Asa Cristina Laurell
La
propuesta de reforma constitucional presentada por el PAN en el Senado
el primero de octubre para conformar el sistema universal de salud,
sigue puntualmente la estrategia del Pacto por México, ya aplicada en
las reformas laboral, educativa y energética. Primero se hace el cambio
constitucional sin una propuesta explícita del contenido de la(s)
ley(es) reglamentaria(s) y cuando éstas se presentan contienen
elementos con implicaciones graves para los ciudadanos.
El PAN presenta la propuesta, pero coincide puntualmente con la
concepción del PRI, y ambos han adoptado la propuesta de Funsalud-Banco
Mundial-Soberón-Frenk-Juan, o sea se remonta a 1995 cuando se reformó
la Ley del Seguro Social y tiene la misma orientación que el Seguro
Popular. En ambas reformas se intenta separar la regulación de la
administración de fondos de salud/compra de servicios y de la
prestación de servicios, a fin de generar competencia de mercado para
mejorar la calidad. Pasa por alto que no hay evidencia alguna de que la
competencia mercantil impacta la calidad ni de que genere mayor
eficiencia. Son premisas o mitos neoliberales puros.
En abstracto parece atractivo que haya un sistema universal de salud
que acabe con la segmentación del sistema público para establecer
igualdad de derechos para todos los mexicanos. Al no estar explícito el
contenido y funcionamiento del nuevo sistema se esconde el significado
real de la propuesta. Por un lado, es una propuesta que promueve la
prestación privada de servicios pagados con fondos públicos y la
ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro,
expone a las instituciones públicas, particularmente al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastoca la prestación
de servicios médicos a sus derechohabientes.
Los problemas de fondo del sistema público de salud en México es su
crónico subfinanciamiento y su carencia de infraestructura y personal
de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es el
país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB
–3 por ciento– entre los países latinoamericanos con un nivel semejante
de desarrollo. Tiene, además, el gasto público per cápita
–US$ 320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual
–84 por ciento– más bajo de este indicador de toda América Latina de
2002 a 2013. Esto explica la carencia de infraestructura y falta de
personal de salud. Ninguna institución pública ha construido y equipado
la infraestructura física requerida para atender la demanda de
servicios y todos mantienen un déficit grave de personal regular y
operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es
corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e
igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos con
independencia de sus características personales.
Es,
además, una propuesta restrictiva, porque sólo determina un Paquete de
Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente el del Seguro
Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera con la
obligación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
prestarlo. En las actuales condiciones de carencias de las
instituciones públicas tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un
lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención de
todos los padecimientos excluidos del PGES lo que en la práctica
significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los
derechohabientes del seguro social.
Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la
capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención del
PGES a los prestadores privados pagándoles con recursos del fondo
público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia
de recursos públicos a los privados; recursos que serán descontados a
las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está
dando en Chile, donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica
que promueve el aseguramiento en salud, porque orilla a los que tienen
capacidad económica a escaparse de la falta de atención, comprando
seguros privados de salud.
Tema crucial aparte es que la propuesta excluye a los que no están
asegurados, que según la Encuesta Nacional de Salud 2012 constituyen de
21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado en la propuesta.
Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo
de reforma que está impugnada con amplias evidencias y crecientemente
abandonada en el resto del mundo.
En memoria de Raúl Álvarez Garín, quien me introdujo al análisis de la realidad mexicana
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