Por: Cecilia Balderas
(24 de julio,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Al participar en la octava sesión del
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(MEDPI), realizado en la sede europea de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, el diputado federal Carlos de
Jesús Alejandro sostuvo que el actual modelo económico neoliberal es
incompatible e incluso antagónico, con los derechos humanos de los
pueblos indígenas de nuestro país.
El guerrerense alertó que “las
violaciones a los derechos humanos de integrantes de pueblos indígenas,
derivadas de la defensa de sus territorios ancestrales en contra de
empresas extractivistas de recursos minerales, forestales, hídricos y
energéticos están creciendo alarmantemente”.
Detalló que cuando alguna empresa
extractivista, de capital nacional o transnacional, tiene algún interés
sobre los recursos que se encuentran en territorio indígena, se
desencadenan graves violaciones, no sólo en lo que respecta al derecho
a la consulta con consentimiento libre, previo e informado, sino a los
derechos humanos.
En estos casos, agregó, se llegan a
realizar actos en contra de las comunidades y sus líderes, que van
desde el despojo, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias,
desplazamiento forzado de sus habitantes e incluso, ejecuciones
extrajudiciales.
De Jesús denunció que el gobierno
mexicano, encabezado por Peña Nieto, en lugar de garantizar los
derechos mínimos y el bienestar social de la población, se ha
preocupado por cubrir a las empresas naciones y extranjeras con un halo
de impunidad, además de que les ha facilitado la sobreexplotación de la
mano de obra y sobre todo, la depredación de los recursos naturales.
“Como prueba de ello tenemos que los
principales capitales de México han sido amasados gracias a las
privatizaciones y a las industrias extractivas, siendo los pueblos
indígenas los más afectados ya que al ver amenazado nuestro territorio,
evidentemente está amenazada nuestra supervivencia como pueblos”,
agregó el legislador.
Resistencia para sobrevivir
Ante la oleada de conflictos y
agresiones directas en contra de las comunidades indígenas que se ha
hecho cada vez es más frecuente en nuestro país, Carlos de Jesús
Alejandro argumentó que la organización de los pueblos se ha convertido
en un elemento clave para la resistencia.
Ante un auditorio integrado por
legisladores de otros países e integrantes de las Naciones Unidas, el
legislador indígena mencionó algunos de los conflictos que permanecen
latentes en nuestro país: la lucha de los mayas de la península de
Yucatán en contra de desarrollos inmobiliarios y en defensa del
ecosistema; la batalla que libran los ñahñuhs por la preservación de su
bosque que, ilegalmente y por decreto unilateral, se les ha expropiado
para construir una autopista.
La férrea defensa que los miembros de
la comunidad wirikuta mantiene para proteger su lugar sagrado frente a
la voracidad de las mineras canadienses; la lucha de los zapotecas en
contra de las empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec; la de los
yaquis por el agua en Sonora; la resistencia en contra el fracking
encabezada por totonacas, popolucas, entre otros.
No es menor el esfuerzo realizado en
contra de megaproyectos como las presas hidroeléctricas en Nayarit y
Guerrero; la lucha contra el gasoducto encabezada por las comunidades
nahuas de Puebla y además, la lucha de los migrantes indígenas
jornaleros contra empresas que practican sistemas de semiesclavitud en
Sinaloa, Baja California y particularmente en el Valle de San Quintín.
El legislador narró que a consecuencia
de la organización y movilización indígena ante el despojo de empresas
con la complicidad de las autoridades, hay líderes comunitarios
detenidos injustamente e ilegalmente; otros han sido asesinados y
algunos más, han tenido que desplazarse de sus comunidades para
prevenir ser blanco de cualquier tipo de agresión.
“La constante ante la resistencia y
lucha social ha sido el incremento de presos políticos, en estos años
esta práctica ha crecido exponencialmente, tal es el caso de Mario
Luna, de Sonora; Nestora Salgado y otros comandantes de la Policía
Comunitaria de Olinalá, Guerrero; del periodista maya Pedro Canché y
más recientemente, el caso de Róger Narcía, en el estado de Chiapas”.
Carlos de Jesús Alejandro denunció que
el uso de las fuerzas de seguridad y de grupos delictivos al servicio
de empresas extractivas se ha convertido en una práctica cada día más
recurrente.
“Este tipo de grupos realizan acciones
de hostigamiento y persecución en contra de los movimientos sociales
organizados y que están luchando por sus derechos; el ejemplo más
reciente acaba de suceder apenas este 19 de julio, cuando elementos del
Ejército mexicano atacaron a indígenas nahuas en Ostula, municipio de
Aquila, Michoacán, arrojando como saldo fatal la ejecución del niño
Edilberto Reyes García y varios heridos, además de la detención
arbitraria de Cemeí Verdía, integrante de la Policía Comunitaria que
brinda seguridad e imparten justicia con base a los usos normativos que
son anteriores al Estado mexicano y al derecho positivo”, explicó el
legislador.
Fortalecimiento de las vías internacionales
Ante el escenario de crecientes
violaciones a los derechos humanos de la población mexicana, el
diputado federal hizo un llamado a fortalecer espacios como el
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
otras instancias de Naciones Unidas y señaló que “el acceso a la
justicia en nuestros países es casi imposible; por ello, tenemos que
salir a difundir lo que está pasando y exigir justicia en instancias
internacionales, en las cuales ha habido avances en el reconocimiento
de nuestros derechos”.
Carlos de Jesús reconoció los esfuerzos
internacionales por investigar, documentar y tratar de disminuir el
oprobio que las transnacionales imponen a los pueblos indígenas; sin
embargo “esto está muy lejos de revertir la vulnerabilidad a la que
están expuestos los indígenas, principalmente, frente a los grandes
capitales”, sentenció.
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