Raúl Vera, obispo de Saltillo y defensor de
DD.HH. denuncia que en el caso de Ayotzinapa los criminales son brazos
de apoyo de los políticos
DesInformémonos
| Considera que ya no es posible distinguir dónde termina un cártel y empieza el aparato político en México |
“Qué
delincuencia ni qué ocho cuartos. Éste es un mensaje para los
luchadores sociales; ya lo hemos visto en muchas partes”, acusa el
obispo Raúl Vera –que ha realizado su labor pastoral en sitios
conflictivos de México, desde Coahuila hasta Chiapas, pasando por
Guerrero. La masacre de normalistas a manos de la policía de Iguala, el
26 de septiembre, tiene antecedentes en otras represiones “y uso
desmedido de la fuerza”, indica.Vera compara los ataques a los
estudiantes -que hasta hoy tienen un saldo de seis personas ejecutadas,
43 desaparecidos y 25 lesionados, dos de ellos graves- con la represión
gubernamental a San Salvador Atenco en 2006. “Se trata de tácticas de
terrorismo de Estado”, resume.
Acteal e Iguala: la crueldad
El
obispo de Saltillo, Coahuila, encuentra como un punto coincidente entre
la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, y la ejecución extrajudicial y
desaparición forzada de normalistas, la crueldad con la que se actúa.
En Chiapas, el trato hacia los tzotziles asesinados –“eligieron a
pacifistas, casi todos mujeres y niños”, aclara”- fue “kaibilesco”. El
cura insiste en que fue un mensaje del Estado para intimidar a los
insurrectos.
Otro símil entre las masacres, que provocaron la
condena internacional al gobierno mexicano, está en la impunidad que
los rodea. En Acteal, aunque se capturó a los paramilitares, estos se
encuentran libres. Y en Iguala, el secuestro en junio de 2013 de ocho
activistas y asesinato de tres de ellos, pertenecientes a la Unidad
Popular, también quedó sin castigo. De acuerdo con un sobreviviente, el
responsable directo de la ejecución fue el alcalde, José Luis Abarca,
hoy prófugo. La viuda de uno de los líderes asesinados, Sofía Mendoza,
sigue amenazada por los criminales, señala el dominico.
En
Acteal, insiste Raúl Vera, hay testimonios de que la policía estatal y
el ejército encubrieron y cuidaron las acciones paramilitares. “Este
tipo de cosas las vemos en Iguala”, compara. El obispo, como parte de
la organización Red Década contra la Impunidad, participó en dos
caravanas de observación de derechos humanos a Guerrero, una para el
caso de Iguala.
Vera abunda en el asesinato de Arturo Hernández
Cardona, líder de la Unidad Popular, que “molestaba” a Abarca porque
organizó una manifestación “fuerte” para exigir la aplicación de ayudas
gubernamentales. Señala que fue capturado, junto con los otros siete
militantes, y llevado a un baldío a las afueras de Iguala, donde el
alcalde lo amenazó y lo asesinó, acompañado “por los criminales”,
relata. La declaración del sobreviviente sucedió desde marzo de este
año, “y nadie movió un solo dedo”.
“En estas desapariciones,
participan ya otro tipo de cuerpos”, explica el obispo. E insiste en
que los criminales son los “brazos” del alcalde. Califica de “absurdas”
las versiones que indican que los normalistas habrían molestado, de
alguna manera, a los criminales: “Eso es tratar de legitimar lo que
pasó”.
“Ya no sabemos dónde acaban los cárteles, y empieza el
crimen organizado que está en la estructura política y los aparatos de
justicia. Ya estamos hartos de esta connivencia espantosa”, lamenta.
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