NACIONAL
Activistas critican carpetazo de autoridades de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- Organizaciones defensoras de la libertad de expresión manifestaron su desconfianza ante la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que el pasado 30 de octubre dio por resuelto el asesinato de Regina Martínez Pérez, reportera y corresponsal de la revista Proceso.
Por separado, Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijeron ser escépticos ante el supuesto esclarecimiento del crimen cometido hace seis meses.
El pasado 30 de octubre, el procurador estatal Amadeo Flores Espinosa dio a conocer los nombres de los presuntos responsables del homicidio: José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”, supuesto autor material y quien está prófugo, y Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, quien confesó ser cómplice del asesinato perpetrado el pasado 28 de abril.
Cencos, la Red Internacional y CIMAC señalaron que es necesaria una investigación clara y fidedigna que tome en cuenta el contexto de violencia contra el gremio en el país, y que deseche fundamentos “sexistas” para determinar móviles como el “crimen pasional” o el robo.
Las organizaciones insistieron además en que el homicidio de Regina Martínez Pérez deja ver la falta de acceso a la justicia, y la negativa de las autoridades a investigar y respetar el trabajo de las periodistas que enfrentan algún tipo de violencia por su labor informativa.
En su edición 1879, la revista Proceso consideró que sin analizar el trabajo periodístico de la reportera, el gobierno de Javier Duarte ratificó su versión de un crimen por robo con tintes pasionales, delitos que atribuyó a un par de “malvivientes”, como definió a los sujetos detenidos.
El semanario, que fue coadyuvante en el caso, refirió que en las investigaciones sólo se tomaron evidencias psicológicas de la reportera, sus estados de ánimo, la confianza que había entre ella y su victimario, a quien se supone invitó a pasar a su casa junto con su amigo.
Ante este escenario, Artículo 19 recordó que la detención de los presuntos responsables ocurre justo al cumplirse seis meses del crimen, tras un largo silencio oficial sobre el resultado de las investigaciones, y sin la participación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Para esta organización, la desconfianza en los resultados de la investigación ha sido alimentada por la filtración interesada a los medios de versiones sobre un “crimen pasional o de motivaciones personales”, en las que además se aseguraba que el asesino era parte del gremio periodístico de Veracruz.
Artículo 19 señaló que es inadmisible la pretensión de dar por esclarecido el crimen sin un proceso de desahogo de pruebas y una sentencia condenatoria que garantice justicia y efectiva reparación del daño, además condenó que se ensucie a la víctima al sugerir que convivía y permitió que sus asesinos entraran a su casa.
Por estas razones las organizaciones civiles manifestaron su inconformidad con las autoridades de Veracruz, y exigieron que se muestren pruebas que conduzcan a una resolución coherente, el castigo a quien resulte responsable, y se garantice el acceso a la justicia de la reportera asesinada.
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