El
punto central del problema es que México dejó de tener Presidente desde
hace tres décadas, cuando Miguel de la Madrid asumió la primera
magistratura en calidad de “general manager”,
El
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Juan Silva Meza, demandó mayor protección a los magistrados y
jueces, “más allá de su ángel de la guarda”, debido a la violencia
según él generada por el crimen organizado, con medidas como vehículos
blindados, escoltas de la Policía Federal, y en casos excepcionales
incluso de tropas del Ejército. Es pertinente su exigencia, por la
índole de las responsabilidades que tienen de impartir justicia, en
muchos de los casos enfrentados a grandes intereses, no necesariamente
de capos del narcotráfico, sino de magnates acostumbrados a pasar su
vida cruzando la línea divisoria de la legalidad y lo ilegal.
Con todo, se equivoca el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), si considera que la seguridad de los miembros del sistema judicial del país es sólo un asunto de logística y de recursos. Así como se encuentra el país, tal como se vislumbran los años venideros, no sería suficiente todo el Ejército y la Marina juntos para proteger a jueces y magistrados, no por culpa del crimen organizado, sino por la dramática descomposición del tejido social que se habrá de acelerar en los años venideros, porque con Enrique Peña Nieto en Los Pinos la realidad nacional será más difícil para las clases mayoritarias.
Las contradicciones que caracterizan a México en la actualidad se habrán de magnificar. No hay visos de que las cosas vayan a cambiar en favor de la sociedad, sino todo lo contrario, pues Peña Nieto ha demostrado que asumirá la presidencia con el único propósito de asegurar que siga su marcha la estrategia orientada a favorecer la entrega del país a los grandes intereses trasnacionales. Esto es sumamente claro, de ahí que sea un hecho natural la transferencia del poder “de manera aterciopelada”.
Más que preocuparse por la seguridad de jueces y magistrados, Silva Meza debería mostrar verdadero interés por las causas de fondo de una realidad que genera violencia e inseguridad. Se equivoca al echar toda la culpa al crimen organizado, cuando este fenómeno es sólo una de las manifestaciones más visibles de los efectos negativos del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos los mexicanos, muy pocos para sacar provecho de esta situación y la inmensa mayoría del pueblo para pagar sus consecuencias.
Vale preguntarse: ¿quién protege al pueblo de los crímenes de lesa humanidad que se cometen al amparo de un sistema económico deshumanizado y mucho más peligroso que el crimen organizado? No los miembros de la judicatura ni muchos menos los miembros más conspicuos del Ejecutivo en sus diferentes niveles. Tampoco las fuerzas armadas ni mucho menos la Policía Federal. Tan es así que en los últimos seis años murieron trágicamente más mexicanos que durante los pasados cincuenta años. ¿Obra del crimen organizado? Por supuesto que no, pues tal fenómeno es también una consecuencia de la terrible descomposición del tejido social, ante la incapacidad de la clase política para gobernar imparcialmente, como debiera ser para evitar que una clase privilegiada abuse de la sociedad.
Han sido extraordinarios tales abusos, pero baste como ejemplo el desbarajuste de las finanzas del IMSS, en detrimento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, a grado tal que se le dan tres años de vida. “Desde hace tres años no ha ahorrado, sino gastado de sus reservas para enfrentar los diversos servicios”, señaló Carlos Gálvez, presidente de la Comisión de Vigilancia. Otro grave problema, es que más de la mitad de los 16 millones de trabajadores que cotizan al IMSS tienen un sueldo igual o menor a tres salarios mínimos, por lo que son considerados deficitarios desde su incorporación al instituto.
Sin embargo, en vez de que el grupo en el poder vea las cosas con un mínimo de sensatez y racionalidad, sigue empeñado en agudizar aún más los problemas de fondo del país, como lo demuestra el firme interés en que sea aprobada la reforma laboral tal como la envío Calderón a la Cámara de Diputados. Así les fue ordenado a los diputados del PRI por Peña Nieto, como lo informó el propio presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, con lo que dejó mal parados a los coordinadores de las bancadas del tricolor en el Senado y en la Cámara Baja, que habían sostenido que no pasaría como preferente.
