Rabab Lamin fue la encargada de fijar el lugar y la fecha de este
último encuentro del Foro para el Futuro de la Mujer Saharaui. Puede
tratarse de una organización clandestina pero, aparentemente, está
perfectamente vertebrada.
“Empezamos a organizarnos en 2009 y hoy contamos con 60 miembros
activos, un comité ejecutivo de 16 y centenares de colaboradores”,
explica Lamin, madre de un preso político. El objetivo, añade, es “la
reivindicación los derechos fundamentales del pueblo saharaui a través
de la lucha pacífica”.
“Nos golpean y
detienen, entran en nuestras casas y se llevan a hombres, mujeres, e
incluso niños menores de 15 años… Aquí no conocerás a ningún saharaui
que no haya sido maltratado por la policía, ni familia que no haya
perdido a uno de los suyos”: Aza Amidan.
“Nací con los españoles”, recuerda a IPS esta mujer de 54 años, que
asegura “no haber conocido más que brutalidad” a manos del gobierno
marroquí.
Precisamente, este año se cumplen cuatro décadas desde que España
abandonara Sahara Occidental, su última colonia, en manos de Marruecos
y Mauritania.
Si bien Rabat insiste en que este territorio del tamaño de Gran
Bretaña no es sino su provincia más meridional, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) sigue considerándolo como un “territorio en
proceso de descolonización inconclusa”.
Desde el alto al fuego firmado en 1991 entre Marruecos y el Frente
Polisario – la autoridad que la ONU reconoce como representante
legítimo del pueblo saharaui-, Rabat controla la casi totalidad del
territorio, incluida la orilla que baña el océano Atlántico.
Únicamente una exigua franja desértica, al otro lado del muro construido por Marruecos, permanece bajo control saharaui. Allí proclamó su independencia en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, que actualmente reconocen 82 países.
La catástrofe
más conocida de este conflicto aún sin resolver fue el exilio de la
casi la totalidad del pueblo saharaui al desierto de Argelia. Los que
se quedaron siguen sufriendo las consecuencias de su decisión.
“Nos golpean y detienen, entran en nuestras casas y se llevan a
hombres, mujeres, e incluso niños menores de 15 años… Aquí no conocerás
a ningún saharaui que no haya sido maltratado por la policía, ni
familia que no haya perdido a uno de los suyos”, asegura Aza Amidan,
hermana de un preso político.
La activista de 34 años añade a IPS que la propia fundadora y actual
lideresa de la organización, Zukeine Ijdelu, pasó 12 años en la cárcel.
En un informe publicado en mayo, Amnistía Internacional
califica la práctica de la tortura en Marruecos de “endémica” y sitúa a
los disidentes políticos saharauis en el principal grupo de riesgo.
Asimismo, acusa al gobierno marroquí de “proteger a los torturadores, y
no a los torturados”.
Precisamente, una de las labores principales del Foro de la Mujer
Saharaui es la asistencia moral y económica a aquellas que han sufrido
la cárcel, tanto en persona como la de sus seres más cercanos.
“Hacemos colectas entre la comunidad para ayudar a las afectadas
porque la mujer es siempre la que más sufre, tanto si la detienen a
ella como a sus familiares; ellas son las que han de sostener a la
familia, con o sin sus maridos”, señala Amidan.
A pesar de numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos,
las autoridades marroquíes se negaron a responder a las preguntas de
IPS sobre éstas y otras vulneraciones de los derechos humanos
presuntamente cometidas en Sahara Occidental.
A sus 62 años, Fátima Hamimid es una de las activistas más veteranas
del Foro. La tortura, dice, es algo que se puede llegar a superar. Pero
hay otros agravios que resultan “irreparables”.
“El taller de hoy buscaba concienciar a las nuevas generaciones
sobre la asimilación cultural de nuestro pueblo a manos de Rabat.
Marruecos busca negar nuestra existencia borrando nuestra propia
historia incluyéndola en la suya propia”, denuncia a IPS.
Puede que la ausencia en la educación y la administración del
hassanía -la variante del árabe que hablan los saharauis- sea uno de
los ejemplos más elocuentes de esas políticas.
No obstante, la activista habla también de otros más recientes, como
la prohibición de levantar la tienda tradicional saharaui, el acoso a
las mujeres por su vestimenta, fácilmente distinguible por su colorido,
o el veto a poner a los recién nacidos nombres que se asocian a los de
disidentes históricos saharauis.“Esta es otra de las razones que nos impulsa a organizar y tomar
parte en manifestaciones”, subraya Hamimid. Las protestas pacíficas,
explica, son otro eje de actuación importante de este colectivo
Pero no está exento de riesgos. En su Informe Mundial de 2015,
Human Rights Watch denuncia que en Sahara Occidental las autoridades
prohibieron “todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la
norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio”.
Asimismo, esta organización humanitaria,
con su sede central en Nueva York, destaca la “gran cantidad de
policías que bloquearon el acceso a los lugares de las manifestaciones”
así como la dureza empleada para dispersarlas.
Circunstancias como esta son las que llevaron a Takbar Haddi a
realizar una huelga de hambre durante 36 días frente al Consulado de
Marruecos en Gran Canaria, la mayor de las españolas Islas Canarias,
situadas frente a las costas del Sahara. La protesta culminó en junio
con la hospitalización de la activista.
Haddi sigue exigiendo que le entreguen el cadáver de su hijo,
Mohamed Lamin Haidala, apuñalado en febrero en El Aaiún, y que se
investiguen tanto las circunstancias del crimen como la presunta
negligencia de los médicos que le atendieron.
Familiares cercanos aseguraron a IPS que habían rechazado una oferta económica de Rabat a cambio de su silencio.
“Hay quien piensa que ser libre es, simplemente, no estar en la
cárcel, o no ser torturado”, explica Hamimid, apurando la última de las
tres tazas de té que marca la tradición saharaui. “Nosotras, las
mujeres saharauis, entendemos el concepto en su totalidad”, sentencia.
Editado por Estrella Gutiérrez
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