Informe de Amnistía Internacional: Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador
Tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas
Redacción AmecoPress
Madrid,
08 oct. 14. AmecoPress.- El reciente informe de Amnistía Internacional
titulado Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y
prohibición del aborto en El Salvador, describe cómo la restrictiva ley
del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y
niñas que se someten a abortos clandestinos. La criminalización de esta
práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que
se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel.
Nueva ciberacción a favor de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas
La represiva y
desfasada prohibición total del aborto por parte del gobierno destroza
las vidas de mujeres y niñas en El Salvador, empujándolas a abortos
inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a término peligrosos
embarazos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las que ponen fin a
sus embarazos, además, se arriesgan a pasar años en la cárcel.
El reciente
informe de Amnistía Internacional titulado Al borde de la muerte:
Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador
describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la
muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos
clandestinos. La criminalización de esta práctica también ha provocado
que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se
enfrenten a largas penas de cárcel.
"La terrible
represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es
realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su
derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga
duramente si se atreven a hacerlo", ha dicho Salil Shetty, secretario
general de Amnistía Internacional, en el lanzamiento del informe hoy en
San Salvador.
“Lo terrible
es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la
mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo
estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones
de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan
pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir".
Debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas
declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en
la cárcel.
Amnistía
Internacional documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen
abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas.
Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años
de cárcel.
Así le ocurrió
a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un
aborto espontáneo. María Teresa Rivera, madre de un niño de 5 años, no
sabía que había vuelto a quedarse embarazada hasta que la sacaron en
ambulancia de la fábrica de prendas de vestir donde trabajaba y la
ingresaron en un hospital. Su suegra la había encontrado sangrando
tendida en el suelo del aseo de la fábrica. Un miembro del personal del
hospital informó a la policía sobre el caso. Ésta llegó y empezó a
interrogar a María Teresa sin la presencia de un abogado.
En julio de
2012 la juzgaron y declararon culpable de homicidio agravado, a pesar
de existir graves deficiencias en las pruebas presentadas contra ella.
Su hijo tendrá 45 años cuando ella salga de la cárcel.
María Teresa
Rivera es una de tantas mujeres encarceladas por motivos relacionados
con el embarazo, incluidos abortos inducidos y espontáneos. Algunas ya
han pasado más de 10 años en prisión. Ella, como la mayoría de las
mujeres del informe de Amnistía Internacional, proceden de los sectores
más pobres de la sociedad.
La prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido violadas
La ley obliga
a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, aunque esto pueda
tener efectos devastadores sobre ellas, tanto física como psíquicamente.
Un médico que
trató a una niña de 10 años que había sido violada contó a Amnistía
Internacional: "Fue un caso bien difícil […] porque ella no entendía lo
que le estaba pasando […] Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos
partió el alma a todos [...] dijimos: ‘¡Si es una niña! Es una niña’. Y
ella al final no entendía que estaba esperando.” A esta niña la
obligaron a continuar con su embarazo.
La represiva
legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una
discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el
país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones
judiciales, y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las
mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas
significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos
anticonceptivos es casi imposible.
“La inacción
del gobierno salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra
las mujeres limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al
negarse a resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes
para acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación
sexual, condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro
determinado por la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus
opciones y la restricción de sus libertades", ha dicho Salil Shetty.
“El mundo no
puede permanecer pasivo observando cómo las mujeres y las niñas de El
Salvador sufren y mueren. Amnistía Internacional pide al gobierno de El
Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno
debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de
aborto seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para
su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos
grave malformación del feto."
Para apoyar
esta petición, la organización ha puesto en marcha una ciberacción a
través de su centro de activismo en Internet: www.actuaconamnistia.org
que busca la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y las niñas de El Salvador. Esta acción se enmarca en la
campaña global de Amnistía Internacional: #MiCuerpoMisDerechos lanzada
en marzo pasado.
Información complementaria
El Salvador es
uno de los siete países de América Latina donde el aborto está
totalmente prohibido por ley, junto con Chile, Haití, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Algunos de estos países,
como es el caso de Chile, ya están tomando medidas para modificar sus
leyes.
El caso de
Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de El
Salvador, tuvo gran difusión el año pasado. Beatriz padecía lupus y
otros problemas graves de salud. Se quedó embarazada, pero quedó
patente que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del
cerebro y del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría
sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento. Se le negó la
posibilidad de abortar a pesar de que el caso llegó hasta la Corte
Suprema. El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa
internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a
Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió
horas después.
Solicitud de apoyo
Solicitamos
vuestro apoyo para firmar y difundir esta ciberacción, así como sumaros
a la petición de AI del pasado 23 de Septiembre, en la que reitera la
necesidad de proteger la salud y autonomía de las mujeres y niñas en
España. La retirada del anteproyecto de ley antiaborto debe garantizar
la protección de los derechos de la mujer en España. El gobierno aún
propone exigir la autorización de los progenitores para permitir el
acceso al aborto de las adolescentes de entre 16 y 18 años, lo que
supondría un retroceso contrario a las recientes recomendaciones del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Aprovechamos
esta ocasión, para haceros llegar también el Informe enviado por
Amnistía Internacional al Comité de la Convención para la Eliminación
de la Discriminación contra la mujer Comité CEDAW, indicando la
persistencia de obstáculos en la realización de los derechos de las
víctimas de violencia de género a la protección, la justicia y la
reparación. AI también ha alertado de los déficits en los mecanismos de
formación profesional al sector jurídico y de rendición de cuentas en
casos de mala praxis.
El Comité de
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, por primera vez, ha condenado a
España por no proteger a una mujer, Ángela González, víctima de
violencia de género, y a su hija, Andrea, de 7 años, que fue asesinada
por el padre durante un régimen de visitas sin vigilancia. (CEDAW
Committee, Communication No. 47/2012, Amicus Brief).
(Se adjunta documento de datos y cifras)
Foto: Graffiti en una calle de San Salvador.
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