El punto central del problema es que México dejó de tener Presidente desde hace tres décadas, cuando Miguel de la Madrid asumió la primera magistratura en calidad de “general manager”, sin posibilidad real de ejercer sus funciones ejecutivas como jefe de Estado, sino simplemente como un empleado de lujo de los grandes centros de poder trasnacional. Así pues: ¿no es el pueblo el que requiere con urgencia ser protegido por el Estado?
Con todo, se equivoca el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), si considera que la seguridad de los miembros del sistema judicial del país es sólo un asunto de logística y de recursos. Así como se encuentra el país, tal como se vislumbran los años venideros, no sería suficiente todo el Ejército y la Marina juntos para proteger a jueces y magistrados, no por culpa del crimen organizado, sino por la dramática descomposición del tejido social que se habrá de acelerar en los años venideros, porque con Enrique Peña Nieto en Los Pinos la realidad nacional será más difícil para las clases mayoritarias.
Las contradicciones que caracterizan a México en la actualidad se habrán de magnificar. No hay visos de que las cosas vayan a cambiar en favor de la sociedad, sino todo lo contrario, pues Peña Nieto ha demostrado que asumirá la presidencia con el único propósito de asegurar que siga su marcha la estrategia orientada a favorecer la entrega del país a los grandes intereses trasnacionales. Esto es sumamente claro, de ahí que sea un hecho natural la transferencia del poder “de manera aterciopelada”.
Más que preocuparse por la seguridad de jueces y magistrados, Silva Meza debería mostrar verdadero interés por las causas de fondo de una realidad que genera violencia e inseguridad. Se equivoca al echar toda la culpa al crimen organizado, cuando este fenómeno es sólo una de las manifestaciones más visibles de los efectos negativos del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos los mexicanos, muy pocos para sacar provecho de esta situación y la inmensa mayoría del pueblo para pagar sus consecuencias.
Vale preguntarse: ¿quién protege al pueblo de los crímenes de lesa humanidad que se cometen al amparo de un sistema económico deshumanizado y mucho más peligroso que el crimen organizado? No los miembros de la judicatura ni muchos menos los miembros más conspicuos del Ejecutivo en sus diferentes niveles. Tampoco las fuerzas armadas ni mucho menos la Policía Federal. Tan es así que en los últimos seis años murieron trágicamente más mexicanos que durante los pasados cincuenta años. ¿Obra del crimen organizado? Por supuesto que no, pues tal fenómeno es también una consecuencia de la terrible descomposición del tejido social, ante la incapacidad de la clase política para gobernar imparcialmente, como debiera ser para evitar que una clase privilegiada abuse de la sociedad.
Han sido extraordinarios tales abusos, pero baste como ejemplo el desbarajuste de las finanzas del IMSS, en detrimento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, a grado tal que se le dan tres años de vida. “Desde hace tres años no ha ahorrado, sino gastado de sus reservas para enfrentar los diversos servicios”, señaló Carlos Gálvez, presidente de la Comisión de Vigilancia. Otro grave problema, es que más de la mitad de los 16 millones de trabajadores que cotizan al IMSS tienen un sueldo igual o menor a tres salarios mínimos, por lo que son considerados deficitarios desde su incorporación al instituto.
Sin embargo, en vez de que el grupo en el poder vea las cosas con un mínimo de sensatez y racionalidad, sigue empeñado en agudizar aún más los problemas de fondo del país, como lo demuestra el firme interés en que sea aprobada la reforma laboral tal como la envío Calderón a la Cámara de Diputados. Así les fue ordenado a los diputados del PRI por Peña Nieto, como lo informó el propio presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, con lo que dejó mal parados a los coordinadores de las bancadas del tricolor en el Senado y en la Cámara Baja, que habían sostenido que no pasaría como preferente.
El punto central del problema es que México dejó de tener Presidente desde hace tres décadas, cuando Miguel de la Madrid asumió la primera magistratura en calidad de “general manager”, sin posibilidad real de ejercer sus funciones ejecutivas como jefe de Estado, sino simplemente como un empleado de lujo de los grandes centros de poder trasnacional. Así pues: ¿no es el pueblo el que requiere con urgencia ser protegido por el Estado?
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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