Ayotzinapa: el descrédito de la verdad histórica

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó de incompleta la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En el informe Estado de la investigación del caso Iguala, la CNDH indica que se cometieron fallas y omisiones en las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos del pasado 26 de septiembre, por lo que llamó a realizar una investigación exhaustiva e integral de los hechos, a recabar declaraciones y ampliaciones de declaraciones de algunos elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula, y a fortalecer la investigación científica de los restos hallados en la zona y continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Dicho informe, en el que se incluyen 32 observaciones y propuestas al trabajo de la PGR, se presentó cuando faltan dos días para que se cumpla otro mes de la desaparición de los normalistas guerrerenses. Este análisis del trabajo efectuado por las instancias de procuración de justicia fortalece la postura que los padres de familia de las víctimas y su entorno social de apoyo han venido sosteniendo en foros nacionales e internacionales: que la verdad histórica presentada por el gobierno federal –según la cual los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa capturados y desaparecidos en Iguala fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula– es inverosímil y carente de sustento científico. En este sentido, la falta de pruebas definitivas sobre la supuesta incineración de los cuerpos hace legítimo el reclamo de profundizar las investigaciones y continuar con la búsqueda de los normalistas hasta agotar todas las posibilidades, tal como han reiterado los padres de las víctimas y corrobora el informe presentado por González Pérez.

Las conclusiones de la CNDH están en consonancia con los cuestionamientos emitidos previamente por peritos científicos y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, con una diferencia significativa: en esta ocasión esos señalamientos provienen de un órgano constitucional del Estado mexicano encargado de velar por las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, lo que coloca a la versión sostenida oficialmente en una nueva cima de descrédito.

Habida cuenta de las debilidades e inconsistencias de la versión oficial, el empecinamiento de las autoridades por reafirmarla ante la opinión pública es, en el mejor de los casos, muestra de una grave cerrazón y falta de sensibilidad del gobierno federal y, en el peor, reflejo de una urgencia del gobierno federal por dar por cerrado el trágico e indignante episodio.

En meses recientes, el gobierno federal ha rechazado de manera enérgica los señalamientos críticos sobre la situación de derechos humanos en el país, como los emitidos por fuentes tan relevantes como el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura. Sería lamentable que repitiera dicha actitud ante las recomendaciones de la CNDH; es fundamental que éstas sean puntualmente atendidas y que las instancias responsables efectúen una investigación a conciencia que lleve, más allá de toda duda, al cabal esclarecimiento de los hechos. Esta indagatoria, para ser creíble y satisfactoria, deberá incluir la posible responsabilidad, por acción o por omisión, en que pudieron incurrir servidores públicos de cualquier rango y nivel de gobierno antes, durante y después de los hechos del 26 de septiembre.