Democracy Now!
En
Texas, es posible medir cuánto han avanzado las mujeres en función del
camino que deben recorrer. Una gran cantidad de establecimientos
médicos han debido cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un
millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros de salud que
podrían resultarles necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios que
brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana
pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó
las restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto,
lo que provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total,
el 80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el
aborto han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa.
Imaginemos
que un día nos encontráramos con la siguiente noticia: “Un tribunal de
apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las armerías de
Texas". Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían en armas.
Pero en el estado de la estrella solitaria, no todos los derechos nacen
iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su
derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad fueron
establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el
histórico fallo emitido en el caso Roe contra Wade.
En 2013, el
poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry y el Fiscal
General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg Abbott
establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al
funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En
primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con
derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una
serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que
se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin
de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos.
Los
grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas leyes de
reglamentación selectiva de los centros en que se practican abortos
como “leyes TRAP”, sigla que en inglés significa “trampa”. El instituto
de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva Guttmacher
Institute informó recientemente que "26 estados del país cuentan con
leyes o políticas que regulan a los centros médicos que proveen abortos
y que exceden lo que resulta necesario para garantizar la seguridad de
las pacientes. La totalidad de dichas normativas se aplica a las
clínicas en que se practican abortos quirúrgicos".
Jeffrey Hons,
presidente y director ejecutivo de la organización de planificación
familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: “El nuestro es el
centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a
un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra
aún más al sur y al oeste que nosotros". La clínica de Hons es una de
las solo tres que quedan en San Antonio que realizan abortos.
Hons
describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que ahora deben
viajar grandes distancias para practicarse un aborto: “Para una mujer
que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro
quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de
inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de
atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que tengan o
no los documentos en regla... todo ello representa una verdadera carga.
Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar nuestro hogar,
nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para ir en busca de
este tipo de asistencia médica tan privada e íntima, tras un proceso de
toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy grande. Y más ahora
sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos con nuestra
red de apoyo para que nos contenga".
El Centro de Derechos
Reproductivos, que fue la organización que defendió el derecho
constitucional al aborto ante el tribunal de apelaciones, destacó que
el fallo del tribunal hace que “casi un millón de mujeres de Texas se
enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo
para poder ejercer su derecho constitucional a un aborto”.
Lindsay
Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo económico y
educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó: “Todo
el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde
zonas como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para intentar
acceder a este tipo de atención de la salud”. Rodriguez agregó: “En su
gran mayoría, las personas que se van a ver más afectadas por estas
leyes son las personas con menos recursos económicos, las personas que
tal vez enfrenten problemas migratorios. Puede que sean personas que,
por diversos motivos, se encuentran con más barreras para poder acceder
a la asistencia médica en general, no sólo para acceder a un aborto,
sino para acceder a asistencia médica".
Estos viajes más largos
y más costosos tendrán como consecuencia que las mujeres demoren el
procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y oneroso. Con el cierre
de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a métodos
anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando
así la demanda de abortos.
Tras el fallo del tribunal de
apelaciones, el Centro de Derechos Reproductivos, junto a otras
organizaciones, entabló inmediatamente un recurso de amparo ante la
Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden judicial contra
la ley de Texas.
Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se
preparan para elegir nuevo gobernador. En una de las contiendas
seguidas más de cerca en todo el país, el Fiscal General Greg Abbott se
enfrenta a su contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no
podían ser más opuestas. En junio de 2013, siendo senadora estatal,
Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto durante
once horas, demorando así su aprobación, al tiempo que miles de
personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo.
Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a dos embarazos por
motivos de salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para
todas las mujeres del país, este asunto político resulta profundamente
personal. Se trata de un asunto que debería unir a personas
provenientes de todo el espectro político. Se trata de vernos libres de
la injerencia del gobierno a la hora de tomar las decisiones más
íntimas de nuestras vidas.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro
"Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos
extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique
Cono Sur.
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
No hay comentarios.:
Publicar un comentario