantes de la norma rural
Ayotzinapa en Guerrero.
En un país en donde llevar un paliacate
te vuelve delincuente y en donde las practicas de gobernabilidad se
mezclan con la violencia; no debemos dar por concluida esta lucha, sino
que debemos reforzarla e impulsarla, pues la patria nos lo demanda.
A
46 años de la matanza de estudiantes el 2 de octubre 1968, este hecho
lamentable sigue siendo una herida abierta de todas y todos los
mexicanos. Los responsables vivieron en la impunidad y la justicia
brilló por su ausencia.
Parte de esta situación de violencia,
represión y afectación a los derechos humanos es resultado de cuerpos
policiacos infiltrados por la delincuencia, en especial las policías
municipales.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública fijaba un plazo de cuatro años para que todos los policías del
país (federales, estatales y municipales), fueran certificados en los
centros de evaluación y control de confianza.
Esos controles
incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de
desempeño, aptitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación
patrimonial. En caso de aprobar cada una de las pruebas, se entrega un
certificado.
La publicación del decreto de esta ley se realizó
el 2 de enero del 2009 por el presidente Felipe Calderón, misma que en
el origen del tercero transitorio establecía un plazo de cuatro años
con el fin de cumplir con la certificación de todos los cuerpos
policiacos, situación que en primer término no se cumplió por la
ineficiencia y falta de disposición del gobierno federal ya que no se
previnieron los recursos para establecer los centros de evaluación,
ante esta situación la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2012
concedió 10 meses más para cumplir la meta del 100% de cumplimiento
para este requisito sine qua non, mismo que se debió cumplir el 28 de
octubre del 2013 sin embargo no se cumplió nuevamente.
Este
plazo fatal vence el 29 de octubre del presente año y nuevamente
estamos seguros que no se cumplirá la meta establecida ya hace más de
cinco años que público esta ley.
Ahora bien si tomamos en cuenta
el presupuesto que se destinó para este año para la operación de la
denominada Gendarmería Nacional, son 4 mil 500 millones de pesos, de
acuerdo con información oficial la Gendarmería, intervendrá para
garantizar la seguridad de la población en rutas de tránsito de insumos
y mercancías de paso de migrantes, de producción agrícola, pesquera,
forestal, y otras que pudiesen encontrase vulneradas por la
delincuencia en zonas rurales o marginadas.
Cabe hacer mención
que se han ejercido 2 mil 93.7 millones de pesos, poco menos del 50%,
pese a que este nuevo cuerpo de seguridad no había entrado en funciones
hasta el pasado mes de agosto.
De los 2 mil 93.7 millones de
pesos se han destinado: 1, 111 millones de pesos para la creación de
plazas; 4.4 millones para la adquisición y el acondicionamiento de las
instalaciones de capacitación; 94.2 millones para servicios de
capacitación; 144.9 servicios integrales para sedes externas en las que
se lleva a cabo el curso de formación inicial y 739 millones para el
pago de becas de los cadetes en capacitación.
Ante esta
situación creemos irresponsable que se haya creado un nuevo cuerpo
seguridad sin haberse cumplido el año pasado las metas de certificación
y evaluación de los cuerpos policiacos en el país ya que los recursos
destinados a la creación de esta nueva parafernalia mediática de
Enrique Peña Nieto, pudieron haber sido destinados al apoyo a los
presidentes municipales que están dotados de policías poco capacitadas,
con bajas prestaciones sociales para sus elementos y peor aún que no
han sido evaluadas por los centros de control de confianza instalados
en la entidades de la república para cumplir lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otra cantidad bien
se pudo destinar a apoyar la transición y la modernización de las
policías municipales en aquellos municipios donde los Alcaldes hayan
impulsado y actuado para certificar a sus policías.
A 46 años
del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado
convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no
responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.
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