Imanol Ordorika/Adolfo Gilly
La
desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero,
es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las
desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos
cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y
cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de
privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de
la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las
Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante
décadas.
Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por
elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con
organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se
produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado
por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando
menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con
indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a
quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este
crimen.
Las
autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de Gobernación y
de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no
han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada por la ola de
crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la
nación mexicana.
En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión
gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su
servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de
Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la
clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis
de Estado.
Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de
los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables
materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su
responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de
la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras
y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.
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