La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresó ayer
preocupaciónporque el gobierno de México no ha actuado para castigar a extranjeros que pagan sobornos para obtener beneficios en el país, aun cuando hace 19 años ratificó una convención anticohecho impulsada por el organismo.
En un reporte la OCDE apremió a México a dar prioridad a la lucha
contra el cohecho internacional, ya que 19 años después de haber
ratificado la convención en la materia
aún no ha procesado un caso relacionado con el soborno de funcionarios extranjeros. Esto es motivo de preocupación, en especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias extractivas (petróleo y minería), manufacturas y productos agrícolas.
El reporte no hace alusión a un caso en particular, pero fue
publicado en momentos en que México es el único país latinoamericano
donde ningún funcionario ha sido castigado por recibir sobornos que la
empresa brasileña Odebrecht reconoció haber pagado a políticos para
obtener beneficios.
México es la decimoprimera economía del mundo y en las pasadas tres
décadas ha logrado hacer grandes cambios estructurales para dejar de ser
un país dependiente del petróleo y convertirse en exportador en el
contexto del tratado comercial de América del Norte, apuntó.
A pesar de esos éxitos el potencial económico de México se ha visto obstaculizado por desafíos significativos, como el imperio de la ley y los niveles persistentes de corrupción y delincuencia. Por ejemplo, el país está clasificado por Transparencia Internacional por tener la percepción de corrupción más alta de todos los miembros de la OCDE. Además, aunque ahora se clasifica como nación de ingresos medios-altos, su crecimiento económico no ha sido lo suficientemente inclusivo para lograr mejores condiciones de vida para muchos de los 128 millones de ciudadanos, añadió.
El informe destaca varias reformas como resultado de la enmienda
constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, las
cuales podrían mejorar la aplicación de dicha convención una vez que
estén operando plenamente. Recomienda aplicar con urgencia esas
modificaciones, en particular el nombramiento del fiscal anticorrupción,
la designación de magistrados para el tribunal federal de justicia
administrativa y la selección del fiscal general de conformidad con el
nuevo mecanismo constitucional, así como la puesta en marcha del nuevo
Protocolo Anticohecho.
También aconseja asegurar de inmediato los recursos necesarios para
investigar y enjuiciar casos de cohecho internacional, en particular
cuatro procedimientos que siguen abiertos, así como para facilitar a la
fiscalía especial en materia de delitos relacionados con la corrupción y
la persecución de este delito una vez que esté operando.
Planteó reforzar de manera significativa las medidas de detección de
cohecho internacional, lo que incluye identificar el pago de sobornos
encubiertos como gastos deducibles para efectos fiscales; identificar
los fondos procedentes del pago de sobornos mediante el sistema mexicano
de lucha contra el blanqueo de capitales; mejorar el intercambio de
información entre los organismos a cargo de la detección de casos de
cohecho internacional y las autoridades competentes, y aclarar las
obligaciones en materia de notificación y denuncia que incumben a los
contralores y auditores que descubren casos de cohecho global.
De La Redacción
Periódico La Jornada
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