Gerardo Esquivel
La primera fase de la Ronda Uno supone el fin del monopolio público sobre los recursos petroleros y el inicio de una nueva era
El miércoles pasado fue un día histórico por donde se le vea: ese día tuvo lugar la primera fase de la llamada Ronda Uno, mediante la cual se iniciaron las licitaciones para otorgar contratos de producción petrolera a empresas privadas a través del esquema de utilidad compartida. Para algunos, se trata sin duda de un acontecimiento largamente esperado: el fin del monopolio público sobre los recursos petroleros y el inicio de una nueva era que se anticipa pletórica de inversiones, eficiencia y prosperidad. Para otros, se trata simplemente del principio del fin: es el inicio de la entrega de nuestra soberanía energética y de la pérdida del control de nuestros yacimientos petroleros; el inicio del saqueo y remate de nuestras riquezas petroleras, pues.
De los 14 bloques geológicos que se licitaron, sólo se asignaron 2, apenas el 14% de lo ofrecido. Los otros 12 bloques se declararon desiertos ya sea por la ausencia de ofertas concretas o porque las que se hicieron no alcanzaron a superar el porcentaje mínimo de participación de las utilidades establecido por el gobierno. Los resultados de esta primera licitación desilusionaron a los entusiastas de la participación del sector privado (lo que incluye por supuesto a esta administración) y le causaron sentimientos encontrados a los opositores. Para los primeros, se trató de un rotundo fracaso. El gobierno anticipaba una tasa de colocación superior a 30% (5 bloques o más) y, en un arranque de euforia, llegaron incluso a anunciar que podrían colocar hasta un 70% (es decir, 10 de los 14 bloques), tal como lo lograra Colombia en su primera licitación allá por 2007. Para los opositores, el resultado es agridulce. Por un lado, lamentan el inicio de este proceso de entrega de los recursos petroleros pero, por el otro, se congratulan que no se haya logrado entregar al sector privado una mayor parte del territorio nacional y apuntan hacia un eventual fracaso de la reforma energética en su conjunto.
La asignación de sólo 2 bloques en esta primera fase ya ha dado lugar a diversas interpretaciones de lo ocurrido. El gobierno, por lo pronto, se mostró desconcertado y ya anunció una revisión de los términos de las licitaciones posteriores. La lectura más generalizada hasta ahora parece ser que el gobierno pidió un porcentaje de participación en las utilidades demasiado alto (40% en 9 de los bloques y 25% en los 5 restantes). Esta interpretación, sin embargo, representa una lectura completamente equivocada. El porcentaje solicitado no pudo haber inhibido a los participantes, ya que estos porcentajes se dieron a conocer después (y no antes) de que los licitantes entregaran sus propuestas económicas concretas. El porcentaje solicitado tampoco puede ser considerado alto si tomamos en cuenta que en 8 de los 14 bloques no hubo una sola propuesta, por lo que éstos no se hubieran asignado incluso si el porcentaje solicitado hubiera sido muy bajo. En otros 4 casos sólo hubo una oferta concreta y en 2 de ellos la oferta fue de un raquítico (y creo que inadmisible) 20% de participación de utilidades para el Estado. Es decir, aun si el valor mínimo solicitado hubiera sido de un 25% en todos los casos, 10 bloques no hubieran podido asignarse. No es pues por ahí por donde va el problema. El problema está en las condiciones estructurales del mercado petrolero (un precio muy por debajo del que se tenía hace un año) y en la cautela normal de los potenciales licitantes a participar en un contexto en el que el gobierno ha perdido credibilidad en los meses recientes. Tratar de compensar estos factores mediante la reducción de los porcentajes de utilidades que está dispuesto a recibir el Estado puede traducirse en efecto en una mayor tasa de éxito en las asignaciones futuras, pero también puede terminar dando la razón a todos aquellos que acusan a esta reforma de entreguista de los recursos del país. Una lectura errónea que se traduzca en el malbaratamiento y remate de las riquezas petroleras del país, quizá pueda ser la gota que derrame el vaso de la paciencia de una ciudadanía que hasta ahora ha visto impasible la debacle de esta administración.
Economista.
@esquivelgerardo
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