Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF., 7 de marzo (apro).- Las Fuerzas Armadas son cada vez más motivo de confrontación en la sociedad mexicana.
Esa es una de las consecuencias de la decisión de Felipe Calderón de convertirlas en pivote de su “estrategia” contra el narcotráfico.
Lejos de controlar el problema, desataron la discordia. En los tres años del gobierno de Calderón, sectores cada vez más amplios han ido construyendo la certeza de que los militares, en particular el Ejército, se han convertido en los principales violadores de derechos humanos.
Para los sectores oficiales y oficiosos, por el contrario, además de imprescindibles, sólo cumplen institucionalmente las funciones policiales que les asignó Calderón. Y si hay abusos a la dignidad humana sólo se explican como “daños colaterales”.
La semana pasada dejó ver con claridad el desacuerdo. El jueves 4, la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados organizó un encuentro que mostró el deteriorado estado en que se encuentran las relaciones cívico militares en México.
La demostración de esa situación no fue tanto por lo que dijeron los ponentes, sino por el desorden y enojo que provocó el inicio del simposio “Fuerzas Armadas, justicia y respeto a los derechos humanos: hacia una reforma legislativa del fuero militar”.
El moderador, que no lo fue, el diputado petista Enrique Ibarra, fue incapaz de encausar las inconformidades que entre los asistentes provocaron los participantes.
No hubo diálogo posible y naufragó, en ese foro, lo que debe ser una de las discusiones centrales del país: cómo controlar a los militares en democracia, sobre todo en el caso de México, donde el Ejército fue el constructor y por más de tres décadas –desde la posrevolución hasta 1946–, conductor del régimen autoritario del PRI.
Con las propuestas que envió al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional, Calderón lo único que pretende es proteger a los militares por las consecuencias de su participación en las tareas en que los embarcó.
Ni por accidente, apunta hacia la adecuación del Ejército al siglo XXI, en el que temas como el fuero militar aplicado para civiles prácticamente desapareció del mundo.
El mismo día 4, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez abonó en la documentación sobre los efectos de la actuación de los militares en lo que va del sexenio.
Presentó su informe “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”, cuyo capítulo dedicado a la actuación del Ejército presentó de forma sistematizada los abusos cometidos por militares en los dos primeros años y medio del sexenio.
Aunque limitada por tratarse de un seguimiento de lo que publica la prensa, y precisamente por eso, la información es contundente: los abusos militares se incrementaron en 472%.
En la mayoría de los casos se trata de cateos y allanamientos ilegales, pero desde luego está la agresión física y, más grave, la tortura y muerte. Esas acciones han dejado, por lo menos, 561 personas lesionadas y ocho muertas.
Las cifras, desde luego, pueden ser mayores, pues recogen sólo lo que algunos medios de información han podido publicar. El problema no acaba ahí, como lo anota el informe, sino que se prolonga por la impunidad garantizada que significa la aplicación de la jurisdicción militar en estos casos, en especial los de privación ilegal de la libertad y de la vida.
Entre quienes rechazan ese tipo de revisiones al Ejército, destaca, paradójicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así lo demostró su presidente, Raúl Plascencia, el viernes 5, cuando dio su primer informe.
En su discurso, pronunciado ante Calderón, apenas y mencionó que el Ejército figura entre las primeras instituciones en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos en todo el país.
Nada nuevo, así ha ocurrido en todo el gobierno calderonista. Plascencia resultó peor que su antecesor, José Luis Soberanes, que ya es decir mucho. El nuevo burócrata de la CNDH contribuye así a la discordia.
Lo dicho: los daños de la “estrategia” contra el narcotráfico no son para Calderón, que se irá en menos de tres años, sino para el Ejército, que ha refrendado su imagen como protector sistemático de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus integrantes. Y eso, seguirá provocando más división en la sociedad.
jcarrasco@proceso.com.mx
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